La Boca no se vende: desalojos, represión y explotación turística

El pasado lunes 26 de agosto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó la segunda parte del desalojo del inmueble ubicado en la intersección de las calles Necochea y Pedro de Mendoza. La primera etapa fue el 30 de julio. En aquella oportunidad 6 familias quedaron en la calle, despertando esa mañana con un operativo policial desmesurado, las calles valladas y la violencia a tope. En ambas oportunidades, el operativo estuvo plagado de ilegalidades. Por ANRed

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En diálogo con el programa radial Que Arda!!, Natalia Quinto, integrante de La Boca Resiste y Propone explicó:“posterior a la primera etapa del desalojo, el día 30 de julio, un juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad había interpuesto una cautelar hasta tanto la Ciudad acreditara la utilidad pública del inmueble. Porque hay solamente dos posibilidades para llevar adelante una desocupación o un desalojo por decreto. Una es que hubiera un riesgo cierto para las familias dentro del inmueble y otra es la utilidad pública del inmueble en cuestión”. Y continuó: “El gobierno acredita la utilidad pública con una expropiación que la última dictadura cívico- militar hizo con motivo del paso de la autopista y el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, proyecto que al día de hoy está absolutamente caduco. La expropiación se terminó en el año 97”.

Natalia reflexiona y concluye que el gobierno tuvo tiempo suficiente como para haber llevado adelante la desocupación del inmueble respetando a las familias y relocalizándolas ordenadamente, sin necesidad de la utilización de la violencia y de llegar al punto de dejarlos en la calle con todas sus pertenencias.

Así, el día 26 de agosto, el juez autorizó el desalojo de las numeraciones que sí son afectadas por la utilidad pública del inmueble. El resto no. Para ello “si alguien quisiera desalojarlos, tendría que ir por los canales convencionales que son los juicios de desalojo”, explicó Natalia.

Además de esta primera ilegalidad “se le impidió el ingreso a la abogada de la familia y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que es quien por manda constitucional tiene la facultad de control. Todas estas ilegalidades que se fueron sucediendo sobre la mañana tenían un único objetivo: no ajustarse a la manda del juez y hacer lo que tuvieran ganas de hacer”, continuó enumerando Natalia.

Pero la sumatoria de ilegalidades no termina aquí. La más grave y preocupante fue que “en el último escrito, el juez les dice: suspendan, desistan de continuar con este desalojo sobre este domicilio y procedo a denunciar en los juzgados penales el posible delito de desobediencia”, informó Quinto.

Es decir, el juez informó al jefe del operativo que ante la desobediencia procedería a denunciarlos penalmente. Y aun así desoyeron. No queda claro quién sustentó esa orden de continuar pese a todo: “no sé si Diego Kravetz que es el Secretario de Seguridad, si fue la Jefatura de Gabinete,  pero la realidad es que el GCBA es responsable de lo que sucedió ese día. Era Espacio Urbano, Higiene Urbana que es otra dependencia que embalaba las cosas de los vecinos y las tiraba arriba de camiones. El GCBA es responsable por donde se lo mire, con cualquiera de todas las reparticiones que tiene a su cargo y que hayan intervenido ese día. Después serán los juzgados penales los que tengan que determinar la cadena de responsabilidades en este incumplimiento”, afirmó Natalia.

Un plan general

Días después de la primera etapa del desalojo en Necochea y Pedro de Mendoza, la Feria de Artesanos de Vuelta de Rocha I y II recibió una notificación que les exigía trasladarse de su histórico emplazamiento en Caminito, para reubicarlos en la Plaza de los Bomberos; un lugar ubicado a más de 100 metros del actual donde suceden un montón de otras actividades del barrio, es más pequeño y circula menos cantidad de turistas.

“La feria tiene permiso desde el año 92 y antes de eso, tenía permisos transitorios que le fueron otorgando hasta que se sancionó la ley que regula el sistema de ferias en la que está Vuelta de Rocha”, informó Natalia.

Esta fue una decisión unilateral del GCBA y el Ente de Turismo sin consenso por parte de los 115 permisionarios que sustentan a sus familias con estos puestos de trabajo. La feria logró una medida precautelar que frenó el traslado hasta tanto el GCBA presente toda la documentación requerida, pero aún no hay una solución firme y favorable a los intereses de los trabajadores.