Ante el reciente anuncio y festejo del Gobierno del índice inflacionario del mes pasado y su acumulado anual, diversos sindicatos cuestionaron en conjunto la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). «Según esos datos, la inflación fue de 2,2% en enero 2025. Para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos. El INDEC utiliza una metodología de cálculo desactualizada. El gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada», denuncian. «La mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica. ¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos ‘libres’ cada tres meses? Este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales», sentencian. Por ANRed.
Este jueves 13 de febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió que la inflación se desaceleró al 2,2%, tras el alza mensual que experimentó en diciembre (2,7%), por debajo de lo que esperaba el mercado, y que la variación interanual se ubicó en el 84,5%. Siguiendo esos números, se trataría del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de dos dígitos desde enero de 2023.
En este marco, el presidente Javier Milei salió a celebrar la medición:«hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos cinco años. Además, si se limpian los efectos de la pandemia, que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde 2018«, aseguró Milei en un video publicado en su cuenta de Instagram. En la misma línea, felicitó a su ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y autocelebró su gestión: «seguimos haciendo historia. Somos el mejor Gobierno de la historia. Mal que le pese a los ‘econochantas’ y al conjunto de mandriles que quieren que a la Argentina le vaya mal. El proceso de desinflación continúa«, expresó, efusivo.
Por su parte, el Secretario de Comunicación y Medios y vocero presidencial Manuel Adorni destacó en conferencia de prensa «el magnífico resultado» del INDEC e indicó que «este modelo está funcionando con recomposición de tarifas«. Asimismo, en sus redes sociales agregó: «esto se logró sin que existan los precios regulados de aquel momento, ni los ‘precios cuidados’, ni la brutal brecha cambiaria, ni la brutal recesión, ni mucho menos el chamanismo económico del kirchnerismo. Dios bendiga a la República Argentina».
Rápidamente, una gran diversidad de sindicatos salieron a cuestionar la metodología de medición de la inflación del organismo: «los datos no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos. Según esos datos, la inflación fue de 2,2% en enero 2025. Para la mayoría de la población, ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos. Hasta ahora era un comentario que fue elevando su volumen en pueblos y ciudades. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y tiene una explicación clara: el Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada«, remarcan, y señalan: «el gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada«.
Imagen: Yahoo Finance.
«¿Por qué hay que actualizar la forma de medirla? – continúan preguntándose – Porque periódicamente la Encuesta Nacionalde Gastos de los hogares (ENGho) revela las variaciones del consumo y su impacto en el cálculo de la inflación. Hace muchos años que no se realiza una modificación integral y eso genera diferencias cada vez más agudas. La mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica. ¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos ‘libres’ cada tres meses? En ese sentido, solo un ejemplo: es innegable que la desigualdad en la relación entre propietarios/as e inquilinos/as nunca estuvo tan dramáticamente expuesta», destacan.
En la misma línea, agregan: «este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales. La mayoría de los trabajadores/as cada vez está más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aprobado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitucional Nacional, que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador/a para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Para cubrir esos gastos, a finales de 2024 un trabajador/a debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales».
«Tenemos los datos, las causas que explican las diferencias entre la realidad y el dibujo oficial, y el veredicto de la mayoría de la población, que comprueba mes a mes que no son ciertos los números que se comunican oficialmente. El futuro ya llegó. El bolsillo canta claro. Necesitamos unirnos para reparar esta injusticia«, finaliza el comunicado firmado por la FTCIODyARA (Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de R.A), la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), la Asociación Bancaria, ATE, la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS), el Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CEPETEL), la Federación Judicial Argentina (FJA), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), la Unión Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ) del Banco Provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Jerárquicos, Profesionales y Técnicos de la Minería de la República Argentina (ASIJEMIN), el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), SPIQyA SL (Químicos de San Lorenzo), el Sindicato de Obreros y Empleados de Refinería de Maíz (SOERM), la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina (ASSRA), el Sindicato Empleados de Comercio (Rama Peajes), la Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura (APSAI), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), la Asociación del Personal Jerarquizado de la TV Pública, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la Asociación Médicos Municipales (AMM), AMAP (Médicos Privados), la Federación Profesionales del GCABA, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), Luz y Fuerza La Pampa, Luz y Fuerza Mar del Plata, Luz y Fuerza Zárate, OTECH, APCNEAN, ATE CNEA, STIGAS La Plata, el SUTEF (Docentes de Tierra del Fuego) y el Sindicato de Educadores del Chaco (SECH).
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