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Elecciones presidenciales en Venezuela: ¿Intento de golpe de Estado o fraude?

Elecciones presidenciales en Venezuela: ¿Intento de golpe de Estado o fraude?
01/09/2024

El escritor, activista, sociólogo y director del Centro de Estudios para la Democracia Socialista Reinaldo Antonio Iturriza López analiza las narrativas contrapuestas —e inadecuadas— en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela en esta entrevista realizada por Federico Fuentes para LINKS International Journal of Socialist Renewal .


Las elecciones presidenciales del 28 de julio parecen ser una repetición de las elecciones anteriores, en las que la oposición vuelve a denunciar fraude y el gobierno vuelve a denunciar un intento de golpe de Estado. ¿Cuál es su valoración?

Permíteme en primer lugar problematizar las valoraciones al uso cada vez que se presenta una coyuntura electoral en Venezuela. Por regla general se parte de la idea, ciertamente sustentada en evidencia empírica, de que en cada contienda se enfrentan dos bandos antagónicos: el conjunto de fuerzas alineadas con el programa de la revolución bolivariana y el conjunto de fuerzas que se oponen a ese programa. Luego, el hecho de que la primera de estas fuerzas haya permanecido en el poder durante veinticinco años suele ser interpretado de diversas maneras: una parte de la izquierda tiende a valorar que las sucesivas victorias del chavismo dan cuenta de la enorme capacidad de resistencia de su base de apoyo popular, de la indudable capacidad política de su liderazgo, los cuales han logrado neutralizar los ataques del imperialismo y conjurar el retorno al poder de las fuerzas más reaccionarias. La derecha, por su parte, ha construido un relato conforme al cual solo es posible explicar la permanencia del chavismo en el poder dando cuenta de su carácter autoritario: en cada caso, y de manera invariable, se trataría de victorias electorales de dudosa o ninguna legitimidad, por fundarse en la manipulación de las masas, en el uso indiscriminado de recursos públicos en tiempos de campaña, en la inhabilitación indiscriminada de líderes de oposición o en el fraude. Hay otra parte de la izquierda que hace suyos algunos de estos planteamientos y procura, por tanto, desmarcarse del chavismo, precisamente en razón de su carácter autoritario, por su irrespeto al principio de la alternabilidad democrática, por sus maniobras contra la oposición, por la represión a las manifestaciones públicas, por el cercenamiento de las libertades, por el control de las instituciones, por sus excesos en materia económica. En respuesta, aquella otra parte de la izquierda en la que que predomina una valoración más bien positiva de la revolución bolivariana, suele denunciar el grosero doble estándar cuando se trata de abordar el tema Venezuela, señalando que aquellas situaciones que se identifican como errores, debilidades o excesos del chavismo en el poder, se tienen como normales en cualquier otro país democrático en el mundo, por no hablar del silencio que trata de imponerse respecto de lo ocurre en sociedades bajo regímenes realmente dictatoriales o frente al genocidio en Gaza, por ejemplo.

Tales son, digamos, los hechos, y las distintas interpretaciones de los hechos, descritas aquí de manera muy sumaria. Periódicamente tienen lugar unas elecciones en Venezuela, en las que se miden unas determinadas fuerzas, y una vez conocidos los resultados pasamos al momento en que entran en disputa unas determinadas valoraciones de lo acontecido, conforme al posicionamiento político de quien hace la interpretación. Es lo normal, así ha sido, y en principio todo indica que así tendría que seguir sucediendo. Pareciera que no tiene ningún sentido intentar explicarse las distintas valoraciones sobre lo acontecido, porque sabemos que obedecen a posturas políticas, etc.

