La Justicia cuenta con imágenes contundentes del ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, donde se observa a gendarmes alentándose mutuamente durante la represión. Las filmaciones muestran con claridad el momento exacto en que el cabo Héctor Guerrero disparó directamente al rostro del reportero gráfico. Sin embargo, pese a la gravedad de las pruebas, la causa avanza con lentitud en el juzgado de María Servini, sin que hasta el momento se haya citado a declarar al autor material del ataque. Por Rosa D’Alesio, para La Izquierda Diario.
La causa judicial por el grave ataque al fotoperiodista Pablo Grillo -quien recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza durante la represión a una movilización de jubilados el 12 de marzo- cuenta con pruebas clave que implican a efectivos de la Gendarmería Nacional y altos funcionarios del gobierno. Entre las evidencias entregadas por Gendarmería a la jueza María Servini, tras reiterados pedidos, se encuentran imágenes que capturan el momento exacto en que el cabo primero Héctor Guerrero disparó de forma horizontal, pese a que el reglamento prohíbe dirigir las armas lanzagases hacia personas por riesgo de muerte.
Las filmaciones no solo muestran la posición y actitud corporal del agente durante el hecho, sino que también evidencian la complicidad de otros gendarmes, entre ellos uno que llevaba una cámara GoPro y que aprobó la acción de Guerrero dándole un golpe en el hombro. Los audios registrados revelan, además, el lenguaje violento utilizado por los uniformados: frases como «No le perdonen», «Hijos de puta» e incluso expresiones de celebración, como «Estamos excelentes, más que bien», tras dejar a Grillo gravemente herido. En las imágenes también se observa la cantidad de disparos indiscriminados contra los manifestantes, el uso desproporcionado de gases -que incluso afectaron a los propios efectivos- y la falta de atención médica inmediata. Pablo Grillo fue finalmente auxiliado por manifestantes.
Pese a la gravedad de las imágenes y las pruebas presentadas por la querella (integrada por el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos), el juzgado a cargo de Servini no citó a declarar a Guerrero, a pesar de que su identificación es indiscutible. Tampoco profundizó en la responsabilidad de los mandos políticos, como la ministra Patricia Bullrich, quien impulsó el operativo bajo su cuestionado «protocolo antipiquetes».
Los videos no solo confirman el uso desproporcionado de la fuerza, sino también el clima de ensañamiento contra manifestantes. Disparos indiscriminados de balas de goma y gases lacrimógenos y celebraciones entre efectivos tras reprimir. Falta de atención médica inmediata para las víctimas, como Grillo, que debió ser auxiliado por manifestantes.
Responsabilidades individuales e institucionales
Héctor Guerrero, cabo de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería, fue identificado como autor material del disparo. Su legajo confirma que conocía las normas sobre uso proporcional de la fuerza, lo que agrava su responsabilidad.
La querella, patrocinada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, lo acusó por tentativa de homicidio agravado y abuso de autoridad. También solicitó investigar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a Claudio Brilloni (director de Gendarmería), entre otros mandos a cargo del diseño y ejecución del operativo.
En diálogo con La Izquierda Diario, la periodista Adriana Meyer -una de las primeras en acceder a las nuevas evidencias- analizó el contexto de violencia estatal: «El gobierno de Bullrich y Milei despliega cada miércoles una represión sistemática frente al Congreso: gases lacrimógenos al rostro, golpes y hasta balas de goma que le costaron un ojo al abogado Matías Aufieri del CeProDH».
Meyer denunció el costo de esta maquinaria represiva: «60 millones por operativo, una cifra que a nadie parece importarle».
Además, cuestionó la lentitud de la causa que se encuentra en manos de la jueza María Servini y destacó que “por fin ordenó pericias médicas para determinar el daño causado, mientras que Gendarmería, tras la presión ejercida por el CELS y la abogada Claudia Cesaroni, entregó las filmaciones que documentan el momento exacto en que el cabo Guerrero atacó al fotógrafo”.
Esta semana, la jueza Servini solicitó pericias médicas para determinar las secuelas permanentes de Grillo (actualmente en terapia intensiva con hidrocefalia):
- Si existen secuelas neurológicas permanentes.
- Si las heridas requirieron impacto directo (lo que confirmaría la intencionalidad).
- Si las lesiones por el disparo pusieron en riesgo su vida.
Recolección de pruebas digitales
El Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá: Recuperar fotos y videos de redes sociales, portales periodísticos y cámaras de seguridad. Identificar a efectivos de Gendarmería y Policía Federal presentes en la zona donde Guerrero disparó a Grillo.
En el operativo que se llevó adelante el 12 de marzo, además de Pablo Grillo, resultaron heridos Jonathan Navarro, quien perdió un ojo por un disparo de Prefectura. Además de decenas de heridos, incluida la jubilada Beatriz Blanco.
Las pruebas desmienten la versión oficial de Bullrich sobre el «cumplimiento de manuales».
Pablo Grillo necesitará una nueva cirugía por hidrocefalia
El fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue gravemente herido durante la represión a una marcha de jubilados frente al Congreso el 12 de marzo, deberá someterse a una nueva operación para tratar un cuadro de hidrocefalia, consecuencia del impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por la Gendarmería.
Según informó su familia en un comunicado difundido en X (Twitter), Pablo ya había sido intervenido la semana pasada para detectar la causa de una pérdida de líquido. Aunque lograron controlar las fístulas, los médicos descubrieron que el traumatismo generó hidrocefalia.
Inicialmente, se esperaba su alta para el 13 de mayo, tras dos meses de internación en el Hospital Ramos Mejía, pero tres días antes comenzó a perder líquido nuevamente, lo que obligó a reprogramar la cirugía.
En las últimas semanas, Grillo había mostrado una notable mejoría: logró caminar por sus propios medios y dejó de necesitar calmantes. Sin embargo, sigue en terapia intensiva desde el día del ataque, cuando un gendarme identificado como Héctor Guerrero lo hirió con un disparo a corta distancia, según una investigación del Mapa de la Policía.
Su familia denunció que, hasta ahora, no han recibido contacto del Gobierno para solidarizarse con su situación. Junto a organismos de derechos humanos, exigen que se identifique a los responsables y se garantice justicia para que el ataque contra el trabajador de prensa no quede impune.
Grillo continúa su recuperación mientras enfrenta nuevas complicaciones médicas derivadas de la violencia estatal.
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