Los ataques en varias direcciones impulsados por el gobierno nacional no terminan de acercarse al objetivo propuesto a inicios de la gestión: desarticular las organizaciones territoriales. Para peor, la crisis parece acelerarse y nada indica un mejoramiento de la situación antes de diciembre, el mes “caliente” del año. El plan de Capital Humano parece desgastarse semana a semana, mientras el activismo barrial se reagrupa para redoblar las luchas contra el vaciamiento de las políticas sociales. La moneda sigue en el aire, el tema es hasta cuándo. Por Nicolás Salas para ANRed.
La ofensiva anti-movimientos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pareciera entrar en un cuello de botella. Si bien logró diezmar el poder de fuego de los “intermediarios”, el objetivo de desarticular definitivamente a las organizaciones territoriales no estaba a la vuelta de la esquina como suponían.
Durante su paso por la Secretaría de Niñez de Nación, Joaquín De La Torre vociferaba puertas adentro que los movimientos sociales tenían fecha de vencimiento y era en junio pasado. En poco menos de siete meses pretendían dar de baja una de las representaciones más importante que se han construido en el país en lo que hace a la discusión de la pobreza y el desempleo. Si bien lograron avances, como por ejemplo disminuir la masividad de las movilizaciones, el cometido propuesto pareciera volverse distante o al menos entrar en un letargo sin un punto de llegada fijo.
La iniciativa gubernamental, articulada en coordinación entre las carteras de Capital Humano, Seguridad y Justicia, se viene sosteniendo sobre una estrategia de cuatro patas. La primera se estructuró a partir del vacío impuesto en las políticas públicas que se expresó en el congelamiento salarial de los planes sociales (quedó estanco en $78 mil), la cancelación de envíos de alimentos a los comedores comunitarios y la baja mayoritaria de las líneas de financiamiento para cooperativas y planes de obra en barrios populares. En simultáneo se dio lugar a la segunda pata que apuntó a reforzar los ataques mediáticos que paradójicamente ya venía llevando a cabo algunos sectores del peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández. La tercera pata, a cargo de la ministra Bullrich, fue la represiva y tuvo su inicio en el protocolo antipiquetes y las represiones focalizadas en cada marcha piquetera. La cuarta y última pata es la judicial, iniciada con más de 18 denuncias penales realizadas por Pettovello y que persigue el fin de descabezar la dirección de los espacios territoriales, sean estos de izquierda o peronistas.
Tal estrategia se encontró con no pocos obstáculos que desaceleraron parcialmente la intentona “libertaria”. En principio puede decirse que el escenario recesivo actual, de aumento de la pobreza y la desocupación, construyó las condiciones que imposibilitaron llegar hasta el hueso de la desarticulación pretendida. La planificación gubernamental no estipuló, y por ahora no lo estipula, ninguna alternativa para las personas a las que insta a retirarse de las organizaciones. Con una pobreza que araña el 70% de la población y la pérdida de 130 mil puestos de trabajo en el sector privado, la demanda que brota de los barrios populares continuará canalizándose en una medida considerable a través de los movimientos. En 2002, Eduardo Duhalde se propuso un ataque similar, circunscripto al sector que por ese entonces se lo conocía como “combativo” o “duro”, pero a diferencia de Milei, entregó a intendentes y gobernadores más de 2 millones de planes sociales para canalizar la demanda y generar el contrapeso a los sectores que pretendía diezmar. Así y todo no le alcanzó y su fracaso quedó expuesto en la masacre del Puente Pueyrredón y las consecuencias políticas derivadas de esta como el principio del fin de la carrera política del dirigente oriundo de Lomas de Zamora.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las construcciones territoriales han logrado una importante inserción en los barrios, logrando ser un espacio de contención colectiva para aquellas familias que durante décadas permanecieron ajenas a los frutos de la década ganada o de la pobreza cero macrista. Se juegan otras cuestiones en los territorios más allá de la centralidad que pueda tener el acceso a un plan social o a un plato de comida. Los lazos solidarios y organizativos desarrollados durante años dan cohesión a los grupos que sobreviven pese a las constantes embestidas y que se mantienen en pie como referencia territorial. En algún punto, esta situación es desconocida por la clase política profesional que pretende destruir la organización territorial sin siquiera comprenderla en su complejidad.
