¿Quién paga la cuenta del periodismo?

Por Martin Becerra

A medida que la publicidad y las ventas de los medios de comunicación se contraen, surgen iniciativas para asegurar el financiamiento de la información de interés público. Australia, California, Canadá, Francia y el Reino Unido ensayan respuestas, pero difieren en sus métodos y consecuencias. El denominador común es el intento de sostener la producción de noticias mientras la economía de las comunicaciones migra desde los medios hacia las grandes plataformas digitales.

California acaba de promulgar la Ley de Empleo y Sostenibilidad de la Fuerza Laboral en las Redacciones Comunitarias. Australia obliga a las plataformas a negociar pagos con los medios; Canadá imitó esa estrategia, pero la resistencia de Google y Meta complicó su aplicación. Francia ensayó acuerdos promovidos por el Estado, mientras el Reino Unido propone garantizar visibilidad a las noticias confiables en las redes sociodigitales.

Tras años de discusión, California aprobó un crédito fiscal vinculado a la cantidad de periodistas que trabajan formalmente en las redacciones. Cada periodista de tiempo completo representa un crédito de entre 15.000 y 20.000 dólares anuales; los de media jornada suman 7.500 y cada puesto nuevo, otros 15.000. El crédito es reembolsable: si supera los impuestos que debe pagar el medio, el Estado abona la diferencia, algo clave en un sector con escasas ganancias imputables.

La norma comenzará a regir en 2027 con un costo de hasta 40 millones de dólares anuales. Matt Pearce, de Rebuild Local News, la organización que impulsó el proyecto, resumió su lógica: quien contrata más, cobra más; quien despide, cobra menos; quien no emplea a nadie, no cobra nada.

Para acceder al beneficio, los periodistas deben residir y trabajar en California y percibir un salario de al menos 35.000 dólares anuales. Los medios digitales deben acreditar que un tercio de su audiencia está en ese estado; los impresos, un tercio de su distribución o la sede legal. Las radios y televisoras deben tener licencia federal en una comunidad californiana o ser emisoras públicas sin fines de lucro.

Varios modelos, un mismo problema
Australia es el antecedente que California usó como referencia. El Código de Negociación de 2021 obligó a Google y Meta a pactar pagos a empresas periodísticas. Pero la opacidad y la selectividad de los acuerdos favorecieron a grandes grupos, como News Corp, del clan Murdoch, y marginaron a medios pequeños, públicos y comunitarios. En 2024, Meta dejó de pagar. Ahora el Gobierno australiano propone incorporar a TikTok y cambiar las reglas: las plataformas que no negocien afrontarían un cargo equivalente al 2,25% de sus ingresos brutos, reducible hasta cero mediante acuerdos. Lo que nació como negociación privada se parece cada vez más a un impuesto.

Canadá siguió esa senda con una ley de 2023 que buscaba que Google y Meta compartieran ingresos de la publicidad digital con los medios. Meta respondió bloqueando las noticias en Facebook e Instagram, lo que redujo el tráfico hacia las notas periodísticas. La experiencia mostró la vulnerabilidad de los medios que dependen de plataformas para llegar a sus audiencias: las redes pueden prescindir de las noticias, pero los medios no pueden prescindir de las redes. La norma terminó generando recelos entre las propias empresas que la habían promovido.

En Francia, el Estado presiona desde hace una década a las grandes plataformas para que apoyen económicamente a los medios de comunicación a través del Poder Ejecutivo y de la autoridad de defensa de la competencia. Además, este año el Tribunal de Justicia de la UE reconoció una «remuneración equitativa» por el uso de publicaciones periodísticas por parte de las big tech.

El Reino Unido ensaya otro camino: en lugar de pedir dinero, busca asegurar un lugar. En junio, el Gobierno del entonces primer ministro Keir Starmer propuso un régimen de «prominencia» que obligaría a las grandes redes sociodigitales a destacar «noticias confiables» en los contenidos que presentan a sus usuarios. La BBC y otros medios públicos serían beneficiarios naturales, los diarios nacionales y locales podrían sumarse. El criterio de confiabilidad sigue siendo una cuestión delicada y la salida de Starmer deja incierto el futuro del plan.

La nueva ley californiana desplaza el foco desde los contenidos y su circulación hacia el trabajo. No paga en función del tráfico, cuya medición y distribución controlan las plataformas, sino por los periodistas contratados. Eso reduce la dependencia de información que las big tech suelen ocultar (sus ingresos publicitarios desagregados por país y por región) y dificulta que un bloqueo de noticias desactive el mecanismo. Pero el costo recae en los contribuyentes, mientras las plataformas no aportan parte de la renta que obtienen con contenidos originalmente producidos por los medios.

La solución, además, arrastra un problema conocido en Australia: los beneficios pueden llegar a empresas que no los necesitan. El gobernador Gavin Newsom reconoció al promulgar la ley que entre los beneficiarios podría haber fondos de inversión y multimillonarios que «vacían redacciones y extraen valor de ellas». La ausencia de un tope agrava el riesgo. Newsom cree que los beneficios de la norma superan los costos asociados.

Ahora bien, hay un tema de fondo que no todas las regulaciones abordan, porque es incómodo: qué se produce con el dinero recaudado o ahorrado (en el caso del crédito fiscal). Contar periodistas mide empleo, no cobertura ni interés público; un crédito por puesto no distingue entre una redacción que investiga a empresas contaminantes y otra que llena su sitio de contenidos sensacionalistas o banales.

Para América Latina, donde la relación entre medios y plataformas suele tramitarse mediante programas de mecenazgo opacos de las big tech y cláusulas de confidencialidad, estas experiencias ofrecen un punto de partida. La discusión sobre reglas, controles y objetivos de financiamiento permite abandonar la engañosa consigna de la autorregulación. Ningún modelo garantiza por sí solo un periodismo de calidad, pero todos invitan a debatir quién paga por la información, en qué condiciones y con qué responsabilidades.