El Gobierno les lanzó un ultimátum a los gremios aeronáuticos: si para mañana no presentan un plan para que Aerolíneas Argentinas funcione sin conflictos, Javier Milei pedirá que la compañía entre en un Plan Preventivo de Crisis que derive en su cierre definitivo.
La propuesta de los sindicatos deberá ser del “agrado” del presidente porque, caso contrario, tomará la decisión de avanzar con el cierre de la empresa aérea estatal. En las últimas horas, las imágenes de los pasajeros retenidos dentro de los aviones de otras compañías privadas fastidiaron al jefe de Estado, que le ordenó a su equipo que les transmita ese mensaje a los sindicalistas.
Por su parte, los gremios aeronáuticos aceptaron reunirse con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para descomprimir la situación, aunque todavía no está definido el horario ni el lugar.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), sostuvo que el Gobierno los citó este viernes a las 14 a una reunión paritaria, luego de haber suspendido la semana pasada cualquier instancia de diálogo con los sindicatos tras las medidas de fuerza llevadas adelante en los centros de formación y entrenamiento de pilotos (Cefepra). El cese de actividades dentro de Cefepra provocaron que Aerolíneas Argentinas tuviera que cancelar y reprogramas vuelos en los últimos días ante la falta de pilotos para comandar los Airbus 330.
“Con relación al reclamo de recomposición salarial que mantenemos con Aerolíneas Argentinas, hemos decidió demostrar nuestra disposición al diálogo”, introduce el comunicado que compartió en X el sindicato que lidera Pablo Biró. “Por esta razón, a partir del jueves 7 de noviembre, suspendemos temporalmente las medidas de acción gremial en Cefepra, las cuales impactan en la actividad de los simuladores de vuelo y cursos teóricos”, detallaron a lo largo del comunicado bajo el argumento de retomar las negociaciones salariales “con un enfoque de buena fe”. Aun así, advirtieron: “Si esto no se cumple, retomaremos las acciones programadas”.
Resta ver si el malestar del Gobierno se trasladará este viernes a la reunión con los gremios y si se les exige, o no, una contrapartida para evitar avanzar en un plan preventivo de crisis.
El proceso preventivo de crisis es un mecanismo que está legislado, funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatorio para que una empresa deje de funcionar. “El cierre no va a ser de un día para el otro, porque hay pasajeros y responsabilidades, pero el presidente espera que haya un plan serio para que los pasajeros no sigan siendo rehenes”, explicaron fuentes de la Casa Rosada.
A través de un expediente administrativo, la empresa deberá probar ante las autoridades a cargo que las condiciones actuales la han llevado a una crisis. En el caso de que la Secretaría de Trabajo acceda al pedido de la empresa, los derechos gremiales quedan disminuidos, al igual que la posición de los jefes sindicales.
Desde el Gobierno sostienen que la idea de avanzar con un plan preventivo de crisis ya se venía barajando, e incluso fue comunicada a los gremios en más de una oportunidad. Pese a ello, ninguno de los sindicatos involucrados en el conflicto confirmaron que hayan recibido un ultimátum por parte del Ejecutivo.
Ayer, una sorpresiva asamblea de los trabajadores de Intercargo paralizó el funcionamiento de Aeroparque y Ezeiza, y dejó a miles de pasajeros varados. La medida de fuerza fue por el despido de un trabajador. En Partidas dejaron de despachar valijas, y en Arribos bajaron pasajeros, pero no el equipaje.
“La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque. Exigimos de forma urgente su ilegítima reincorporación. Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas. No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Fernando Montes, Presidente de Intercargo, y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, señaló el gremio en un comunicado.
En este contexto, primero el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra los sindicalistas por secuestro de personas: es contra miembros de APA y de la firma Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.
“Hay personas de rehén, con ataques de pánico y descompuestas, familias que estuvieron encerradas durante horas por culpa del delirio terrorista sindical. Un terrorismo sindical que para evitar perder privilegios busca poner en jaque el sistema aerocomercial de la Argentina”, sostuvo por su parte el vocero presidencial Manuel Adorni.
Y agregó: “El Gobierno va a ir a la Justicia para denunciar abandono de personas, intimidación pública y bloqueo. El que las hace, las paga”.
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