El impensable y contundente resultado electoral de hace domingos atrás empoderó al gobierno, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva no es otra que la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de un regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo? Por Eduardo Lucita
Aprovechando el envión dado por las urnas el gobierno está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral y tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver con el mundo del trabajo.
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad.
Uso capitalista de la crisis
En un contexto caracterizado por la heterogeneidad, fragmentación, informalidad, precarización y desdibujamiento de la identidad de clase, que complejizan la coordinación de las resistencias, el capital aprovecha para avanzar en la reducción de costos laborales, mejorar las condiciones de productividad e imponer limitaciones al derecho de huelga, mientras condiciona las estructuras sindicales
De qué se trata
No hay por ahora un proyecto definitivo, solo trascendidos de un borrador que se está trabajando, con la participación de la CGT, en el Consejo de Mayo que parte de un proyecto ya presentado “Ley de promoción de inversiones y creación de empleo”. Sintetizando lo poco que se conoce:
Inversión de la Prelación: Este concepto le da prioridad a la norma más favorable al trabajador. Al invertírselo el Convenio Colectivo de Trabajo deja de ser un piso, por el que todo acuerdo por empresa debe estar por arriba, para ser un techo, que los acuerdos particulares no pueden superar. Esto impulsa la descentralización de la negociación colectiva, que se intenta acompañar con la eliminación del principio de Ultractividad, que mantiene vigente un convenio hasta que se acuerde otro. Vencerían así numerosos convenios que deberían renegociarse, en un período donde prima la negociación a la baja. También busca modificar la validez temporal de los convenios, acotando la vigencia de las cláusulas acordadas,forzando así renegociaciones periódicas que se adapten a la evolución del contexto macroeconómico y sectorial.
Reducción de costos laborales: el cambio en el concepto de prelación favorece negociar salarios a la baja en las empresas, condicionando las sumas fijas del salario (básico, adicional por título, antigüedad…), promoviendo los variables (por productividad, por rendimiento o eficiencia…) Al mismo tiempo que establecer mecanismos de ajuste que eviten indexaciones ajenas a la productividad y a las capacidades de cada empresa, como son los ajustes por inflación. Con lo que se busca adaptar los salarios a la realidad de cada unidad productiva. Con lo que cada empresa tendría una realidad propia en cuanto a salarios y condiciones de trabajo. (Lo que dificultaría aún más la pelea de conjunto aún dentro de un mismo gremio.)
Fondo de Cese Laboral, financiado por patrones y trabajadores, que incluiría la posibilidad de pagar indemnizaciones hasta en 12 meses, que reemplazaría al actual sistema indemnizatorio (ya estaba en la Ley Bases, no tuvo mayor consenso patronal). Iniciativas de este tipo ya fracasaron en España (FOGASA) y en Grecia (OAED)
Mayor productividad: implantación del Banco de Horas: manteniendo las 48hs. semanales y un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Puede extenderse la jornada hasta 12 hs. diarias según las necesidades de las patronales, que se compensarían con francos y ahorraría el pago de horas extras. (En la práctica sería el fin de la jornada de 8hs) Vacaciones: podrán fraccionarse y ser otorgadas en cualquier momento del año según las necesidades y estacionalidad de la producción y los servicios. (Ambas modificaciones desorganizan la vida del trabajador y su familia.)
Reducir el accionar colectivo: limitando el Derecho de Huelga vía reglamentación de los servicios esenciales y condicionando la realización de asambleas en los lugares de trabajo.
Debilitamiento de la organización sindical: la descentralización de las negociaciones debilita al colectivo de trabajadores y a las direcciones centrales de los gremios, pone la discusión al nivel de las Comisiones Internas, mientras que la reforma propone diversas medidas que se orientan a la desfinanciación de las estructuras sindicales (revisión de la obligatoriedad de los aportes y de la cuota solidaria).
No moderniza, no crea empleo
Como es posible comprobarlo no se trata de ninguna modernización, por el contrario es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del SXIX y principios del XX, que maximizan la tasa de ganancia de las empresas sobre la base de rebajar aún más el piso material en que vive y reproduce su existencia la clase trabajadora. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar “Ley de Empleo”, 1991 y “Ley de Empleo, productividad y equidad”, 2000 (Ley Banelco).
La creación de empleos formales, que podría bajar la informalidad no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
Por otro tipo de Reforma laboral
La discusión por la reforma laboral ocupa hoy el centro del debate político pero ¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores/as y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados…
En las actuales condiciones el proyecto que finalmente vaya al parlamento no creará empleo ni modernizará nada. Su objetivo no es otro que establecer una relación de fuerzas duraderas a favor del capital, algo que las patronales buscan desde los años ’60 del siglo pasado.
No hay nada que negociar. Por el contrario hay que rechazar de plano esta reforma antiobrera y antisindical.
** Para esta nota he tomado como referencia textos y declaraciones públicas de los especialistas en derechos laborales Luis Campos, Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y de Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesor legal de varios sindicatos.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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