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MetroGAS: una distribuidora, un negocio y responsabilidades que no se tercerizan

MetroGAS: una distribuidora, un negocio y responsabilidades que no se tercerizan
17/11/2026

La responsabilidad de la muerte de un obrero y una treiuntena de heridos con gravedad en la explosión tras la fuga de gas en Remedios de Escalada no puede reducirse a la empresa Exgadet que operaba la tuneladora. MetroGAS es la distribuidora que tiene a su cargo la red y el servicio en buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. La contratación de una firma externa no la exime de garantizar que las obras se realicen bajo condiciones adecuadas ni de supervisar los procedimientos de seguridad. Los trabajadores venían advirtiendo de las malas condiciones de trabajo. ¿Como operó el lobby Vila Manzano en la justicia? . Por ANRed

La propia empresa cuenta con un Programa de Prevención de Daños que establece responsabilidades compartidas entre quienes ejecutan excavaciones y la distribuidora. MetroGAS debe garantizar la integridad de la red y brindar asistencia técnica durante las obras. Por eso, la investigación debe establecer qué controles realizó sobre Exgadet, qué instrucciones había impartido y cómo respondió cuando recibió el aviso de la rotura.

La actuación de la distribuidora quedó especialmente comprometida por lo sucedido después de las 9.44. Según la reconstrucción municipal, recibió el aviso de la fuga, envió una cuadrilla y no activó el sistema local de emergencias. La decisión de mantener el episodio bajo control de la propia empresa, sin alertar a los organismos municipales, dejó expuesta a toda la población de la zona.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con un esquema de desregulación y reorganización del mercado energético que favorece la concentración empresarial y la rentabilidad privada. En agosto de 2026, YPF acordó vender el 70% de MetroGAS a Edenor por 780 millones de dólares. La operación fue impulsada por el grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, y quedó sujeta a las autorizaciones correspondientes.

La operación se inscribe en un proceso más amplio de concentración de empresas de servicios públicos. Edenor, que ya controla la distribución eléctrica en una extensa zona del AMBA, busca incorporar a su estructura una de las principales distribuidoras de gas del país. Al mismo tiempo, el nuevo marco regulatorio energético contempla revisiones tarifarias y una eventual extensión de la concesión de MetroGAS hasta 2047.

En este escenario, la pregunta por los controles adquiere una dimensión política. ¿Qué lugar ocupa la seguridad de los usuarios y trabajadores en un modelo donde los servicios esenciales se organizan alrededor de grandes negocios privados? ¿Quién garantiza que la búsqueda de eficiencia y rentabilidad no termine descargando los costos sobre quienes trabajan y viven en los territorios?

La desregulación no significa solamente modificar normas o reducir la intervención estatal. También implica discutir qué controles se mantienen, quién los ejecuta y qué capacidad tienen los organismos públicos para fiscalizar a empresas que manejan infraestructuras fundamentales para la vida cotidiana.

Dos directivos de MetroGAS y una investigación que debe avanzar

La gravedad de lo ocurrido llevó a la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús, a disponer inicialmente la detención de dos responsables jerárquicos de MetroGAS que se encontraban en el lugar. La medida fue informada por el director de Defensa Civil municipal y estuvo vinculada al presunto incumplimiento de los protocolos de emergencia.

Posteriormente, fuentes judiciales informaron que los dos directivos habían sido trasladados para su identificación y puestos preventivamente a resguardo, y aclararon que no estaban formalmente detenidos ni aprehendidos. La diferencia entre ambas versiones deberá quedar esclarecida en el expediente.

La investigación debe determinar qué hicieron los responsables de la distribuidora durante la hora que transcurrió entre la detección de la fuga y la explosión. También deberá establecer quién decidió que la situación estaba controlada, por qué no se dio intervención inmediata a los servicios municipales y qué responsabilidad tuvieron los directivos en la cadena de decisiones.

No se trata solamente de establecer quién rompió el caño. La responsabilidad empresarial incluye la prevención, la supervisión de las contratistas y la respuesta ante una emergencia. Son obligaciones que no desaparecen cuando una empresa decide tercerizar sus trabajos.

El lobby de Vila-Manzano para liberar a los directivos

La trama empresarial también tuvo un capítulo judicial. Según fuentes de la Intendencia de Lanús que hablaron bajo reserva, el grupo empresario de Daniel Vila y José Luis Manzano habría intercedido ante la Justicia para conseguir la liberación de los dos responsables jerárquicos de MetroGAS.

La presunta intervención resulta especialmente significativa porque ambos empresarios están vinculados al grupo que acordó la compra de la participación mayoritaria de la distribuidora. De confirmarse, se trataría de una gestión del poder económico en una causa que investiga responsabilidades por una tragedia que dejó una persona fallecida y decenas de heridos.

La versión de las fuentes municipales plantea un interrogante sobre la relación entre los grandes grupos empresarios y el sistema judicial: ¿hasta dónde llega la influencia de quienes controlan empresas de servicios esenciales cuando sus propios intereses quedan involucrados en una investigación?

