Mientras continúa el escándalo por la filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre hechos de corrupción y coimas en el área de discapacidad que alcanzan a la mismísima hermana del presidente, Karina Milei, el viernes pasado el juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N°2 de la provincia de Catamarca, hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a la ANDIS restablecer «de manera inmediata», en un plazo no mayor de 24 horas, las pensiones no contributivas por invalidez que el organismo suspendió, además de pagar los haberes retenidos a sus titulares. En la misma línea, el magistrado le prohibió a la ANDIS seguir adelante con las auditorías hasta que no aclare el mecanismo que utiliza para realizarlas. Si bien la cautelar solo alcanza a quienes son titulares de pensiones por discapacidad y viven en la provincia de Catamarca, sienta un precedente importante. Por ANRed.
El pasado viernes 12 de septiembre, El Juzgado Federal N°2 de la provincia de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar a una medida cautelar colectiva y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo no mayor de 24 horas, las pensiones no contributivas por invalidez que suspendió y que pague los haberes retenidos a sus titulares.
En la misma línea, el magistrado le prohibió al organismo gubernamental seguir adelante con las auditorías hasta que no aclare el mecanismo que utiliza para realizarlas. En tanto, el dictamen del juez respalda el fallo previo del fiscal federal Santos Reynoso, quien ya había señalado la urgencia de restablecer estos derechos vulnerados.
El amparo había sido presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca , Dalmacio Mera, y varios ciudadanos particulares. En el mismo, denunciaron que el decreto que disponía el recorte y bajas de las pensiones, al derogar normativas anteriores y establecer criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones (como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado), era inconstitucional. Asimismo, argumentaron que las barreras de acceso impuestas por el decreto contradicen directamente los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.
Imagen: Nicolás Ramos (ANRed).
Finalmente, consideraron que la metodología de las auditorías fue «irregular y lesiva», y detallaron otras irregularidades, como notificaciones defectuosas; excesiva distancia entre los domicilios de los pensionados y los centros de atención, lo que implicó «una carga irrazonable» para muchos beneficiarios; la escasa antelación de los avisos para presentarse y los plazos exiguos para asistir a la revisión; e, incluso, que cuando las y los pensionados se presentaron a las auditorías, no había personal disponible para realizarlas.
Si bien la cautelar solo alcanza a quienes son titulares de pensiones por discapacidad y viven en la provincia de Catamarca, sienta un importante precedente, en medio de la crisis que vive el Gobierno nacional y la ANDIS, sumergidos en el escándalo de coimas y corrupción que salpica al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo «Lule» Menem; y a uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Emmanuel Kovalivker; tras los audios filtrados del ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que los involucra.
En declaraciones a C5N, el magistrado enumeró las múltiples irregularidades en las que incurrió la ANDIS para avanzar en la suspensión indiscriminada de las pensiones y cuestionó la manera en que se hicieron. Asimismo, remarcó que se hicieron en «un contexto nacional en el que se ha sido cuestionado a lo largo y ancho del país la forma en que se han suspendido las pensiones no contributivas por invalidez en el marco del Decreto 843/2024 y con ese procedimiento se dieron suspensiones masivas».
Por lo cual decidió hacer lugar al amparo ante «el peligro de la demora, de que esto se dilate, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, entendiendo que no podía demorarse porque estamos ante un colectivo vulnerable que no puede esperar a que tenga una resolución administrativa, judicial, sin que se de una respuesta clara«.
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