El domingo fue un día particular. Un domingo donde, en general, en el ámbito laboral uno descansa; pero el periodista del campo popular está ahí, firme, atento a lo que pasa en los barrios, en las comunidades y en los espacios sociales que se organizan para sostener la economía popular. Este domingo 7 de junio, Día de las y los Periodistas en Argentina, la fecha nos invita a repensar el rumbo desde donde queremos comunicar en tiempos de gobiernos de derecha que buscan nuestro silencio mediante la represión y la desacreditación de nuestro trabajo diario. A casi siete años del golpe de Estado en Bolivia en 2019, el asesinato del periodista mendocino Sebastián Moro nos recuerda que la verdad, cuando desafía los intereses del poder, se paga con el cuerpo. Dialogamos con Penélope Moro, su hermana, quien nos cuenta quién fue, en qué estado se encuentra la causa judicial y nos invita a reflexionar sobre el periodismo de trinchera: ese que entiende a la información como un derecho y a la verdad como una militancia inclaudicable. Por Mario Wilmer, para
Para quienes no conocen su historia, Sebastián no fue una víctima más. Sus escritos denunciaban violaciones a los derechos humanos y no le temía al poder político de turno. Radicado en La Paz, Bolivia, y trabajando como editor del periódico Prensa Rural (órgano de prensa de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia), su último acto fue despachar la advertencia de que un golpe cívico-militar comenzaba a derramar sangre, días antes del 10 de noviembre de 2019.
El periodista argentino Sebastián Moro falleció el 16 de noviembre de 2019, tras permanecer seis días internado en una clínica paceña. Moro había sido hallado en estado de semiinconsciencia y agonía el domingo 10 de noviembre en su departamento del barrio de Sopocachi. Aunque el diagnóstico médico oficial indicó que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), su cuerpo presentaba severas marcas de golpes incompatibles con esa versión. Actualmente, la justicia boliviana mantiene la causa estancada en un letargo burocrático, limitándose a investigar presuntas responsabilidades del personal de salud, lo que, según denuncia su hermana, Penélope Moro, garantiza la impunidad política de los verdaderos responsables del crimen.
A la fecha, la investigación continúa sumida en un severo parate. Esto ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a renovar su exigencia al Estado de Bolivia para esclarecer las persistentes «circunstancias poco claras» y la contradicción entre los registros oficiales y el parte médico que evidenció politraumatismos severos.
Ante esta parálisis, la familia Moro exige que la causa sea tratada como un crimen de lesa humanidad en el contexto del golpe, demandan la recuperación de sus herramientas de trabajo robadas (como su grabador y libretas) e impulsan el avance del expediente en los tribunales federales de Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. “Seguimos esperando y reclamando justicia porque era una persona joven que tenía mucha vida por delante y a quien se le quitó la posibilidad de seguir haciendo lo que amaba, que era periodismo”, señala la también colega.
La geopolítica de la represión y la traición estatal
Mientras Sebastián agonizaba, el gobierno argentino de Mauricio Macri, bajo el mando de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, enviaba municiones y gases lacrimógenos para sostener a la dictadura de Jeanine Áñez, camuflándolos cínicamente como «ayuda humanitaria».
Esa historia amenaza con repetirse. Durante una reciente conferencia de prensa en el SERPAJ, organizada por bolivianos residentes en Argentina, las organizaciones trazaron un paralelismo alarmante. Denunciaron que el actual gobierno de Javier Milei envió supuesta «ayuda humanitaria» a Bolivia, y advirtieron sus profundas sospechas de que este envío oculte, en realidad, armamento destinado a reprimir al pueblo boliviano que resiste desde hace más de un mes en las calles.
Penélope, quien se sumó al reclamo para exigir el cese de la represión, validó estos temores recordando los oscuros días en que su hermano reportaba las protestas sociales en las urbes paceñas. Un detalle desgarrador conmovió a los presentes: mientras ella rogaba asistencia diplomática al gobierno de Mauricio Macri para repatriar el cuerpo de su hermano, las autoridades argentinas le negaban el auxilio alegando «dificultades de arribo» a La Paz. Sin embargo, ese mismo Estado sí logró aterrizar un avión cargado de armamento represivo.
Esta complicidad con las fuerzas que sostuvieron el régimen de facto en Bolivia no es una conjetura, sino el eje de una causa judicial en curso. En 2021, el Estado argentino presentó una denuncia penal contra el expresidente Macri, Bullrich y otros exfuncionarios por el envío irregular de material bélico. La acusación se sostiene en pruebas documentales directas: el entonces ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo, confirmó el hallazgo de 26.900 balas antitumulto (calibre 12/70) en un depósito policial, parte de un cargamento de 70.000 proyectiles de goma que la Gendarmería argentina había despachado el 12 de noviembre de 2019. El material fue hallado escondido en bolsas rotuladas falsamente como «guantes» y en cajas con el sello oficial de la fuerza.
Como señala Penélope Moro, este armamento fue el que el régimen utilizó para reprimir al pueblo boliviano en los mismos días en que su hermano intentaba documentar la cacería humana en La Paz. La denuncia expone una articulación que trasciende lo coyuntural: el envío de armas fue una herramienta deliberada para desarticular la organización popular. Al respecto, su hermana es categórica sobre esta traición: “La complicidad del gobierno argentino demuestra que la derecha en el sur de América Latina está completamente articulada y organizada”. Aquel contrabando funcionó como un laboratorio de ensayo y una «puerta de entrada» para los gobiernos de ultraderecha que hoy vacían nuestros países.
El puente hacia la urgencia actual
El escenario que relata la familia Moro no es un recuerdo del pasado; es la urgencia de nuestro presente. A Sebastián lo asesinaron por documentar un golpe; hoy, a los comunicadores populares nos reprimen por documentar el ajuste.
En Bolivia, bajo las actuales tensiones políticas, las fuerzas represivas siguen utilizando la violencia contra los medios comunitarios que intentan registrar los abusos territoriales. En Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, cubrir las masivas movilizaciones contra la reforma laboral o los recortes en los barrios populares significa enfrentar las balas de goma y el gas pimienta de las mismas fuerzas de seguridad que alguna vez exportaron represión.
La ética de trinchera y la organización como escudo
Frente a los monopolios mediáticos que romantizan el ajuste y criminalizan la protesta, los comunicadores villeros y migrantes oponemos otra ética. Como señala Penélope, los medios comunitarios entienden la comunicación como un derecho humano y no como un bien utilitario. El legado innegociable de Sebastián es el de «un periodismo humano que mire a los ojos, que camine en las calles».
El daño social que busca el Estado al reprimir, golpear, gasificar o detener a un periodista, es paralizar al resto mediante el terror. No olvidamos los ataques brutales hacia compañeros reporteros gráficos, víctimas del accionar de la policía bajo las órdenes de Patricia Bullrich durante las recientes manifestaciones del pueblo argentino contra la Reforma Labora, entre ellos Pablo Grillo.
Ante esa desprotección, la respuesta no es el martirio solitario, sino la conciencia gremial. “El miedo se combate con organización y en comunidad”, advierte la familia. No solo somos militantes de la palabra, somos trabajadores de prensa.
Este 7 de junio, el legado de Sebastián Moro está más presente que nunca. Porque cuando los Estados disparan, la única defensa es la organización, y lo que nunca podrán silenciar es nuestra rebeldía comunicacional.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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