Dos directivos de MetroGAS y una investigación que debe avanzar

La gravedad de lo ocurrido llevó a la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús, a disponer inicialmente la detención de dos responsables jerárquicos de MetroGAS que se encontraban en el lugar. La medida fue informada por el director de Defensa Civil municipal y estuvo vinculada al presunto incumplimiento de los protocolos de emergencia.

Posteriormente, fuentes judiciales informaron que los dos directivos habían sido trasladados para su identificación y puestos preventivamente a resguardo, y aclararon que no estaban formalmente detenidos ni aprehendidos. La diferencia entre ambas versiones deberá quedar esclarecida en el expediente.

La investigación debe determinar qué hicieron los responsables de la distribuidora durante la hora que transcurrió entre la detección de la fuga y la explosión. También deberá establecer quién decidió que la situación estaba controlada, por qué no se dio intervención inmediata a los servicios municipales y qué responsabilidad tuvieron los directivos en la cadena de decisiones.

No se trata solamente de establecer quién rompió el caño. La responsabilidad empresarial incluye la prevención, la supervisión de las contratistas y la respuesta ante una emergencia. Son obligaciones que no desaparecen cuando una empresa decide tercerizar sus trabajos.

El lobby de Vila-Manzano para liberar a los directivos

La trama empresarial también tuvo un capítulo judicial. Según fuentes de la Intendencia de Lanús que hablaron bajo reserva, el grupo empresario de Daniel Vila y José Luis Manzano habría intercedido ante la Justicia para conseguir la liberación de los dos responsables jerárquicos de MetroGAS.

La presunta intervención resulta especialmente significativa porque ambos empresarios están vinculados al grupo que acordó la compra de la participación mayoritaria de la distribuidora. De confirmarse, se trataría de una gestión del poder económico en una causa que investiga responsabilidades por una tragedia que dejó una persona fallecida y decenas de heridos.

La versión de las fuentes municipales plantea un interrogante sobre la relación entre los grandes grupos empresarios y el sistema judicial: ¿hasta dónde llega la influencia de quienes controlan empresas de servicios esenciales cuando sus propios intereses quedan involucrados en una investigación?

Los trabajadores y vecinos pagan las consecuencias

En Remedios de Escalada, los primeros en sufrir las consecuencias fueron los trabajadores que estaban junto a la cañería y los vecinos que viven y trabajan en la zona. Cinco de los seis operarios que permanecían internados en estado grave pertenecían a Exgadet. Comercios destruidos, viviendas afectadas y familias evacuadas completan el saldo de una explosión que pudo tener consecuencias todavía mayores.

La tragedia expone una cadena que comienza con la tercerización de una tarea de riesgo, continúa con la falta de prevención y supervisión y termina con una respuesta empresarial que, según las autoridades municipales, no respetó los protocolos de emergencia.

No alcanza con responsabilizar a los operarios que estaban trabajando ni con presentar lo ocurrido como una falla técnica. Hay que investigar a la contratista, a la distribuidora, a sus responsables jerárquicos y a los organismos encargados de fiscalizar el servicio.

Cuando las empresas privadas administran servicios esenciales, la seguridad de trabajadores y usuarios no puede quedar subordinada a los costos, los contratos y las ganancias. La red de gas no es una variable de ajuste y la vida de quienes habitan los barrios no puede depender de que una empresa decida cuándo considera necesario activar una emergencia.

Los trabajadores del gas denuncian: «El gas no perdona»

La explosión de Remedios de Escalada también provocó un fuerte pronunciamiento de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas), que el 14 de noviembre difundió un comunicado en el que responsabilizó a la política sistemática de tercerización de las distribuidoras por el deterioro de las condiciones de seguridad en el servicio.

«Lo que ocurrió no fue un hecho inesperado del destino. Es la consecuencia de una sistemática estrategia de tercerización de las concesionarias de distribución de gas natural en el AMBA desde la privatización», sostuvo la organización sindical. En su declaración, señaló que este esquema profundiza la precarización laboral, fragmenta los controles sobre el cumplimiento de las tareas, impide establecer criterios comunes para aplicar las normas de seguridad y subestima la importancia de la capacitación continua y la transmisión de la experiencia acumulada por los trabajadores.

La APJ Gas también apuntó directamente contra Exgadet, la contratista de MetroGAS involucrada en los trabajos que precedieron a la explosión, y denunció que había advertido en reiteradas oportunidades sobre las irregularidades y los métodos de trabajo de empresas tercerizadas como esta. «No fuimos escuchados por las empresas concesionarias del servicio ni por el Estado», afirmó.

El comunicado pone en discusión un aspecto central que excede las circunstancias particulares del siniestro: la fragmentación de las tareas y de las responsabilidades dentro de una industria en la que la seguridad requiere experiencia, capacitación permanente y criterios unificados. La tercerización no solamente modifica las condiciones de contratación de los trabajadores; también puede debilitar los mecanismos de control y transmisión de conocimientos necesarios para prevenir accidentes.