Ahora bien, me parece que si hay un genuino interés por comprender lo que sucede en Venezuela hay que comenzar por problematizar lo dado, es decir, eso que asumimos como hechos indiscutibles. Y tratándose de una elecciones presidenciales, hay que poner el foco de atención no solo en las fuerzas políticas en pugna, incluido por supuesto el nefasto influjo ejercido por el imperialismo estadounidense, sino fundamentalmente en el soberano, es decir, en el depositario de la soberanía popular, en la ciudadanía.

Un primer dato a tener en cuenta es que el pueblo venezolano que acudió a las urnas electorales el domingo 28 de julio, lo hizo en un contexto de profunda crisis de representación política, con una clase política en general atravesando por su peor momento de los últimos cinco lustros: por un lado, con una clase política antichavista cargando con el peso acumulado tras sucesivas derrotas, denostada por su base social de apoyo, presa de sus contradicciones, sin un liderazgo indiscutible y aglutinante, con poca claridad estratégica, tutelada por el gobierno estadounidense, pagando el costo de unos devaneos antidemocráticos que le hicieron despilfarrar el capital político acumulado; por otro lado, una clase gobernante igualmente presa de sus contradicciones, lo que supuso una disputa en la que resultaron airosas las tendencias más conservadoras y pragmáticas, que terminaron por imponer lo que Gramsci llamaría el antiprograma de la revolución pasiva, lo que a su vez se tradujo en el hecho de que la clase trabajadora dejó de constituir la columna vertebral del bloque de fuerzas en el poder: a partir de 2016 -tras la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, una clara señal de la fractura del bloque hegemónico nacional y popular-, pero sobre todo desde septiembre de 2018 en adelante -con la aplicación de un programa económico de corte ortodoxo-monetarista-, la clase gobernante procedió a un intento de recomposición del bloque de fuerzas por arriba, con fracciones de la burguesía, creando las condiciones para la progresiva dilapidación de fuerza política por abajo. Durante la última década, enormes contingentes de lo que fuera la base popular de apoyo del gobierno se desafiliaron del chavismo, lo que significa que parte importante de la sociedad venezolana volvió a encontrarse en una “situación de vaciamiento ideológico”, para emplear la expresión acuñada por Zavaleta Mercado, un fenómeno que no ocurría en el país desde la década de 1990, por cierto un problema político de primer orden que bien supo resolver, justamente, el chavismo.

¿Cuáles son las implicaciones de lo descrito anteriormente de cara a las recientes elecciones presidenciales? Pues bien, resultaba bastante claro, en primer lugar, que ambas fuerzas acudirían a la contienda con sus respectivas bases sociales de apoyo profundamente disminuidas. En segundo lugar, que esta suerte de viraje estratégico adoptado por la clase gobernante, al que acabo de referirme, era una circunstancia que nos obligaba a poner en entredicho un dato que se da por cierto: lo electoral como terreno de disputa entre dos proyectos históricos antagónicos. En efecto, el debate programático estuvo prácticamente ausente durante toda la campaña electoral. En tercer lugar, y esto tiene que ver directamente con lo anterior, que parte importante de la ciudadanía, esa que está en “situación de vaciamiento ideológico”, ejercería su derecho al sufragio sin sentirse representada por candidato alguno. En cuarto y último lugar, que parte considerable del voto dirigido al candidato opositor estaría muy lejos de significar identificación alguna con el antichavismo, sino fundamentalmente rechazo al gobierno, y viceversa, parte del voto dirigido al candidato oficial, antes que traducirse en apoyo al gobierno, representaría un rechazo a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha.

Por más obvio que resulte, no deja de ser importante subrayar que, frente a semejante cuadro, resultaba decisivo que el árbitro electoral anunciara los resultados sin dejar el más mínimo margen de duda, garantizando además las auditorias correspondientes y publicando los resultados desagregados por mesa electoral. No solo esto no ha sucedido, sino que las explicaciones del Consejo Nacional Electoral respecto de la causa que habría impedido cumplir con sus funciones, a saber, un hackeo al sistema, han sido francamente insuficientes, por decir lo menos.

