Como todos los miércoles, la Policía Federal —bajo órdenes del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich— reprimió brutalmente a jubilados que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso. Algunos de ellos superan los 80 años y exigen, simplemente, una jubilación digna para no morir en la indigencia. La represión de ayer dejó 82 personas heridas y 4 detenidas, entre ellas periodistas que cubrían la movilización.
La violencia se recrudece semana tras semana. Esta vez, la policía actuó con especial saña contra los fotógrafos y camarógrafos que registraban los abusos. Fueron detenidos con violencia Tomás Cuesta, Leandro Cruzado, Pablo Luna y Javier Iglesias. Según informaron allegados a través de redes sociales, el primero fue liberado, mientras que los otros tres fueron trasladados a la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde permanecieron detenidos durante la noche.
Antes de la represión, se celebró una misa ecuménica organizada por sacerdotes católicos y pastores evangélicos, quienes denunciaron la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.“No puede ser que se siga atacando cada semana a las y los jubilados que están llevando adelante un reclamo justo”, expresó el padre Paco Olveira, quien ya fue golpeado en dos marchas anteriores.
Sin aumento ni bono: el desprecio institucionalizado
Mientras en las calles se golpea a jubilados, en el Congreso el oficialismo bloqueó cualquier intento de mejora económica. Los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y varios aliados —entre ellos representantes del PJ de Córdoba (Martín Llaryora), Catamarca (Raúl Jalil) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora)— evitaron dar quórum para tratar un proyecto que planteaba:
Un aumento del 7,2% en las jubilaciones mínimas.
La actualización del bono complementario, actualmente congelado en $70.000 por decisión presidencial, para elevarlo a entre $100.000 y $115.000.
El objetivo era aliviar mínimamente la situación de quienes hoy no llegan a cubrir la canasta básica, pero el bloque oficialista y sus aliados decidieron impedir incluso el debate.
También frenaron la investigación sobre $LIBRA
Además del ajuste previsional, el oficialismo logró boicotear la conformación de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, considerado por varios sectores como la mayor estafa financiera impulsada desde la presidencia con criptomonedas. El proyecto de comisión contaba con apoyo transversal, pero fue paralizado por la misma mayoría que negó mejoras a los jubilados.
El panorama es desolador: jubilaciones que no alcanzan ni para sobrevivir, un bono que no se actualiza desde hace más de un año, represión violenta a adultos mayores, periodistas detenidos, y un Congreso que mira para otro lado.
La política de este gobierno hacia los sectores más vulnerables se resume en una palabra: crueldad.
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