“El ANDIS no informa sobre las políticas públicas que está llevando adelante”. Hablamos con trabajadorxs despedidxs de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Son en total 1380 trabajadores en todo el país y, hasta el momento, fueron 350 los despidos. Se esperan más ya que desde el poder político de turno anunciaron sus intenciones de reducir el 30% del personal. El desmantelamiento de la Agencia no sólo se ve reflejado en las vidas de los trabajadorxs que perdieron su fuente de trabajo, sino que tiene un impacto directo en la vida de les usuaries: no hay nadie que haga el trabajo de esas personas. Es decir, hay servicios que han dejado de operar. Denuncian que el Estado se está retirando de sus obligaciones históricas. Por ANRed
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada a través del Decreto 698/2017 con el fundamento de que “resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades”. Algunas de estas tareas eran abordadas con anterioridad por varios organismos que se unificaron: la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Servicio Nacional de Rehabilitación, entre otros.
Su creación se da en correlación con una serie de políticas adoptadas por el Estado. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), fue aprobada en el año 2008 por ley en Argentina (N°26.378) y adquirió estatus constitucional en el año 2014.
Desde su creación, la ANDIS dependía de la Secretaría General de la presidencia (hoy en manos de Karina Milei). Luego del decreto 8/2023 (Art. N°17), publicado el día de la asunción del gobierno entrante, la ANDIS pasaría a ser parte de la Jefatura del Gabinete de Ministros (en su momento a cargo de Gustavo Posse, hoy a cargo de Guillermo Francos).
La actual gestión designó a Diego Orlando Spagnuolo como Director Ejecutivo de la ANDIS, a través del Decreto 96/2023. Finalmente, el 4 de julio de este 2024, el poder ejecutivo realizó el traspase de la misma al Ministerio de Salud, a través del Decreto 585/2024 (Art. N°8). Esto significa un giro hacia la perspectiva de modelos pasados.
Para entender en profundidad qué significa esto, charlamos con les trabajadores despedides de la agencia y explicaron que en el modelo bio-psico-social que impulsan es aquel que entiende que la discapacidad no la porta la persona, sino que esta se genera de forma contextual y situacional cuando se interacciona con un entorno inaccesible. En otras palabras, se aleja de aquel modelo médico centrado que creía que había que rehabilitar a la persona en cuestión, en lugar de generar herramientas de accesibilidad, eliminando barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
De aquí se desprende la armonización conceptual que el decreto 7/2023 adoptó. Entre otras implicancias, se modificó el requisito médico para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, diferenciando a su vez a la invalidez de la discapacidad. La «junta médica» pasó a llamarse «junta evaluadora» (y que sigue siendo obligatoria para que la pensión sea otorgada) y dejó de ser conformada únicamente por médicos, ahora abarca a distintos trabajadores de la salud.
La armonización de los conceptos, el asesoramiento a otros sectores del Estado y la creación de proyectos de accesibilidad es un trabajo que se venía llevando adelante desde distintos sectores de la Agencia Nacional de Discapacidad, muchos de los cuales hoy ven paralizada su actividad como consecuencia de los despidos masivos.
Un ataque directo a los derechos de colectivos históricamente oprimidos
En concordancia con lo expresado por el presidente Javier Milei el martes 26 de marzo en el Foro Económico Internacional de las Américas, donde destacó haber echado a 50 mil empleados públicos y que preparaba una ola de 70 mil contratos menos, en la ANDIS hubo dos tandas de despidos fuertes: uno en febrero y otro en marzo: “despidieron 170 cada vez y luego, en junio, 8 despidos más”.
“Los despidos son al boleo. Nos notificaron por Mail o WhatsApp. Despidieron a personas con Certificado Único de Discapacidad, personas trans y mujeres embarazadas, todos despidos ilegales y que se contradicen con el mismo objetivo de ser del organismo. También a personas que estaban con licencias psiquiátricas, de vacaciones, gente que estaba a un mes de jubilarse, delegados/as sindicales”, expresaron. Y agregaron que “esto es muy grave porque muchas de las tareas que llevaban adelante esas personas no las hace nadie más. Hay servicios que han dejado de operar o que se ven severamente perjudicados.
Nosotros queremos visibilizar que no se trata únicamente de un ataque a los derechos de las personas con discapacidad, también de transplantados y de personas mayores. Hay un entrecruzamiento entre discapacidad y adultez. Una forma de adquirir discapacidad es crecer”, detallaron. Señalaron que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de la Ablación e Implante (INCUCAI) tiene sede en la sede central de la ANDIS. Además, las personas transplantadas son beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad. También hablaron de personas con enfermedades raras o poco frecuentes que “terminan siendo discapacitantes porque no hay forma de abordarlas”, de personas electrodependientes, etc.
“Decimos que el Estado se está retirando de sus obligaciones con colectivos históricamente oprimidos y/o vulnerados porque vemos que hay más despidos en ciertos tipos de organismos y también en áreas en específico dentro de los mismos. Le dan al ANDIS, al INADI, al Ministerio de Mujeres, a las áreas del Estado que se encargan de las políticas de Derechos Humanos, todos tienen mucho trabajo en un sentido reparatorio. El presidente dice querer destruir el Estado. Nosotros caracterizamos que, en realidad, sólo lo fortalece en materia represiva, persecutoria, que invierte la carga de la prueba en todo: vos tenés que demostrar que sos inocente”.
Por último, enfatizaron en que “las políticas públicas en discapacidad las hacen los trabajadores y trabajadoras. En este momento, la ANDIS no informa sobra las políticas públicas que está llevando adelante. Los despidos masivos se ven acompañados de recortes en pensiones, eliminación de programas de accesibilidad, cierres de por lo menos 59 sedes en todo el país. Son ejemplos Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes, localidades de la provincia de Buenos Aires que han cerrado por los despidos masivos”.
Conferencia de prensa «contra la desidia del Estado Nacional»
En este sentido, desde la Asamblea Discas en Lucha convocó a una conferencia de prensa el lunes 30 de septiembre a las 17:30 en Rivadavia 879 (CABA) para “denunciar públicamente el avasallamiento del sector y el vaciamiento de la ANDIS”, de la cual participarán también trabajadores despedides de la agencia. La conferencia de prensa apunta a visibilizar cómo las políticas “eugenésicas” del gobierno de Javier Milei afecta a cada colectivo en particular.
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