Violencia, abandono y desidia: un niño de 13 años murió en un hogar especializado de Tres de Febrero

Bautista estaba diagnosticado con síndrome de Down, retraso mental grave, deterioro del comportamiento y anormalidades en la marcha, entre otros aspectos de su salud que exigían acompañamiento terapéutico y asistencia especializada, por lo que su madre buscó ayuda en el Servicio Local de Niñez del municipio de 25 de Mayo. Sin embargo, las intervenciones desencadenaron una serie de hechos que generaron las circunstancias en que se produjo la muerte de su hijo durante una segunda internación, contra su voluntad, en el Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. La madre del joven había denunciado los malos tratos y abandono en la primera internación, pero su denuncia y el pedido de no alojarlo en el mismo lugar no fueron escuchadas. La CPM se reunió con la madre y, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, se presentará como particular damnificado institucional en la causa penal que investiga la causa de muerte del niño.

ANDAR en la niñez

(Agencia) En la búsqueda por obtener el mejor acompañamiento profesional y mayores herramientas para el desarrollo de su hijo, Analía Soledad Gómez buscó durante los últimos años la ayuda de los organismos públicos dedicados a la niñez –el Servicio Local de 25 de Mayo y el Zonal con asiento en Mercedes- así como en la Dirección de Inclusión y Género de la Municipalidad.

Lejos de lo que ella y su hijo necesitaban, Analía comenzó a padecer un calvario que terminaría con la muerte de su hijo en el Hospital Posadas adonde había sido trasladado desde el Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, de Tres de Febrero, con un cuadro de insuficiencia cardíaca y respiratoria.

Analía se contactó, en enero de 2024, con el Servicio Local y desde allí se realizaron distintas intervenciones, tales como gestión de turnos en hospitales, un subsidio para que ella pudiera pagar el servicio de electricidad y evaluación de medidas terapéuticas. Una de ellas consistía en una medida judicial de abrigo para que el niño fuera alojado en un hogar especializado por “ausencia de adulto responsable”.

Esa consideración fue establecida, a pesar de que en los informes del propio servicio local se consignaba que la trayectoria de vida de Analía estaba sumamente ligada al cuidado y bienestar de su hijo.

En agosto del año pasado, y ante las dificultades crecientes que afrontaba la madre tanto para el cuidado de su hijo como para resolver sus problemas económicos, los integrantes del Servicio Local de 25 de Mayo decidieron buscar una vacante en un hogar especializado para la internación del niño. Cuando se halló un cupo, Analía accedió y finalmente se produjo la internación el 22 de noviembre en el Hogar San Francisco de la Virgen de La Merced, distante a más de 300 kilómetros de su ciudad.

Una semana después Analía pudo ingresar a visitar al niño y quedó conmocionada: “Mi hijo estaba sucio, con olor corporal y pelo sucio, tenía lastimaduras y estaba re contra mil dopado. Él no me reconocía”, relató a la CPM acerca de aquel ingreso al hogar de Tres de Febrero, del cual retiró inmediatamente a su hijo llevándose sus pertenencias y la medicación correspondiente para la continuidad del tratamiento.

Aquel mismo 30 de noviembre, de regreso en 25 de Mayo, nadie del Servicio Local atendió al niño para constatar el estado de salud integral en que se encontraba, extremos que relevantes para determinar cómo había sido tratado durante la internación.

Por el contrario, días después, la directora general de atención integral a la familia del Municipio Magdalena Pecollo Hartman  –junto a la directora de Inclusión y Promoción Social, Verónica Badaraco, y la directora de Género y Diversidad, Javiera Martínez– se reunió con Analía  y la amenazó con que, si no aceptaba una nueva internación del niño en la misma institución de Tres de Febrero, tramitarían una medida judicial de abrigo y no lo podría volver a ver durante los siguientes seis meses. Hasta esa reunión Pecollo no se había presentado nunca y Analía no la conocía; creía que se trataba de la jueza por eso accedió a firmar, contra su voluntad, esa segunda internación.

Cabe destacar que en ningún momento el personal del municipio, ni de los servicios local y zonal de niñez dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, incorporó a sus informes la denuncia formulada por Analía respecto al grave estado en el que había encontrado a su hijo en el Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced. Tampoco quedó asentado en el expediente del Juzgado de Familia 2 de Mercedes, que intervino desde antes de la primera internación.

El martes 17 de diciembre finalmente se produce el segundo ingreso del niño al mismo hogar del que su madre lo había sacado la primera vez. En el remís en el que lo trasladaron iba la funcionaria municipal Verónica Badaraco, que firmó los papeles de ingreso ya que Analía, si bien había firmado consentimiento para una segunda internación, se negaba a que fuera en aquella institución de Tres de Febrero.

Cinco días después Analía recibió un llamado telefónico desde el Hogar con el aviso de que su hijo había sido internado en el Hospital Posadas por un cuadro de bronquitis. Al mismo tiempo, el servicio local le informó que la situación no era de gravedad y que se quedara tranquila.

Sin embargo, al llegar a la mañana siguiente, los médicos le dijeron que el niño había sido ingresado con un cuadro muy grave de insuficiencia cardíaca y respiratoria. Y dos días después, el 25 de diciembre, el niño murió por una falla generalizada del organismo tras un permanente y pronunciado deterioro.

Por estos hechos hay dos causas penales en trámite: una, en el departamento judicial, que investiga las responsabilidades del Servicio Local de Niñez por la internación compulsiva del niño y la falta de control sobre la medida, y una segunda causa, asentada en la justicia de San Martín, investiga las circunstancias que llevaron a la muerte del adolescente durante su internación en el hogar. En esta instrucción, la CPM solicitó una serie de medidas de prueba a la fiscalía y se presentará como particular damnificado institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

En base a las intervenciones de los programas de Salud Mental y de Niñez de la CPM y de las entrevistas con la madre, se pudo constatar que todas las intervenciones del Servicio Local de 25 de Mayo fueron imprecisas, atravesadas por la desidia, el uso de amenaza para forzar la toma de determinadas decisiones y la no escucha sobre el relato de Analía respecto a los malos tratos, exceso de medicación y descuido en la higiene del niño a la que estuvo expuesto en el Hogar de Tres de Febrero.

La misma falta de escucha se constató en el Juzgado de Familia N° 2 de Mercedes, a cargo de la Dra Yanina Bruni Barcala, que intervino en el caso, desde el principio fue informado de todo pero no tomó ninguna medida.