De lo anterior se desprende que a la hora de valorar lo que ha sucedido en Venezuela a partir del 28 de julio, resultan por completo limitadas las interpretaciones al uso, por fundarse, en el mejor de los casos, en lecturas superficiales, y en el peor de ellos, en el completo desconocimiento de lo ocurrido en años recientes en términos de correlación de fuerzas políticas. Se desprende, igualmente, que más allá de las versiones contrapuestas de las fuerzas en pugna -fraude e intento de golpe de Estado-, la duda razonable y, con ella, un malestar más que genuino, se han instalado en el seno de la sociedad venezolana. Las protestas populares del lunes 29 de julio guardan relación directa con esto último. Eventualmente, durante la jornada, y sin duda alguna, intervendrían ambas fuerzas: en un caso, intentando capitalizar el descontento y atizando la violencia, y en el otro, imponiendo el orden. Ciertamente, puede afirmarse que al día de hoy el orden reina en Venezuela, pero junto con la duda y el malestar persistentes.¿Por qué cree que el CNE y el Gobierno no han hecho públicos hasta ahora los detalles de las actas y el escrutinio? ¿Qué opina de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?

Recordemos las palabras textuales del titular del ente comicial, Elvis Amoroso, la madrugada del 29 de julio, en ocasión de anunciarse el primer boletín oficial: “En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho, gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente, se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD, conforme a la ley”. Pues bien, como ya te comentaba, esto no solo no ocurrió, sino que las explicaciones respecto de las causas detrás de semejante omisión han resultado francamente insuficientes.

Agregaría que la publicación de los resultados de manera desagregada y verificable no se trata de un asunto meramente técnico, sino de una cuestión realmente sustantiva: hablamos tanto de una obligación del árbitro electoral como de un derecho del pueblo venezolano, que siente que dicho derecho le ha sido escamoteado. Este es un panorama que no ha cambiado tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que validó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, al tiempo que lo exhortó a publicar dichos resultados conforme lo establecido en la ley, es decir, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación del Presidente de la República.

¿Cómo ve el papel que están desempeñando los gobiernos latinoamericanos?

Destacaría el papel desempeñado por los gobiernos de Colombia, Brasil y México, en tanto que, a mi juicio, los mueve el interés genuino por mediar entre las partes, anteponiendo el reconocimiento de la voluntad popular. Sus comunicados públicos se han distinguido, al menos hasta la fecha, por su sensatez, lo que me parece que es algo imprescindible en estos momentos. Considero correcta la posición que apunta a la necesidad de “la publicación transparente de datos desglosados y verificables”. Tal posición es coincidente con el interés de las mayorías populares en nuestro país.

Dando un paso atrás, ¿cómo llegamos a esta situación? En particular, ¿cómo caracterizaría el rumbo que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años?

Bien, he intentado aportar la que considero importante información de contexto que nos permita comprender cómo llegamos a la actual situación. Aprovecharía esta pregunta para agregar lo siguiente: comprendo perfectamente las razones por las cuales se apela con tanta frecuencia a la circunstancia del asedio económico imperialista contra Venezuela para dar cuenta del malestar popular. Es más, diría que la razón es simple: en efecto, dicho asedio ha multiplicado exponencialmente cualquier perjuicio que pudo haber provocado en la población la crisis económica previa a, pongamos por caso, las primeras sanciones contra Petróleos de Venezuela, en agosto de 2017. Hablamos de medidas punitivas e ilegales orientadas a acelerar el colapso de la economía nacional y, para decirlo sin ambages, a producir el sufrimiento y la muerte de seres humanos. Frente a circunstancias de tal naturaleza, es decir, frente a semejante situación-límite, una sociedad como la venezolana que, hay que recordarlo, viene de vivir años de intensa politización, naturalmente procedería a poner en la balanza, de un lado, los perjuicios provocados por dichos ataques y, del otro, las decisiones del liderazgo político para sortearlos. Si algo está muy arraigado en la cultura política del ciudadano venezolano promedio es la convicción de que el liderazgo político debe asumir su responsabilidad frente a los hechos, y en esto la figura de Hugo Chávez jugó un papel fundamental.

