Desde la Coordinadora por el Cambio Social lanzaron la iniciativa para que los aportes de políticos, jueces y empresarios costeen la compra de bienes e insumos para los establecimientos barriales que se encuentran sin apoyo del Estado Nacional. La Coordinadora por el Cambio Social impulsó la conformación de un Fondo Alimentario financiado a partir de la quita de privilegios a distintos sectores de la “casta” política, judicial y empresarial del país. Por ANRed.
“Proponemos la creación de un Fondo Alimentario de Emergencia para comedores comunitarios y barriales, con el objetivo de garantizar el financiamiento de políticas alimentarias para los sectores más golpeados por la crisis (como las niñeces y los jubilados), mejorar la calidad nutricional y promover la producción de alimentos de cooperativas y productores locales», aseguraron desde la Coordinadora por el Cambio Social.
¿Con qué se financiaría la propuesta? Según indicaron, habría tres fuentes de recursos.
La primera, a partir del descuento del salario a diputados, senadores y funcionarios que cobran entre 4 y 7 millones de pesos, así como a la quita de exenciones del impuesto a las ganancias a jueces.
La segunda fuente de financiamiento plantea dar de baja el régimen que beneficia a la llamada “economía del conocimiento” por el cual empresarios como Marcos Galperín, de Mercado Libre, recibieron entre 2022 y 2023 unos 100 millones de dólares por parte del Estado Nacional. “Nuestras compañeras que sostienen la ollas de miles de pibes y trabajan en las cooperativas barriales que garantizan la limpieza o el mantenimientos de nuestros barrios ven cómo tienen su salario congelado mientras Galperín se lleva millones del Estado. Hay que empezar a hablar de la verdadera casta y de los planeros de guantes blancos, los verdaderos responsables de la situación que atravesamos”, aseguró Damaris Rolón, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), uno de los movimientos integrantes de la Coordinadora por el Cambio Social.
Y la tercera fuente de financiamiento, plantea reestablecer un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios cuyos montos superen el valor de los 100 millones de pesos.
“Hoy día el Congreso está teniendo centralidad en la agenda de debate de la política local, pero la situación de los barrios populares está quedando de lado, no se habla o se habla poco. Todo parece quedar envuelto por entongues entre gobernadores y el presidente mientras las jubiladas y jubilados se mueren de hambre, y las niñeces son hipotecadas a lo peor de la miseria. Milei estafó a sus votantes, la crisis la está pagando la clase trabajadora y no la casta. Nuestra propuesta plantea lo contrario, que los grandes beneficiarios de este sistema se hagan cargo del ajuste”, agregó Rolón.
La medida se justifica en el vaciamiento de los comedores comunitarios realizado por el Ministerio de Capital Humano y por el contexto donde el 55% de la población es pobre, y el 20% indigente. Además del millón de pibes y pibas que se van a dormir todas las noches sin cenar, según cifras de UNICEF.
La idea de la propuesta es que se discuta con todos los agrupamientos de movimientos sociales que existen en la actualidad, sea Territorios en Lucha (del que la Coordinadora es parte), el Frente de Lucha Piquetero o la UTEP. “Necesitamos empujar un plan de lucha unitario que frene este plan económico de saqueo y destrucción. Con nuestras diferencias, necesitamos la más amplia unidad”, concluyó Rolón.
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