La diputada nacional y pastora evangélica de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta, volvió a filtrar anoche en su cuenta oficial de X un proyecto de ley y un decreto reglamentario que aseguró fueron diseñados por los legisladores de su bancada y por el Padre Javier Olivera Ravasi, hoy separado de la Diócesis de Zárate-Campana y actualmente de paseo por los Estados Unidos. Según Arrieta, la idea de esta propuesta era presionar “a los jueces para dejar en libertad a los genocidas”.
Luego de haber publicado una serie de chats para mostrar la “cocina” de toda la actividad de los libertarios, de Olivera Ravasi y Patricia Bullrich, anoche publicó el proyecto ya redactado en varias capturas de pantalla en su cuenta. “Ayer (por el sábado) publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA) para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, escribió Arrieta.
En el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que menciona Arrieta, se postula: “Artículo 1: Incorpórese el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘8) Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento mediante acto procesal de la comisión de un delito y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
Mientras que en el decreto reglamentario se establece que el máximo se fije en 25 años el período para que el Estado pueda arribar a una sentencia definitiva en una acusación penal contra cualquier persona, y que vencido el plazo dispuesto en el decreto, proponen que opere “la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313”.
“El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso de que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, amplía el primer apartado.
El segundo artículo del decreto proyectado aclara, en tanto, que “la garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente”.
La diputada, a punto de ser expulsada del bloque de LLA, trató de dejar afuera al presidente Javier Milei al aclarar que el “intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad no es la agenda del presidente Milei. Tengo absoluta claridad de que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.
El sábado, este portal publicó los escandalosos chats que pertenecían a un grupo de legisladores donde se encontraban Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Alberto Arancibia, los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi, así como también Guillermo Montenegro, Santiago Santunient, entre otros. Según las palabras de Arrieta, el chat había sido creado por el Padre Javier Ravasi, responsable de un grupo llamado Fundación San Elías, con muchos elementos de manipulación sobre sus víctimas y que el Vaticano tiene en la mira.
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