La organización gremial advirtió que las consecuencias de este modelo recaen sobre los trabajadores del gas y los usuarios. «Nuestras tareas llevan incluidas un riesgo permanente que debe ser minimizado», expresó, y cuestionó que se utilice la tercerización para sostener la precarización de miles de trabajadores, en detrimento de una política integral de seguridad.

La declaración termina con una advertencia contundente: «El gas no perdona. No es un instante. Es un encadenamiento de decisiones que toman las autoridades de las empresas privadas y repercute en el servicio».

El pronunciamiento de APJ Gas resulta especialmente significativo porque proviene de trabajadores jerárquicos de la propia industria, que conocen los procedimientos, las condiciones de operación y los riesgos de la actividad. Su denuncia introduce una dimensión estructural en la investigación: la explosión no puede analizarse solamente como una falla durante una obra, sino también en el marco de décadas de privatización, tercerización y fragmentación de los controles.

«Metrogas y las distribuidoras de gas natural lo saben. El camino es otro. Hay que recorrerlo con urgencia», concluye el comunicado de la Comisión Directiva de APJ Gas.

Los trabajadores y vecinos pagan las consecuencias

En Remedios de Escalada, los primeros en sufrir las consecuencias fueron los trabajadores que estaban junto a la cañería y los vecinos que viven y trabajan en la zona. Cinco de los seis operarios que permanecían internados en estado grave pertenecían a Exgadet. Comercios destruidos, viviendas afectadas y familias evacuadas completan el saldo de una explosión que pudo tener consecuencias todavía mayores.

La tragedia expone una cadena que comienza con la tercerización de una tarea de riesgo, continúa con la falta de prevención y supervisión y termina con una respuesta empresarial que, según las autoridades municipales, no respetó los protocolos de emergencia.

No alcanza con responsabilizar a los operarios que estaban trabajando ni con presentar lo ocurrido como una falla técnica. Hay que investigar a la contratista, a la distribuidora, a sus responsables jerárquicos y a los organismos encargados de fiscalizar el servicio.

Cuando las empresas privadas administran servicios esenciales, la seguridad de trabajadores y usuarios no puede quedar subordinada a los costos, los contratos y las ganancias. La red de gas no es una variable de ajuste y la vida de quienes habitan los barrios no puede depender de que una empresa decida cuándo considera necesario activar una emergencia.

Los trabajadores del gas denuncian: «El gas no perdona»

La explosión de Remedios de Escalada también provocó un fuerte pronunciamiento de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas), que el 14 de noviembre difundió un comunicado en el que responsabilizó a la política sistemática de tercerización de las distribuidoras por el deterioro de las condiciones de seguridad en el servicio.

«Lo que ocurrió no fue un hecho inesperado del destino. Es la consecuencia de una sistemática estrategia de tercerización de las concesionarias de distribución de gas natural en el AMBA desde la privatización», sostuvo la organización sindical. En su declaración, señaló que este esquema profundiza la precarización laboral, fragmenta los controles sobre el cumplimiento de las tareas, impide establecer criterios comunes para aplicar las normas de seguridad y subestima la importancia de la capacitación continua y la transmisión de la experiencia acumulada por los trabajadores.

La APJ Gas también apuntó directamente contra Exgadet, la contratista de MetroGAS involucrada en los trabajos que precedieron a la explosión, y denunció que había advertido en reiteradas oportunidades sobre las irregularidades y los métodos de trabajo de empresas tercerizadas como esta. «No fuimos escuchados por las empresas concesionarias del servicio ni por el Estado», afirmó.

El comunicado pone en discusión un aspecto central que excede las circunstancias particulares del siniestro: la fragmentación de las tareas y de las responsabilidades dentro de una industria en la que la seguridad requiere experiencia, capacitación permanente y criterios unificados. La tercerización no solamente modifica las condiciones de contratación de los trabajadores; también puede debilitar los mecanismos de control y transmisión de conocimientos necesarios para prevenir accidentes.

La organización gremial advirtió que las consecuencias de este modelo recaen sobre los trabajadores del gas y los usuarios. «Nuestras tareas llevan incluidas un riesgo permanente que debe ser minimizado», expresó, y cuestionó que se utilice la tercerización para sostener la precarización de miles de trabajadores, en detrimento de una política integral de seguridad.

La declaración termina con una advertencia contundente: «El gas no perdona. No es un instante. Es un encadenamiento de decisiones que toman las autoridades de las empresas privadas y repercute en el servicio».

El pronunciamiento de APJ Gas resulta especialmente significativo porque proviene de trabajadores jerárquicos de la propia industria, que conocen los procedimientos, las condiciones de operación y los riesgos de la actividad. Su denuncia introduce una dimensión estructural en la investigación: la explosión no puede analizarse solamente como una falla durante una obra, sino también en el marco de décadas de privatización, tercerización y fragmentación de los controles.

«Metrogas y las distribuidoras de gas natural lo saben. El camino es otro. Hay que recorrerlo con urgencia», concluye el comunicado de la Comisión Directiva de APJ Gas.

Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico

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