Javier Milei ordenó acelerar el proceso de privatización de las empresas que hoy se encuentran bajo la órbita del Estado Nacional: al primer lote lo integran 59 compañías que están siendo analizadas en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Martín Chaher.
Según revela hoy Ámbito.com, estas 59 empresas que conforman el primer conjunto -la intención oficial es ampliar “mucho más” la cantidad de compañías- corresponden a 11 jurisdicciones del organigrama estatal. Chaher reporta a Santiago Caputo, y su oficina se encuentra en la misma área en donde trabaja el asesor presidencial.
En Casa Rosada admiten que en este proceso se entrecruzan intereses económicos con distintos niveles de decisión política. “Hay muchas voces opinando”, señalan. Es más, hay quienes consideran que “sería necesario contar con un Roberto Dromi” en referencia a quien fuera el “ministro privatizador” del gobierno de Carlos Menem, y que contó con un gran respaldo político para impulsar las privatizaciones.
En el entorno del presidente aseguran que con las privatizaciones se cerrará “una fuente de ingresos de los políticos corruptos”. Milei considera que el traspaso a manos privadas de las empresas hoy manejadas por el sector público es una parte fundamental de su lucha “contra la casta política”. Es más, explican en el entorno presidencial, “aunque la empresa sea superavitaria, igual se traspasará al sector privado porque si siguiera en la órbita pública, los políticos corruptos volverían a hacerla deficitaria”.
Las compañías bajo estudio son, entre otras, Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, media docena de empresas de ferrocarriles, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de la Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor, Aguas y Saneamiento (AySA) y la Televisión Pública.
El criterio que manejan las autoridades a cargo del área va más allá del simple proceso de privatización. De manera sintética, apunta a analizar la situación de cada una de estas empresas, ver qué segmentos tienen valor y evaluar las mejores formas para que estas actividades pasen al sector privado.
El Gobierno contempla seis mecanismos para decidir el destino de estas empresas:
– Privatización – IPO (siglas en inglés de Oferta Pública Inicial, proceso para recaudar fondos a través de una cotización en el mercado de valores). Podrá ser total o parcial, venta de acciones, aumento de capital, licitación u oferta pública.
– Concesión (empresas o unidades)
– Transformación (escisiones patrimoniales, venta de activos prescindibles, cesión de unidades no estratégicas).
– Cesión (a las provincias)
– Cierre (cierre operativo, liquidación, fusión por absorción)
– Socios estratégicos (contratos asociativos)
Por lo pronto, la Agencia se plantea tres etapas en este proceso. Uno, identificado como “Definición” contempla un período de 2 a 3 meses en los que la tarea consiste en el cierre de balances, se establecen las modalidades para el proceso de privatización, el plan de negocios y la contratación de asesores.
La segunda, denominada “Preparación”, consistente en la publicidad del llamado a los interesados, la presentación y la evaluación de ofertas. También en un lapso de 2 a 3 meses.
El proceso termina con la “Ejecución” consistente en la Recomendación de adjudicación, los dictámenes oficiales, la adjudicación y la atención de las eventuales impugnaciones (1 a 2 meses).
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