Otro traspié gubernamental en su aspiración final se dio a partir del escándalo por la retención que Capital Humano hizo de 6 millones de kilos de alimentos. La situación no cayó bien en la opinión pública y no es para menos. Días atrás se conoció un informe de UNICEF que asegura que al menos un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar. La denuncia, iniciada por Juan Grabois, generó varios fallos contra la administración de Pettovello, quien caminó hacia un callejón sin salida al negarse, a través de apelaciones judiciales, a repartir los productos almacenados. Para peor, ya no podrá recurrir a la Corte Suprema y de una u otra forma tendrá que entregar la comida alojada en los galpones de Vicente López y Tafi del Valle. Este conflicto, junto al pago de sobresueldos en dicha cartera, amenazan con llevar al banquillo judicial a la ministra y gran parte de su equipo.
Este error no forzado y otros tantos, junto a la agudización de la recesión, viene expresándose en encuestas y sondeos de opinión que empiezan a mostrar un cambio en la subjetividad de la población, que fue rotando su preocupación de la inflación hacia la falta de empleo y el crecimiento de la pobreza.
El gobierno nota lo delicado de la situación social que en pocos meses se encontrará ante el desafío de sortear un diciembre que, por historia y actualidad, puede tornarse más caliente que de costumbre. De una u otra forma, Pettovello debe rearmar el área que ella misma fue desarmando a fuerza de despidos y renuncias forzadas de funcionarios. No son casuales los trascendidos que circularon en los últimos días respecto a reuniones que se habrían llevado a cabo entre el equipo político de la ministra y el de De la Torre para lograr una reconciliación que hasta hace un tiempo atrás parecía imposible. En ese contexto, no pasó desapercibido el nombramiento de Tomas Basil al frente de los Dispositivos Territoriales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El joven funcionario es oriundo de San Miguel, excandidato a concejal del actual intendente Jaime Méndez y un orgulloso militante de De la Torre como muestra en sus redes sociales. Todo pareciera caminar hacia la amnistía de un sector político que – estiman desde el oficialismo – les puede garantizar una mayor llegada al territorio bonaerense.
De todas formas, hay que ver como resuelve la cuestión alimentaria, uno de las diferencias que Pettovello mantenía con De la Torre, ya que este último entendía que los movimientos planteados eran muy abruptos y debían ser procesuales. Al día de hoy y ante un eventual aceleramiento de la crisis social, si Capital Humano pretendiera atender la conflictividad distribuyendo millones de alimentos a las barriadas populares no podría hacerlo sino es a través de las organizaciones sociales y algunas iglesias. Como quedó demostrado y habían advertido los movimientos, intentar hacerlo a través de la red Conin constituyó un verdadero fracaso.
¿Qué pasa en la vereda opuesta?
Del otro lado, las fuerzas territoriales debieron procesar el golpe inicial que afectó su capacidad de movilización a partir del temor infundado por el oficialismo vía amenazas represivas y de quita de planes a quienes definieran ejercer su derecho a la protesta. Ahora bien, lejos está el gobierno de lograr o acercarse a su objetivo final.
Lo profundo de la ofensiva generó una unidad de acción entre los tres espacios mayoritarios del sector como son la UTEP, Frente de Lucha Piquetero y Territorios en Lucha. No sin problemas y diferencias, este triunvirato mantiene una articulación que en un contexto determinado puede cumplir un rol importante como lo hizo en el 2001 las asambleas piqueteras en La Matanza.
Desde los movimientos sociales analizan la etapa como de reacomodamiento a una nueva etapa de acumulación y lucha. A su vez, empiezan a notar como el “hay que darle tiempo” empieza a perder fuerza en las barriadas, sin que esto implique necesariamente una traducción hacia mayores niveles de movilización y lucha, por lo menos en el corto plazo.
La discusión que atraviesan las organizaciones ronda en torno a si se llegó al piso de la caída o si este se puede perforar aún más. El rumbo de las judicializaciones y la fortuna que tengan las medidas del ministro Caputo, son determinantes en uno u otro escenario.
La presión devaluatoria del campo y el consiguiente aumento inflacionario, así como la indiferencia que viene mostrando el FMI, parecieran rumbear el barco de Milei hacia una coyuntura de mayor inestabilidad. El aceleramiento de los tiempos de la crisis pareciera arrinconar al gobierno antes dos salidas posibles; profundizar el ajuste y soportar la que venga, o entrar en un pragmatismo político económico que le permita navegar la tormenta con mayor estabilidad en el corto y mediano plazo. La moneda sigue en el aire, el tema es hasta cuándo.
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