El Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante atraviesa una crisis de financiamiento que pone en jaque la continuidad del acceso a medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
Por María José Ralli
Creado en 2008 por el INCUCAI, el Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante tiene como objetivo cooperar con las provincias argentinas para la cobertura del tratamiento de inmunosupresores que requieran los pacientes trasplantados con cobertura pública exclusiva. A través de la Unidad de Coordinación de Programas Especiales del INCUCAI, el organismo coordina la gestión de provisión de medicamentos y garantiza su operatividad, monitoreo y evaluación.
Este programa, que da cobertura a 5.415 personas, viene sufriendo interrupciones en la entrega de medicamentos desde marzo de 2024, afectando especialmente a la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 30% de los beneficiarios.
El presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, destaca, en diálogo con Acción, su importancia crítica: «La medicación inmunosupresora es vital para evitar que el organismo receptor rechace el órgano trasplantado. Es un tratamiento de por vida y costoso, especialmente para pacientes que dependen de la cobertura pública». Sin esta provisión, los pacientes enfrentan serios riesgos de salud.
Leone remarca que, desde su creación, ha sido clave para mejorar la accesibilidad al trasplante, una práctica de alta complejidad y de elevado costo tanto en su realización como en su mantenimiento. «Cuando trabajé en el desarrollo de este programa en 2008, el objetivo era garantizar que los pacientes con cobertura pública pudieran acceder a trasplantes y mantenerlos, porque sin esta medicación los trasplantes no serían viables», afirma.
Futuro incierto
En Buenos Aires la situación se agrava debido a la falta de aprobación del presupuesto provincial para 2025. De mantenerse el esquema prorrogado de 2023, el financiamiento sería insuficiente para cubrir las necesidades actuales. Leone explica que la adquisición de medicamentos para el primer semestre de 2025 representa el 80% del presupuesto total de la compra del CUCAIBA, lo que compromete otros servicios esenciales.
«La compra de estos medicamentos, que debería ser financiada por Nación, nos está obligando a utilizar fondos provinciales destinados a otras áreas. Solo para cubrir el primer semestre de 2025, necesitaríamos un 50% más de nuestro presupuesto habitual. Esto es inviable si el Ministerio de Salud de la Nación no cumple con su parte», alerta Leone.
Alta complejidad. Desde 1992, 17.000 personas accedieron a trasplantes en la provincia de Buenos Aires.
Foto: Getty Images
Aunque el INCUCAI asegura la continuidad del programa y ha completado los trámites necesarios para la compra de medicamentos, las demoras administrativas de la cartera de salud nacional generan retrasos críticos. «Cuando analizamos los expedientes de compra, vimos que estaban todos atrasados; ya en marzo pasado el stock de medicamentos era casi inexistente», señala el funcionario al tiempo que aclara que «esto no es responsabilidad del INCUCAI, que ha hecho su trabajo, sino del Ministerio nacional».
Cabe resaltar que esta situación afecta a todas las provincias, que deben afrontar el déficit con recursos propios. «El problema no es solo de Buenos Aires; la discontinuidad del programa impacta a nivel nacional y pone en riesgo la continuidad del tratamiento de miles de pacientes», afirma el presidente del CUCAIBA.
El rol del Estado
Desde 1992, el Ente para el Financiamiento de Trasplante de Órganos (EFTO) ha permitido que 17.000 personas accedan a trasplantes en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el desfinanciamiento actual cuestiona el compromiso del Estado como garante de la salud. «Si no está presente, tenemos enormes dificultades para garantizar la continuidad del tratamiento», enfatiza Leone y subraya la necesidad de consolidar el programa como una política de Estado: «Esto no es una cuestión ideológica, sino una política de Estado que debe ser respetada y sostenida. Sin un compromiso claro, los pacientes más vulnerables son los más afectados».
A pesar de la gravedad de la situación, Leone reconoce avances en algunos expedientes de compra y manifiesta esperanza en una pronta solución: «Hemos recibido información de que algunos laboratorios han comenzado a moverse. Si esto se concreta, sería un gran alivio para los pacientes y para el sistema». Sin embargo, advierte que cualquier retraso adicional podría tener consecuencias irreversibles.
«Nuestro mensaje a los pacientes es claro: la provincia de Buenos Aires hará lo necesario para cubrir sus necesidades, pero esto no debería recaer solo en nosotros. Es fundamental que el Ministerio de Salud de la Nación cumpla con sus responsabilidades y garantice la continuidad de este programa en todo el país», sintetiza Leone, quien advierte que la continuidad del Programa Nacional de Seguimiento Postrasplante es un testimonio de la necesidad de mantener un Estado presente y comprometido con la salud de su población y concluye: «Esto no se trata de partidos políticos, se trata de vidas humanas».
Credito: Accion
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