La medida fue publicada en el Boletín Oficial horas después de la movilización de estudiantes y docentes. Había sido anticipado en redes sociales
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional el 12 de septiembre de 2024, a pesar de una masiva marcha de protesta que tuvo lugar el miércoles anterior. Esta decisión quedó formalizada en el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial el jueves 3 de octubre, que establece el rechazo total del proyecto de ley registrado bajo el número 27.757. El decreto devuelve el texto al Congreso para su reconsideración.
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional explica las razones detrás del veto, subrayando que el proyecto de ley modificaba el régimen jurídico de financiamiento de las universidades nacionales, afectando partidas para gastos operativos y salarios del personal docente y no docente. El Poder Ejecutivo argumentó que la ley era “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”, ya que no contemplaba el impacto fiscal ni indicaba las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los nuevos gastos, algo exigido por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera del Sector Público Nacional.
Dicha ley establece que cualquier norma que implique nuevos gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento. El gobierno también citó el reglamento de la Cámara de Senadores, que en su artículo 126 exige que todo proyecto con implicancias presupuestarias incluya la estimación de los gastos y la fuente de financiamiento correspondiente. Según el reglamento, si esta información no es proporcionada, el proyecto no debe ser discutido en las sesiones hasta que se subsanen dichas omisiones.
El veto presidencial fue anticipado en las redes sociales a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X (anteriormente conocida como Twitter). En ese comunicado, se afirmó que Milei vetaría “el irresponsable proyecto de aumento del gasto público” aprobado por el Congreso y se reiteró que el presidente vetará cualquier proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica ni respete el equilibrio fiscal. El mensaje enfatizó la necesidad de que los legisladores actúen con responsabilidad fiscal, especialmente en un momento económico delicado para el país, y añadió que el debate sobre el financiamiento de las universidades debe abordarse en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2025.
Antes de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo criticó a políticos que participaron en la marcha
Además, en el mismo comunicado, el Poder Ejecutivo criticó a varios dirigentes políticos que participaron en la marcha de protesta del miércoles, entre ellos Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. El gobierno interpretó la participación de estos dirigentes como un intento de obstruir el plan económico del presidente, acusándolos de formar un “frente de izquierda populista” en defensa de los privilegios políticos.
El presidente Milei también utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de la movilización. En uno de sus mensajes más destacados, el mandatario afirmó que “la universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”. Esta declaración fue realizada pocas horas después de que la manifestación masiva llegara a su fin.
La marcha de protesta tuvo un alcance nacional, movilizando a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y diversas organizaciones políticas y sindicales de todo el país. Las manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades, con convocatorias que llamaban a expresar el desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley. En Buenos Aires, el acto principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde los manifestantes se reunieron en un evento encabezado por tres grupos representativos: la Federación Universitaria Argentina (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes), y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).
Esta marcha fue una de las movilizaciones más amplias en defensa del financiamiento universitario en los últimos años, impulsada por la preocupación generalizada en el sector educativo sobre las consecuencias del veto presidencial. Las universidades nacionales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, han advertido sobre el impacto que tendrá la falta de recursos adicionales en su capacidad de funcionamiento, así como en el salario de sus trabajadores.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei ha defendido la medida como un paso necesario para mantener el control de las finanzas públicas y evitar un aumento del gasto que, según argumentan, carece de respaldo financiero. En la visión del gobierno, cualquier ampliación presupuestaria debe estar acompañada de un análisis riguroso sobre la sostenibilidad fiscal, un aspecto que, según su postura, no fue abordado adecuadamente por el proyecto de ley vetado.
El debate sobre el financiamiento de las universidades continúa siendo uno de los temas centrales en la agenda política del país, mientras sectores de la oposición y del oficialismo se mantienen en posiciones enfrentadas. Mientras tanto, el Congreso deberá decidir si buscará insistir en el proyecto o si optará por modificarlo para incorporar los cambios requeridos por el Poder Ejecutivo.
Credito IProfesional
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