Con sus últimos dichos, ya no queda duda alguna que Patricia Bullrich empezó a preparar el terreno para que las fuerzas de seguridad tengan la excusa perfecta para poder reprimir las protestas que vienen llevando adelante los estudiantes universitarios en contra del veto de Javier Milei, y que se traducen en tomas de facultades y clases públicas en todo el país.
En las últimas horas, la ministra de Seguridad planteó que los estudiantes universitarios “quieren generar una revuelta basada en el modelo chileno”, para intentar “desestabilizar” al gobierno libertario, y muy suelta de cuerpo, sin pruebas que avalen sus irresponsables afirmaciones, se atrevió a decir que los alumnos “van a ir con bombas molotovs” a las protestas.
“Quieren generar una revuelta al modelo chileno, que rompieron todo y destruyeron todo. Nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos. Quieren molestar a la gente. Quieren generar un enfrentamiento. No lo van a lograr”, dijo Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.
En esa línea, agregó: “Van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas apropósito para intenta ir increscendo (Sic). Nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos”.
La ministra se refirió de esta manera a los dichos del secretario del Centro de Estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Luca Bonfante, quien sugirió realizar cortes de calles en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires en rechazo al veto al financiamiento universitario. “A mí no me vuelven loca, vuelven loca a la gente. Si quieren cortar Lugones y determinadas avenidas, lo que están haciendo es una provocación, que la llevan al límite”, lanzó.
Por otra parte, el Gobierno avanzó con la auditoría a las universidades públicas, pero no a través de la Auditoría General de la Nación (AGN) según lo establece la Ley de Educación Superior, sino al modificar una resolución del ex Procurador de la Nación, Carlos Zannini, y permitir que el organismo que audite sea la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La SIGEN depende de Presidencia, y en 2022 Zannini limitó su alcance para que no intervenga en el control de las casas de estudio.
Quien firmó la resolución fue el actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Entre las fundamentaciones, el Procurador informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N° 24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales “sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa- financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior 24.521”.
La Universidad de Buenos Aires desmintió al Gobierno en varias oportunidades respecto a que las instituciones de educación superior no son auditadas. En un hilo en X, la cuenta oficial de la UBA afirmó que existen auditorías internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados, además del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos por parte de la UBA y dos veces por año, la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Diputados del PRO agradecieron en X que el Gobierno “haya escuchado” su pedido, y lo consideraron como un “gran avance hacia la transparencia”.
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