Pues bien, la manera como procedió la clase gobernante para enfrentar tales circunstancias fue construir un relato según el cual no había más alternativas que las medidas que eventualmente se adoptarían, pongamos por caso, en materia de política económica. Primera mala señal. Es decir, no habría espacios para la deliberación pública, participativa y protagónica, sobre las distintas opciones sobre la mesa, por la sencilla razón de que sobre la mesa solo había una opción. Pero, ¿y si la única alternativa ponía en entredicho el horizonte estratégico de la revolución bolivariana? Mala suerte. Instalada esta lógica de razonamiento en el seno de la clase gobernante, la única alternativa para controlar la hiperinflación, por ejemplo, consistía en el conjunto de medidas que terminaron aplicándose a partir de septiembre de 2018: drástica reducción del gasto público, desvalorización del salario a su mínimo histórico, bonificación de los ingresos de la clase trabajadora, etc.

Tal secuencia de circunstancias, esto es, privaciones materiales -que son siempre, también, privaciones espirituales, y que afectan drásticamente los vínculos sociales-, asedio imperialista que multiplica exponencialmente las privaciones materiales, la privación política que supone la clausura de alternativas para enfrentar la situación, tras lo cual sobrevienen más privaciones materiales, permite comprender, al menos parcialmente, el hecho gravísimo de que parte importante de la ciudadanía haya llegado al extremo de considerar como opción política a la ultraderecha venezolana.

¿Qué posiciones han adoptado las fuerzas políticas de la izquierda radical de cara a las elecciones? ¿Qué opciones existen para fortalecer a la izquierda en el contexto actual?

Te respondo desde mi espacio de militancia: las opciones son muchas, y no hemos dejado de trabajar para multiplicarlas. Hemos intentando ser consecuentes con la necesidad de crear espacios donde se puedan realizar análisis de la situación con un mínimo de rigor y honestidad intelectual. En dichos espacios hemos venido haciendo un esfuerzo por rescatar del olvido lo más valioso de la tradición de izquierda revolucionaria venezolana, intentando crear las condiciones que garanticen el trasvase generacional, de manera que quienes recién se incorporan a la militancia no sientan que deben comenzar desde cero. Hay un enorme acumulado de luchas y conocimientos que nos arrojan muchas luces sobre lo que debemos hacer en este momento y de cara al futuro. Atravesamos, sin duda alguna, por un momento particularmente difícil, pero no será ni la primera ni la última vez que nos enfrentemos a situaciones como esta. No solo mantenemos vínculos con militantes en muchos lugares del país, así como fuera de Venezuela, sino que avanzamos en la dirección de lograr niveles más eficaces de articulación política. Por lo demás, tenemos bastante claro que, en cualquier circunstancia, la izquierda revolucionaria no puede asumirse como un gueto, como un puñado de militantes que, eventualmente, ofrece un testimonio de lucha abnegada, etc. La solución a los problemas fundamentales del país pasan por la izquierda, pero van más allá de ella, como nos enseñara Alfredo Maneiro. La izquierda revolucionaria debe ser capaz de hablarle a las mayorías populares, debe distinguirse por su voluntad de poder, como afirmaba Hugo Chávez.

Frente a una coyuntura que suscita el desconcierto y que se asemeja a un laberinto político, en tanto que no se vislumbra salida, consideramos que es momento para la templanza y el carácter. Cualquier actuación motivada por la indignación moral constituye un paso en falso. Estamos convencidos de que vendrán nuevas situaciones. El orden reina en Venezuela, como ya te comentaba, y con él la calma, pero es una calma expectante. Es el pueblo venezolano el que tendrá la última palabra.

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