El cambio rediseña el famoso artículo 81, que restringía el servicio tras registrar dos facturas impagas. Pasos previos a la privatización.
En un nuevo giro dentro del plan de desestatización de empresas públicas, el Gobierno nacional avanzó con fuerza sobre Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493, publicado este martes en el Boletín Oficial, no solo habilitó el corte de suministro por falta de pago, sino que abrió la puerta a la privatización parcial o total de la empresa encargada del servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense.
El decreto, que ya fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su evaluación, redibuja el mapa regulatorio de AySA. La firma, cuyo 90% del capital pertenece al Ministerio de Economía y el 10% restante a empleados bajo el Programa de Propiedad Participada, podrá ahora incorporar capitales privados y redefinir su estructura de gestión.
De restringir el servicio, a cortarlo definitivamente
“En un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, fundamentó el Ejecutivo en el texto oficial, justificando así la decisión de avanzar con un nuevo modelo para el manejo del agua.
Entre los puntos más polémicos del DNU se encuentra la habilitación para que AySA suspenda el servicio a usuarios en mora. La medida, que afecta directamente a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 26 municipios bonaerenses, rige desde hoy, 22 de julio. El Decreto oficial, habilita al corte del suministro luego de registrar una factura impaga. Anteriormente, debían registrarse un mínimo de dos facturas impagas y una intimación necesaria, para restringir el servicio. Diferente al nuevo marco regulatorio que elimina la restricción.
El Gobierno también instruyó a la Agencia de Planificación (APLA) a elaborar un Plan Director de Mejora Estratégica. Este plan deberá delinear obras básicas de infraestructura, establecer fuentes de financiamiento y coordinar con distintos entes ejecutores. A la vez, se promovió una articulación más estrecha entre APLA y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), con el objetivo de supervisar y planificar el desarrollo del servicio.
En ese marco, se prevé que el futuro contrato de concesión contemple un “régimen de transición” para implementar de forma progresiva las nuevas disposiciones del marco regulatorio. El período de transición no podrá extenderse más allá de cinco años desde que se concrete la privatización.
Entre otras exigencias, se estableció que la empresa concesionaria deberá presentar anualmente un informe detallado sobre tarifas, obras ejecutadas y proyectadas, que será evaluado por el ERAS. La decisión representa un paso firme en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para reducir el peso del Estado en la economía y apostar a la gestión privada de los servicios públicos. Aunque el proceso recién comienza, el decreto deja en claro que el agua, un recurso esencial para la vida humana, también será parte del profundo rediseño que impulsa la administración libertaria.
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