La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Abordaje Integral del Crimen Organizado, denominada “Ley antimafia”, impulsada por Patricia Bullrich: se trata de una serie de herramientas para combatir el crimen organizado, que incluye el aumento de penas y la habilitación a la ministra de Seguridad y sus colegas de las provincias a disponer detenciones por 48 horas por averiguación de antecedentes.
El expediente del oficialismo fue aprobado por 137 votos a favor y 92 en contra, y ahora pasará al Senado.
El proyecto es parte de una batería de iniciativas de La Libertad Avanza para legalizar el reforzamiento del control violento sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad y la represión a la protesta social. Enfocan su propuesta en ampliar categorías penales y años de cárcel en el marco de lo que llaman eufemísticamente “lucha contra la criminalidad organizada”.
Unión por la Patria insistió con un dictamen de minoría, en el que proponían el rechazo. “En los artículos no hay una referencia a la mafia, por lo que no es lo que se ha querido regular. Estamos frente a una ley ni ni, porque no es una mafia ni una organización criminal o asociación ilícita”, planteó el diputado nacional Ramiro Gutiérrez.
“¿Le queremos dar superpoderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza Congreso, con brutales actos de represión injustificados y la detención de 34 personas inocentes, acusados de terroristas y golpistas?”, se preguntó el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, aludiendo a Bullrich.
También exhibió una foto del gas pimienta, recordando que las fuerzas de seguridad de Bullrich reprimieron a una niña de 10 años durante el tratamiento del aumento a jubilados.
El proyecto le otorga amplias prerrogativas a “las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad” para determinar una “zona de investigación especial”, en la que pudiera actuar una asociación ilícita. Deberán trabajar en forma conjunta y respetando las competencias.
La principal facultad que tendrá Bullrich, si el Senado sanciona esta iniciativa, será detener a una persona por 48 horas por averiguación de antecedentes de cualquiera de los delitos enumerados como partes de una asociación ilícita.
De prosperar el proyecto, la ministra podrá también incautar mercadería, inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas y realizar requisas en los establecimientos penitenciarios federales.
Además, de sancionarse la iniciativa en la cámara alta del Congreso, Bullrich y sus colegas de las provincias estarían habilitados a hacer allanamientos sobre domicilios e Interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, siempre que haya autorización judicial.
El proyecto habilita a un juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, “aun sin existir condena”, a “decomisar cualquier bien que pueda formar parte de una asociación ilícita”. El bien pasará de manera inmediata al dominio del Estado nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El supuesto objetivo del proyecto de ley es combatir las diversas ramas del crimen organizado dándole al Estado “herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”, a las que define como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.
La definición es tan abstracta que pueden ser consideradas “organizaciones criminales” desde bandas narco y redes de trata hasta clubes, centros culturales, agrupaciones políticas y sindicales que, por el solo hecho de tener alguna “relación” con supuestos delincuentes son pasibles de recibir una misma calificación penal y una misma pena (de entre ocho y veinte años de prisión) que quienes manejan y se enriquecen con las llamadas “mafias”.
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