El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano, cuya titular es Sandra Pettovello, en el marco de la investigación por las 6 mil toneladas de alimentos retenidos en depósitos y destinados a comedores y merenderos populares.
La medida tuvo como fin obtener documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados.
El magistrado, que acusa a Pettovello de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, dispuso el secuestro de una serie de elementos importantes para la causa. Entre ellos se cuentan una copia de seguridad (backup) de la computadora asignada a Pablo Berardi, a cargo de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano; todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo del presente año y los partes diarios proporcionados por el personal de los depósitos “Buenos Aires” en Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, en la ciudad de Tafí Viejo.
Mientras se investiga una gestión indebida de los recursos señalados, desde la cartera a cargo de Petovello, en tanto, niegan esa acusación y defienden el trabajo desplegado desde que se hicieron cargo del ministerio a partir de la falta de transparencia en la que, aseguran, incurría la gestión anterior.
La causa se inició por una denuncia penal que Juan Grabois presentó contra la ministra por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios. En respuesta a esas acusaciones, desde el ministerio calificaron a Grabois como “un profesional de la mentira”.
El reclamo obedecía al freno en la entrega de productos por parte de la gestión del presidente Javier Milei, en el área que conduce Petovello. Allí se produjo un entredicho que se replica hasta hoy: mientras el gobierno sostiene que existían “comedores fantasma”, esto es, sitios en donde se destinaban recursos en concepto de ayuda social que en realidad no cumplían ese fin o directamente no existían, las organizaciones acusan a las autoridades actuales por desabastecer completamente la red asistencial que se construyó durante la última década en barrios donde las personas tienen ingresos bajos o nulos.
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