Un informe de la Fundación Germán Abdala reveló que el 64% de los empleados públicos posee más de un empleo para compensar la pérdida de ingresos y el congelamiento salarial impuesto por el Gobierno. Crece el fenómeno del «trabajador pobre».
En medio de la política de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei, la situación del empleo público atraviesa una crisis silenciosa. Según un reciente informe de la Fundación Germán Abdala, dos de cada tres trabajadores estatales tienen otro empleo para poder sostener sus ingresos, frente al congelamiento de las paritarias y la caída del poder adquisitivo.
El relevamiento, realizado en dependencias del Estado nacional, provincial y municipal, indica que el 64% de los empleados públicos posee más de un trabajo, mientras que sólo el 36% se mantiene con un único ingreso. Entre los pluriempleados, el 44% combina dos empleos, el 17% tiene tres y el 3% acumula más de tres.
El estudio señala que el 52% de los estatales percibe menos de un millón de pesos mensuales, un monto inferior al costo de la canasta básica total que necesita una familia tipo para no ser pobre.
A la pérdida salarial se suma la precarización del empleo público: apenas el 58% del personal cuenta con estabilidad (planta permanente o transitoria), mientras el resto se desempeña bajo modalidades temporarias o de contratación precaria.
“La necesidad de recurrir al pluriempleo para alcanzar un ingreso digno genera agotamiento físico y mental, burnout y frustración, afectando no sólo la vida de las personas sino también la calidad del servicio público”, advierte el informe.
Desde el inicio del gobierno libertario, más de 35.000 empleados públicos fueron despedidos en el marco del “plan motosierra”. Paralelamente, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, impuso un férreo congelamiento de las paritarias estatales, con el argumento de contener el gasto público.
Para los sindicatos, la estrategia constituye “el ataque perfecto”: bajos salarios, precarización y hostigamiento mediático. El 71% de los empleados públicos dice estar buscando otro trabajo, incluso entre quienes ya tienen más de un empleo. Sólo el 42% manifiesta la voluntad de seguir su carrera dentro del Estado, una señal del creciente desencanto con el empleo público.
El aumento del pluriempleo no se limita al sector estatal: afecta a más de 2,4 millones de trabajadores en todo el país, el 16,6% de la población económicamente activa.
La causa principal, señalan los analistas, es el deterioro de los ingresos reales. Un estudio de la Fundación Mediterránea estima que uno de cada cinco trabajadores argentinos es pobre: son 4,5 millones de personas que, aun con empleo formal, no alcanzan a cubrir la canasta básica.
Entre los asalariados informales, el 37,5% vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que entre los cuentapropistas no registrados la cifra asciende al 40,5%. En las provincias del norte, donde la informalidad supera el 50%, la pobreza laboral se intensifica: Tucumán, San Juan, Salta y Santiago del Estero encabezan el ranking.
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