Amparándose en el genérico y ambiguo concepto de “secreto militar”, Javier Milei autorizó al Ministerio de Defensa a comprar armamento y realizar obras de infraestructura castrense a discreción, y sin informar públicamente sobre gastos y montos de contratación.
De esta manera, la medida le otorga a la cartera de Luis Petri la libertad de comprar en el territorio nacional o no, importar sin dar a conocer los detalles, y contratar sin revisión ni supervisión los servicios y materiales que considere necesario para el refuerzo de lo que llaman “seguridad nacional”.
La luz verde para el gasto militar fue concedida en el decreto 807/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, que bajo la figura del “secreto militar” habilita a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares para “la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas”.
Sin embargo, el texto oficial evidencia que el secreto no es tan secreto, teniendo en cuenta que informa sobre los lugares donde se realizarán esas obras de infraestructura: la VI Brigada Aérea Tandil y en el Área Material Río Cuarto.
Allí, según dice, se realizarán tareas de “adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción, y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento”.
De lo único que el Gobierno se auto-exime es de informar los montos que todo esto requerirá al Estado y el límite (si los hay) de gastos que el Poder Ejecutivo le da a Defensa.
Es más, entre los considerandos se deja claro que “en las contrataciones y procedimientos que se realicen al efecto, el organismo contratante deberá seguir, en la medida que resulte pertinente, el procedimiento básico, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”.
El decreto también subraya que el Ministerio de Defensa es el responsable de “decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias” para la defensa nacional. Y en este punto apela al decreto 9.390 de 1963 que establece el “secreto militar”.
La discrecional figura del “secreto militar” se utiliza para no informar sobre todo hecho, materiales, proyectos, obras y asuntos englobados en el criterio de “seguridad nacional”. Los detalles, aclara la norma, solamente podrán ser conocidos por las personas autorizadas y mantenidos fuera del conocimiento público.
No es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) acude a esta norma para dar rienda suelta al gasto militar. En abril de este año recurrió a esa norma para que la cartera de Petri compre material para el sistema de radarización, tanto para el territorio continental como el marítimo.
Ese gasto que no se informó pudo haber sido tanto radares como los aviones F16 que se le adquirieron al gobierno de Dinamarca. De hecho, en ese decreto que ofició como orden de compra se habló de contrarrestar “amenazas que se desplacen por el aeroespacio”.
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