La Audiencia en la CIDH en la que el gobierno atacó a los organismos de derechos humanos.
Iba a ser una audiencia en la que se discutiera cómo estaban las políticas de memoria, verdad y justicia durante el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, terminó siendo un escenario en el que la administración de La Libertad Avanza (LLA) mostró su repertorio, que incluye desprecio a los organismos de derechos humanos, acusaciones de que se busca una venganza contra las Fuerzas Armadas y una apelación a la “memoria completa” —como reclaman los sectores pro-impunidad—. Con Estela de Carlotto y Taty Almeida a la cabeza, los organismos de derechos humanos le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que haga una visita a la Argentina. “Les pedimos que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho”, les pidió la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
La audiencia sobre memoria, verdad y justicia comenzó puntual a las 18. En Washington había una delegación de los organismos integrada por Paula Litvachky —directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)—, Verónica Torras —directora de Memoria Abierta—, Carolina Villella —coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo— y Claudia Poblete, una de las nietas que integra la comisión directiva de la institución. Las acompañaba el escritor y docente universitario Martín Kohan.
Los pedidos de los organismos de derechos humanos
En Buenos Aires, Estela de Carlotto y Taty Almeida ocupaban las primeras butacas del auditorio de la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Junto a ellas estaban Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital, y Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo rompió el hielo recordando que habían acudido a la CIDH en plena dictadura y logrado una visita en 1979 —que sirvió para convalidar lo que los familiares venían denunciando: las desapariciones y los centros clandestinos por doquier—. “Vengo hoy, ya con 94 años, a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, dijo Estela de Carlotto.
Litvachky denunció que el gobierno tiene un “programa que busca transformar el balance social condenatorio sobre la dictadura y habilitar una mayor violencia estatal en el presente”. Pisoni habló de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos que afectan las políticas de memoria. Claudia Poblete contó que son muy pocas las Abuelas que quedan, pero que la búsqueda sigue, ya que son alrededor de 300 los nietos que aún falta encontrar. Villella, por su parte, se centró en el cierre de la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Verónica Torras habló del desmantelamiento de la política de archivos y del ataque a los sitios de memoria. “Hay verdades que están pendientes, como justicias que están pendientes. Pero incluso las que alcanzamos, a lo largo de los años, precisan ser protegidas del embate que hoy las acecha”, dijo Kohan.
La delegación del Estado argentino estuvo integrada por Sonia Cavallo —la hija del ex ministro de Economía que es embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA)—, Alberto Baños —secretario de Derechos Humanos de la Nación— y Juan Batalleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa —que conduce Luis Petri—.
Battaleme arrancó diciendo que Javier Milei encabeza un “proceso de reorganización” ante una “realidad angustiante”. En su caso, le tocó justificar el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaban en Defensa. Osciló entre la excusa de la optimización de recursos y las facultades duplicadas con el desborde ideológico. “El personal de este grupo de trabajo se presentaba como justiciero pero, en realidad, eran vengadores”, espetó. También justificó que no le dieran información a la Conadi con el argumento de que no podían permitir “excursiones de pesca” porque los legajos eran “secreto militar”. Y chapuceó cuando debió explicar por qué funcionarios de Defensa fueron de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El mayor énfasis del enviado de Defensa fue decir que “la lucha por la justicia no debe convertirse en un terreno de la venganza” y en reclamar “justicia para todos y memoria completa”. De hecho, ese eslogan tiene más de 20 años y es una respuesta al reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos.
El ataque a Madres y Abuelas
Baños arrancó su exposición confrontando con las Madres y las Abuelas. “El problema es que se consideran dueños del relato. La memoria es de todas las víctimas”, siguió el secretario de Derechos Humanos. Después dijo que los archivos estaban protegidos y que la Conadi seguía en funcionamiento pese a la desaparición de la unidad especial.
El momento de esplendor de Baños fue cuando estalló de ira al advertir que iba a exponer Jan Jarab, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur. Jarab —que ya había estado en julio en la audiencia sobre protesta social— dijo que le preocupaba la retórica de algunas autoridades que banalizan los crímenes de la dictadura.
—No sé si está compareciendo en calidad de peticionario, relator o censor —estalló Baños—. ¿Con qué derecho?
—Estaba notificado de su participación —le contestó Paula Litvachky mientras el secretario de Derechos Humanos no dejaba de refunfuñar y acusar a la CIDH de estar enjuiciando al Estado argentino.
Unos minutos después, la secretaria de la CIDH, María Claudia Pulido, le contestó que desde el 28 de octubre figuraba que Jarab iba a ser parte de la audiencia.
Todos los comisionados destacaron la labor de Abuelas, en particular, y el rol de la Argentina en la promoción de la memoria, la verdad y la justicia. “No creo que se trate de venganza esta lucha de las Abuelas”, le contestó el comisionado guyanés Arif Bulkman. Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, dijo que le preocupaban las narrativas que había escuchado de boca de los funcionarios del gobierno de Milei.
No fue la única. Al momento de responder a las observaciones del Estado argentino, Claudia Poblete contestó con agudeza. “No es una pesca ni es una búsqueda vana. Es el discurso de los perpetradores, es el discurso con el que me criaron”, dijo la mujer que restituyó su identidad en el año 2000 y con cuyo caso se logró la inconstitucionalidad de las leyes que impedían el juzgamiento de los represores.
Kohan le retrucó a Baños por hablar de “esas mujeres” frente a las Madres y las Abuelas.
—La persona que habló en primer término se llama Estela de Carlotto. Llámela por su nombre. Usted se ahorra una grosería y nosotros, una vergüenza.
Paula Litvachky denunció que lo que queda claro es que el gobierno no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y leyó un tuit que fue compartido por el Presidente en el que decía “están avisados, zurdos, después no lloren lesa humanidad”. Baños —entre queja y queja— no tuvo tiempo de responder si la Argentina aceptaba la visita de la CIDH.
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