Denuncian persecución y secuestro de motos por infracciones menores, y motivos que ni por ley ni reglamento se pueden sostener. El abuso de autoridad, el desmantelamiento y la persecución contra toda forma de trabajo son constantes bajo este gobierno. El modo en que viene violando acuerdos, junto a todas las economías de subsistencia y de actividades de trabajo informale empuja a trabajadores/as al hambre y la desesperación. La alarma está encendida hace rato. Es cada vez más difícil no hablar de políticas del exterminio: indirecto, directo y grosero. Si lo que busca el Ejectuivo es la confrontación, hacen rato que vienen violando todos los límites. Por ANRed.
Entre lágrimas, Miguel Angel resume el impacto que denuncian muchos de quienes son alcanzados/as por los operativos de control que la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito despliegan en todos los barrios porteños.
El trabajador relató que fue perseguido por efectivos policiales hasta ser trasladado a un punto de control. Según refiere, contaba con toda la documentación obligatoria, situación que entonces podría haberse resuelto con una infracción. Lo cual le habría permitido seguir con su jornada laboral. Sin embargo, secuestraron su moto y la remitieron a una playa de infractores.
Otros y otras motociclistas denuncian que la modalidad se repite con frecuencia: patrullas motorizadas interceptan conductores, los conducen hasta el retén donde, por faltas menores que pueden salvarse en el momento, los vehículos terminan retenidos. La consecuencia inmediata es que cientos de trabajadores quedan sin su principal herramienta para generar ingresos hasta que pueden afrontar, vía deuda, las onerosas multas.
Recuperar la moto implica afrontar multas, gastos de acarreo y costos administrativos del procedimiento. Para quienes dependen del vehículo para repartir, trasladarse o trabajar de manera independiente, cada día sin la moto representa un ingreso que se pierde.
El Gobierno de la Ciudad sostiene que la normativa de tránsito habilita el traslado de vehículos hacia puntos de control. Sin embargo, los procedimientos generan cuestionamientos por la proporcionalidad de las medidas y por el impacto que tienen sobre trabajadores y trabajadoras, quienes denuncian que muchas veces una multa sería suficiente sin razón para privarlos del vehículo.
El testimonio recogido por ANRed vuelve a poner en debate el alcance de estos operativos y sus consecuencias sociales. Mientras el Gobierno porteño los presenta como una política de control y seguridad vial, quienes los padecen denuncian prácticas desmedidas que terminan castigando, una vez más, a quienes viven del servicio de mensajería o reparto con sus motos.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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