El reclamo estudiantil exige la implementación plena. Pero la norma incluye obstáculos burocráticos y limitaciones. Casi 340 mil acompañantes de menores no pueden utilizar ese beneficio.
Por Martin Suarez
Fidel se encuentra actualmente en un tramo exigente de la carrera. Sus mañanas transcurren entre conceptos de microeconomía, epistemología e historia del pensamiento económico, y matemática aplicada II. Sin embargo, la complejidad de las materias no es el único desafío que enfrenta; la economía de bolsillo también juega su propio partido.
Todos los días a las 07:45 viaja en el 37 desde la estación Lanús al barrio de Recoleta. Con un boleto que ronda los $ 1200, su presupuesto mensual destinado exclusivamente a esos dos viajes diarios hacia la facultad alcanza los 50.000 pesos.
Joaquín vive en Temperley y toma dos colectivos para llegar desde su casa a la facultad, elevando sus gastos a más de 80.000 pesos mensuales, sin contar el trabajo. Ambos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y con los aumentos constantes del transporte, los apuntes y el costo de la vida diaria, cada vez les cuesta más acceder a la educación pública.
El movimiento estudiantil porteño, teniendo como faro la lucha de los estudiantes de 1976 y tras varios años de reclamos y militancia logró que en diciembre de 2024 la Legislatura porteña aprobara la Ley 6770 que amplía el Boleto Educativo a estudiantes universitarios, terciarios y acompañantes de menores de 12 años.
Recién en septiembre de 2025 fue promulgada con la firma del Jefe de Gobierno y, tras un fallo judicial que ordenó su implementación, a mediados de noviembre de ese año miles de estudiantes pudieron iniciar los primeros pasos de la inscripción.
Sin embargo, tras casi un año de demorar el acceso al boleto y al cumplirse 50 años de La Noche de los Lápices, Jorge Macri no cumple con la Ley y mantiene una serie de obstáculos para que decenas de miles de estudiantes queden al margen de este derecho.
La inscripción solicita varios documentos y exige condiciones extras a la regularidad del estudiante que van más allá de la asistencia y de las que determina la propia universidad. La revisión se hace por cuatrimestre y abarca los detalles de las materias en curso, el horario y el medio de transporte que se utiliza. Una vez logrado, el estudiante accede a una aplicación del GCBA que en muchos casos no funciona: los colectivos no reconocen el QR que provee y solo está activa en el subte.
Una de las barreras más fuertes al boleto universitario es que solo aplica a estudiantes que viven dentro de la Ciudad: “Entiendo que Jorge Macri decide no hacerse cargo de esta situación adrede, avanzando con un discurso estigmatizante hacia quienes vivimos en el conurbano, y está claro que esta situación es la extensión de ese discurso pero llevado a la práctica”, señaló Fidel Cortés, el joven estudiante de 21 años que vive en Lanús.
Violación sistemática de la ley
Si bien la discriminación hacia los estudiantes bonaerenses resulta previsible en un gobierno porteño con estas características, esto es una decisión política que también afecta a los estudiantes que viven en la Ciudad.
Un informe de la auditoría porteña recientemente publicado, relevó la implementación del Boleto universitario, y dejó en evidencia las restricciones y el no cumplimiento pleno de la Ley.
Sobre 1746 solicitudes procesadas, sólo 329 fueron aprobadas; 299 se rechazaron por considerar que no reunían las condiciones normativas y 1119 —el 64%— fueron cerradas «por encontrarse las solicitudes fuera de término del ciclo lectivo».
Es decir: el motivo mayoritario por el que un estudiante universitario no accedió al boleto no fue incumplir un requisito, sino llegar tarde a un trámite que el Estado abrió tarde.
El informe de la auditoría porteña es contundente: la tasa de otorgamiento fue del 18,84 por ciento. A esto se suma un detalle que la auditoría observa por separado: la página oficial «Solicitud de Boleto Educativo – Validá tu documento» sigue sin contemplar el ítem Nivel Superior, lo que —según la AGCBA— «no garantiza el acceso a los potenciales beneficiarios del Nivel». La única puerta de entrada digital al programa no reconocía al nivel que la ley había incorporado.
Otro de los puntos que incumple el jefe de gobierno es el artículo 2 de la Ley 6770, que incorpora al régimen a los acompañantes de estudiantes menores de 12 años en escolaridad obligatoria, con acceso a la Tarifa Social SUBE. Se trata de un valor subvencionado al 55% para un padre, madre o tutor por estudiante.
En concreto: en la actualidad hay casi 340 mil personas adultas acompañantes de estudiantes menores que no pueden acceder al boleto subvencionado. La cifra no es caprichosa y se basa en los datos oficiales del gobierno porteño quien asegura que la matrícula de nivel inicial y primario de la Ciudad —donde se concentra la población menor de 12 años— asciende a 337.041 alumnos, y la ley prevé un acompañante acreditable por estudiante. «
Demonización y disputa política
El transporte, el costo de los apuntes, la comida e incluso la vivienda estudiantil son cuestiones materiales que requieren medidas directas para garantizar un acceso real a la educación pública y gratuita. En definitiva, con el correr de los años la gratuidad de la educación se vuelve obsoleta si no se asegura el acceso pleno.
“La cuestión de la residencia, el lugar en donde uno habita, es uno de los puntos más relevantes. Que el derecho al boleto universitario no incluya a aquellos estudiantes que viven más allá de la General Paz, se enmarca claramente en una política de demonización de Jorge Macri, en el marco de una disputa con la provincia de Buenos Aires”, analizó en diálogo con Tiempo Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras UBA.
«El contexto de crisis nos pone un montón de obstáculos para sostener las cursadas todos los días. Esta situación se agrava con decisiones como las de Jorge Macri de no implementar el boleto universitario como corresponde», remató.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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