El gobierno nacional redobla su fuerte disputa con los gremios aeronáuticos y diseña su estrategia para avanzar hacia la privatización o un eventual plan de concesión para la operatoria, sin pasar por el Congreso. Por Mario Hernández
En ese contexto, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo se reunieron ayer con representantes de la aerolínea brasileña Gol, luego de que ya entablaron contactos con Fly Bondi y tienen previsto hacer lo propio con Jet Smart, la otra low cost que opera en la Argentina.
“El Gobierno le pone límites al señor Biró y a su gremio de pilotos, que desde sus lugares de privilegio no se cansan de perjudicar a los argentinos”, se señaló desde la Jefatura de Gabinete en redes sociales.
De acuerdo a lo que señalan, la intención es “buscar alternativas y evitar que se siga dañando a los sectores productivos, al turismo y a todos los argentinos que se vieron impedidos de llegar a sus destinos”.
El proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas estaba integrado en la primera versión de la ley Bases que presentó el gobierno nacional en el verano, pero luego de varias instancias de negociación, se resolvió quitarla de la lista de empresas susceptibles de ser privatizadas, con la posibilidad de dejar para más adelante una discusión que varios espacios estaban dispuestos a dar. Hernán Lombardi, uno de los diputados del PRO más cercanos a Mauricio Macri, presentó un proyecto para privatizar la compañía.
“Soy optimista de que este es el momento para privatizar Aerolíneas Argentinas”, dijo el exfuncionario, en línea con un mensaje que difundió Macri esta semana en el que habla de un “plan de desarme urgente” y plantea incluso el inicio de un “proceso de quiebra” para reestructurar la empresa esquivando los convenios colectivos vigentes en materia laboral al forzar un cambio de manos.
La maniobra del Gobierno también apunta a desactivar al menor nivel posible el poder de los gremios y por eso quiere correr a Pablo Biró, del sindicato de pilotos, del directorio de la compañía, y para ello convocó a una reunión el 16 de octubre en la que sería el principal tema a tratar. Los gremios realizaron una medida de fuerza por 24 horas el fin de semana pasado y mantienen la amenaza de repetir el paro si no se avanza en las conversaciones con el Gobierno.
«El Gobierno y la empresa han roto todos los puentes de comunicación»
El secretario de prensa de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), Juan Pablo Mazzieri, acusó al Gobierno de Javier Milei y a los directivos de Aerolíneas Argentinas de “romper todos los puentes” de negociaciones y diálogo con los trabajadores para levantar un conflicto que, aseguran, es exclusivamente salarial.
Reveló que esto se refleja en los resultados de la asamblea que tuvieron este jueves, cuando más de 400 pilotos votaron, de forma unánime, con “profundizar” el conflicto, mostrando “hartazgo” por la “forma de abordar el conflicto con una virulencia mediática sin precedentes”.
En este sentido, aseguró que mucho tiene que ver “con la decisión de modificar la normativa de esencialidad por no querer sentarse a negociar y hacer una propuesta acorde”. “Así que estamos en un escenario crítico. Se han roto todos los puentes de negociación de comunicación. Está parada la negociación”, afirmó.
En este sentido, habló sobre los aprietes del Gobierno, que amenaza con privatizar la empresa emblema y aseguró que “seguramente el argumento no lo van a decir” hasta que se vea “quién se quiere quedar con el negocio”.
“Están apuntando a una privatización, a una venta, a vender las rutas. AA es una empresa de primerísimo nivel sin ningún inconveniente. Eligieron profundizar el conflicto salarial porque prefieren transferir la empresa”, añadió.
Y dijo: “Nosotros no queremos ser el ariete que usa el Gobierno para la privatización. Lo nuestro es el pedido de recomposición salarial. El Gobierno decidió profundizar. Nunca tuvimos esta experiencia con un Gobierno. El mismo presidente de la empresa hablando como habla de los trabajadores”.
Para los próximos días, confirmó que el fin de semana la actividad funcionará con normalidad, pero aseguró que lo más probable es que en el futuro inmediato, si no se resuelve el conflicto, las medidas de fuerza vuelvan con mayor intensidad y duración.
Denuncia penal contra Pablo Biró
Las tensiones entre el Gobierno nacional y los gremios aeronáuticos se materializaron el miércoles en una denuncia penal contra Pablo Biró, secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En este contexto, un grupo de sindicatos aeronáuticos reconoció que el conflicto en Aerolíneas Argentinas se profundiza día a día y apuntaron en particular al titular de la entidad, Fabián Lombardo, a quien descalificaron por su supuesto «rol de marioneta», adjudicándole una posición funcional al oficialismo.
Manifestaron los gremios en el extenso escrito, titulado «El Gobierno busca un cierre autoinfligido de Aerolíneas Argentinas».
