El Gobierno evalúa hasta cerrar el Congreso si se rechaza el DNU que le otorga superpoderes a Caputo

El Congreso está en condiciones de propinarle un duro cachetazo al ministro de Economía, Luis Caputo: mañana, la oposición en la Cámara de Diputados buscará rechazar el DNU 846/2024, por el cual el ministro busca flexibilizar las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera, y en consecuencia resultaría letal para su estrategia financiera para el año próximo.

Además, si –como ya lo anticipó- el kirchnerismo en el Senado avanza en la misma dirección y logra voltea el decreto, Caputo se quedará sin la herramienta para sortear, con más facilidad, los duros vencimientos del año próximo.

Justamente, al existir la certeza de que el decreto sería rechazado en Diputados, en el Gobierno ya están evaluando la alternativa de cerrar temporariamente el Congreso si el debate pasa a la Cámara alta.

Es que el decreto en cuestión le otorga “superpoderes” al jefe de la cartera económica para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Lo peligroso de esta norma es que Caputo podrá renegociar deuda en condiciones de mercado –no a su valor nominal– sin los criterios que fija la ley, ni pasar por el Congreso.

Ante un panorama complicado, en 2025 el Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por 17.285 millones de dólares entre capital e intereses, de los cuales 55 % corresponde a títulos públicos y 45 % a obligaciones con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.

Lo que advierten no sin preocupación los opositores, es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado –por ejemplo– a estirar los plazos de vencimiento de la deuda –por la debilidad de las reservas– ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.

Ante este peligro, tanto en el bloque de Encuentro Federal como en el radicalismo crítico del Gobierno proponen rechazar el decreto y, durante la discusión del proyecto de presupuesto 2025, reformular el artículo que se refiere a esta cuestión.

“El Poder Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda siempre que no aumente el valor presente de la deuda –es la propuesta de Encuentro Federal–. En cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso”.

El Gobierno, sin embargo, apuesta a mantener vigente el decreto sin las limitaciones que, sabe, le impondrá la oposición en el presupuesto. Cuando los opositores formalizaron su intención de derogar el DNU en sesión especial para este marte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accionó todas las alarmas para frenar la ofensiva.

La estrategia consiste en presionar a los gobernadores aliados para que sus legisladores no avalen el rechazo del DNU. Por medio de sus voceros hizo trascender que, de lo contrario, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.

En medio de este juego de presiones mutuas, la oposición propone derogar el decreto 846, clave para el Gobierno. Los convocantes a la sesión piden que los gobernadores de sus espacios no claudiquen: les advierten que, si el decreto sigue vigente, el Gobierno no tendrá incentivo –como viene demostrando hasta ahora– para sancionar el presupuesto 2025.

“Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Gobierno va a estar obligado a sentarse a negociar con los gobernadores la ley de Presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de la deuda, pero sin cheque en blanco a Caputo”, insisten.

La intención del Gobierno es sancionar el presupuesto del año próximo en una especie de trámite exprés en lo que queda de noviembre. “Los tiempos dan”, señalan. “No queremos estar tres meses con el presupuesto, como pasó con la Ley Bases”, suman. Bajo el cronograma del oficialismo, la próxima semana Diputados debería dictaminar y aprobar en el recinto el proyecto, para que, en los otros quince días el Senado lo convierta en ley.

Pero, en rigor, los libertarios se rehúsan a extender la actividad en el Congreso porque priorizan evitar el rechazo del DNU 846. Saben que los que motorizan la sesión en Diputados –Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia– ya reúnen los votos para darle al Gobierno este último golpe antes de fin de año.