Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana del gobierno del Frente de Todos, denunció que una patota del GAD la emboscó por la noche e hizo un allanamiento irregular en su casa. Grabois estuvo en el lugar, aunque en su denuncia evitó mencionar a Kicillof y Alonso, responsables políticos del hecho. Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).
En la noche de este martes se produjo un hecho de gravedad en el barrio La Cava de San Isidro, en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Según el relato de vecinos y de la propia familia afectada, alrededor de las 22 horas varios miembros del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense ingresaron por la fuerza, encapuchados y portando armas largas, en el domicilio donde viven Fernanda Miño, su esposo Juan Carlos Molina y sus hijas.
Miño es una de las referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE, integrado a la UTEP y a la corriente Patria Grande, que dirige Juan Grabois). Hasta diciembre del año pasado fue secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Había llegado al cargo en 2019, convocada por el entonces ministro Daniel Arroyo, y se mantuvo allí hasta el final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
“No sabemos qué pasó, nos parece muy raro. Se ve que estaban dando vueltas y se metieron atrás nuestro cuando llegamos con Fernanda a casa”, dijo Molina al sitio Qué Pasa. La versión oficial, expresada por los propios policías, decía que estaban realizando allanamientos para encontrar a los responsables del robo de una moto. Pero por las características del operativo (de noche y con varios condimentos de semiclandestinidad) y por el hecho de ser Miño una dirigente social, lo de la moto no suena muy creíble.
El hecho se produjo cuando la pareja regresaba a su casa luego de dar una entrevista en el canal C5N y participar de la proyección de un documental. Vecinos relataron que vieron cómo los policías aguardaban escondidos en las inmediaciones del domicilio y cuando llegaron sus propietarios arremetieron hasta meterse con ellos dentro de la casa.
Molina detalló que, al entrar, los policías armados y encapuchados golpearon a Miño y a una de sus hijas, pese a que en todo momento la familia se mostró tranquila y colaborativa ante sus requerimientos. A él lo apuntaron y obligaron a quedarse quieto.
En total estuvieron dos horas “revolviendo la casa, me dijeron que estaban buscando prendas similares a las que estuvieron vinculadas al robo, no encontraron nada, no se llevaron nada ni se llevaron a nadie detenido. Lo raro es que caigan a mi casa a la noche, de esta manera violenta, por un supuesto robo y no se lleven a nadie. Esto tiene olor a algo armado”, concluyó el esposo de Miño. La mujer y su hija debieron ser atendidas en un hospital por los golpes recibidos.
Poco antes de que el GAD se retirara del lugar, Juan Grabois llegó con abogados de Patria Grande. Desde allí grabó un video que subió a sus redes sociales, en el que denunció el hecho, agregando que a Miño “no la dejaron comunicarse con su abogado” y no se indicó de qué causa penal se trataba. A su vez hizo “responsable al Gobierno de este accionar propio de la dictadura”.
“¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?”, se preguntó Grabois en el video. Y sumó una calificación política: “Son nuestros enemigos, que están cruzando una línea roja más. Son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. No se lo vamos a dejar pasar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Son muy guapos con los pobres, con los villeros”.
El tono y los conceptos vertidos por Grabois indican que en su acusación se refiere al gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Lógicamente, las políticas represivas y persecutorias de La Libertad Avanza son tan claras que una acusación de esas características podría aplicar sin dudas a un accionar orquestado desde la Casa Rosada.
Sin embargo, Grabois se confundió. O al menos eso parece. Las fuerzas que arremetieron contra la casa de Miño, que la golpearon a ella y su hija y que pusieron como excusa el supuesto robo de una moto, son las dirigidas y conducidas por el gobierno peronista de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad Javier Alonso. Justamente una gestión que tiene un discurso anti Milei y de “defensa de los derechos humanos”.
El dirigente social le dejó servida la chicana a Bullrich, quien se dio por aludida en la acusación y terminó publicando una respuesta en la red X.
El accionar de la Policía Bonaerense no puede extrañar y, claramente, se parece en mucho al de cualquier otra fuerza provincial o de las mismas fuerzas federales que criminalizan a los sectores empobrecidos de la población y reprimen con saña la protesta social. La Bonaerense todavía conserva (y con orgullo) el mote de “maldita policía” que se ganó en los años 90 bajo la conducción de Eduardo Duhalde.
Los hechos de este martes, incluso, permiten pensar en lo que pasa todo los días en las barriadas del Gran Buenos Aires, donde la Policía conducida desde hace décadas por el peronismo regentea el narcotráfico y otras áreas del crimen organizado, tortura, mata y hasta hace desaparecer personas. Siempre con la mayor impunidad posible garantizada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Grabois hace muy bien en denunciar que, mientras arremeten contra su compañera de militancia, las mismas fuerzas del Estado son “cómplices” del gran delito y “nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”. Lo irónico es que no mencione a los responsables políticos de esta situación. En este caso Kicillof y su ministro Alonso, con quienes comparte espacio político desde hace años.
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