Organizaciones de derechos humanos y feministas cuestionan el proyecto de ley que propone agravar las penas por falsa denuncia y falso testimonio en causas de violencia de género, delitos sexuales y hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes. Sostienen que la iniciativa carece de sustento empírico, refuerza discursos que desacreditan a quienes denuncian y podría convertirse en una nueva barrera para el acceso a la justicia. Por ANRed
En un contexto de desmantelamiento de políticas públicas de género y de crecientes ataques a los consensos construidos en materia de derechos humanos, distintas organizaciones manifestaron su rechazo al proyecto de ley S-0228/2025, que busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento cuando los hechos denunciados estén vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que la propuesta no responde a evidencia que justifique una reforma legislativa. Según el organismo, las denuncias falsas en este tipo de delitos representan un porcentaje ínfimo y el ordenamiento jurídico argentino ya contempla sanciones para quienes formulen denuncias falsas. En cambio, remarca que el verdadero problema continúa siendo la subdenuncia y las múltiples barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.
ELA señala que solo una de cada cuatro mujeres que atraviesan situaciones de violencia por parte de una pareja o expareja realiza una denuncia. También recuerda que la mayoría de las víctimas de femicidio nunca había logrado acceder a medidas de protección y que los delitos contra la integridad sexual presentan altos niveles de subregistro debido al miedo, la revictimización y las dificultades institucionales para denunciar.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también rechazó la iniciativa y la definió como un grave retroceso. En un documento público sostuvo que el proyecto instala un régimen de sospecha sobre quienes denuncian violencias, reproduce discursos que históricamente buscaron desacreditar la palabra de las víctimas y puede generar un efecto disciplinador que desaliente nuevas denuncias.
Además, la APDH alertó sobre las consecuencias que la reforma podría tener para profesionales de la salud, la educación, el trabajo social y otras áreas que intervienen en la protección de derechos. Advirtió que el riesgo de enfrentar sanciones podría obstaculizar el cumplimiento de su deber de denunciar situaciones de violencia o vulneración de derechos.
Para las organizaciones, el proyecto no apunta a resolver un problema real sino que fortalece una narrativa impulsada por sectores que cuestionan las políticas de género y los avances conquistados en materia de derechos humanos. En ese sentido, sostienen que la iniciativa desvía el debate de las falencias estructurales del sistema judicial y puede profundizar el silencio de las víctimas.
Frente al avance de la propuesta, los organismos reclamaron que cualquier reforma en materia penal se base en evidencia y en estándares internacionales de derechos humanos, fortaleciendo el acceso a la justicia y las políticas de protección, en lugar de promover medidas que incrementen el temor a denunciar.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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