Mientras el Gobierno insiste en que “nunca se interrumpió” el canal de diálogo, la comunidad universitaria saldrá masivamente a las calles el próximo miércoles, por lo que se espera reeditar lo que fue aquella contundente movilización de abril último.
En medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei anunciara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso hace menos de 15 días, las casas de altos estudios formalizaron la convocatoria a la marcha, a la que adhirieron partidos políticos, centrales obreras y organizaciones sociales.
Es que aquella movilización en defensa de la educación pública conmovió no sólo a la Casa Rosada, sino a la clase política en general, que se vio superada por la reacción popular, por lo que esta vez promete sumar postales de descontento a la gestión de Javier Milei, que viene en caída libre en las encuestas y huérfana de buenas noticias para ofrecer.
Por eso, el Gobierno cambió de estrategia, y días atrás les ofreció un aumento salarial a los docentes universitarios, aunque muy lejos de sus reclamos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su “preocupación” frente a la “profundización del desfinanciamiento” que pone “al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario”.
“El CIN levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino”, expresaron a través de un comunicado.
Según indicaron fuentes oficiales, en el Ejecutivo se mantienen en “alerta” por la movilización universitaria, aunque la preocupación central en Casa Rosada pasaría por la caída en la imagen del presidente, que atribuyen más a la suba de tarifas de los servicios públicos que al conflicto con las casas de estudio.
En materia de educación superior, las mismas fuentes deslizaron que el Gobierno tiene en carpeta la idea “incipiente” de transferir las universidades a las provincias, pero no sería una posibilidad sobre la que se fuera a avanzar de manera inminente.
Por otro lado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó para el lunes a la conducción de la CGT, que ya anunció que se sumará a la movilización y aún no expresó su posición respecto al paro general que están proponiendo los gremios del transporte para el 17 de octubre, con el conflicto por Aerolíneas Argentinas como telón de fondo.
La marcha universitaria de abril pasado fue considerada una de las movilizaciones más grandes de los últimos años e impactó en un gobierno que creía tener el pulso social bajo control.
Aquella movilización en defensa de la educación pública conmovió no sólo a la Casa Rosada sino a la clase política en general, que se vio superada por la reacción popular. El oficialismo y la oposición dialoguista buscaron enfriar todo lo posible la situación en el Congreso y estiraron al máximo el tratamiento de la ley de Financiamiento Universitario que recién fue votada por el Senado diez días atrás.
La norma establece la actualización de partidas, además de permitir el reajuste mensual de los salarios de trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes por inflación, con retroactividad a diciembre pasado. Actualmente, los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
Pero desde el Ejecutivo ya anticiparon que vetarán la ley, igual que lo hicieron con la movilidad jubilatoria, por lo que, como respuesta, se convocó a una gran marcha federal universitaria contra el veto.
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