Por otra parte, llamaron la atención sobre «2 hechos» que marcaron un escenario adverso para los trabajadores del sector. En primer lugar, se refirieron a la renuncia del gerente de operaciones de Aerolíneas, Gustavo García Lemos, atribuida según los líderes sindicales al despido «arbitrario» de tres pilotos.
En ese sentido, pusieron énfasis en que la empresa no puede prestar servicios con dicha posición «acéfala».
Como segundo elemento que habría detonado el conflicto de los trabajadores del sector, el comunicado cuestiona «las verdaderas intenciones» de Fabián Lombardo, a quien acusan de remover “cualquier instancia o persona que trabajara en favor de los intereses y el funcionamiento virtuoso de la aerolínea”.
Además, afirmaron que los trabajadores están dispuestos a pelear por la continuidad de sus puestos de trabajo «hasta las últimas consecuencias», una declaración consustancial con los dichos de Pablo Biró, cuando deslizó que el servicio podría verse afectado por la profundización del conflicto: “Esto se va a poner mucho peor…”.
«No vamos a negociar nuestra dignidad ni a ceder ante un proyecto destructivo y precarizador, cuya única meta es disciplinar, someter y reducir para poder vendernos a sus socios extranjeros”, anunciaron los aeronáuticos.
Trabajadores de ATE/ANAC pararon el jueves
Los trabajadores vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dependientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pararon el jueves en reclamo por la “preocupante situación salarial” en el sector y en “rechazo a los despidos”, pero la medida de fuerza “no afectó la seguridad de las operaciones aéreas”, según aclararon fuentes oficiales.
Según informó ATE, el cese de la prestación de servicios se realizó en dos etapas: entre las 6:00 y las 12 :00y entre las 17:00 y las 22:00. Durante ese período se garantizaron solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado.
Los empleados de ATE/ANAC son los encargados del control terrestre de las aeronaves y si bien se denominan a sí mismos como “controladores aéreos”, no cumplen las tareas específicas del control de tráfico aéreo, que está en manos de los trabajadores de ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), que se encuentran en el marco de la Conciliación Obligatoria determinada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Desde el Gobierno nacional indicaron mediante un comunicado, que “el paro anunciado para mañana jueves por ATE-ANAC es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”.
Y especificaron que “de momento no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo”.
El secretario general de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, había señalado que: “Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo eso sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto”.
Aclara que “a diferencia de lo que dicen en algunos medios, nosotros no venimos con un escenario de conflicto por motivos políticos o partidarios, el conflicto se da porque se han producido despidos y situaciones que han puesto, de alguna manera, luces de alerta en nuestra organización”.
El Gobierno oficializó la esencialidad de los vuelos aerocomerciales
«De ahora en más se seguirá el siguiente proceso: si una empresa (Aerolíneas, Intercargo) quiere hacer paro debe avisar con 5 días de anticipación. Se forma una comisión que en 24 horas deberá definir los vuelos que se mantendrán durante la medida de fuerza, que no pueden ser menor al 50% de los vuelos afectados durante la huelga», explicó Federico Sturzenegger.
Con esta resolución el gobierno nacional redobla su fuerte disputa con los gremios aeronáuticos y diseña su estrategia para avanzar hacia la privatización o un eventual plan de concesión para la operatoria, sin pasar por el Congreso.
Al respecto, el Frente de Izquierda Unidad presentó un Proyecto de Ley para derogar los decretos del Poder Ejecutivo 825/2024 y 831/2024, que fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial, y que tienen por objetivo atacar el derecho a huelga de los trabajadores.
«Presentamos en Diputados un proyecto de Ley para derogar los decretos 825 y 831/2024 que declaran “servicio esencial” al transporte aéreo civil y comercial. Esos decretos buscan impedir por todas las vías posibles las medidas de fuerza de las y los trabajadores aeronáuticos», expresó el diputado Nicolás del Caño, autor del proyecto, junto al resto de sus compañeros y compañeros de bancada, Christian Castillo, Alejandro Vilcas, Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer.
El decreto 825/2024 declara «servicio esencial» el transporte aéreo civil y comercial, en tanto que el 831/2024 estipula que de ahora en más las y los trabajadores que quieran hacer huelga deben avisar «con una anticipación de 5 días”. Además, les da un plazo de 24 horas para ponerse de acuerdo con las patronales “servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto y las modalidades de su ejecución”.
«Esta medida inicia una ofensiva general contra el derecho de huelga de los trabajadores, un derecho amparado en los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece claramente que se considera esenciales sólo al sector hospitalario, los servicios de electricidad, abastecimiento de agua, telefónicos y el control de tráfico aéreo, definiendo explícitamente que el transporte en general no está incluido», explican los diputados del FITU en el texto de presentación del proyecto.
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS