En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, organizaciones y referentes denunciaron irregularidades durante los operativos de seguridad, cuestionaron el accionar de la Justicia y reclamaron explicaciones a los gobiernos nacional y porteño sobre la planificación de los operativos. También anticiparon nuevas presentaciones judiciales y apelaciones contra las restricciones impuestas a las personas detenidas. Por Daniel Ávalos
La reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados volvió a poner en el centro de la escena el accionar de las fuerzas de seguridad, y el tratamiento judicial de las personas detenidas durante las últimas movilizaciones.
Uno de los puntos señalados durante el encuentro fue la actuación de los efectivos durante los operativos. La diputada Myriam Bregman ( FitU) hizo especial hincapié en una modalidad que, según denunció, habría sido utilizada durante el procedimiento: el apagado de las luces de la plaza para permitir la intervención de las fuerzas de seguridad en la oscuridad.
Las críticas no se limitaron al momento de la represión. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Emanuel Zuccolo señaló las dificultades que, según explicó, enfrentan las personas detenidas al momento de acceder a sus defensas y realizar los trámites ante la Justicia.
Foto Daniel Avalos
De acuerdo con su exposición, en la Fiscalía se habrían impuesto distintas trabas a los detenidos, llegando incluso a recomendarles que no aceptaran ciertas defensas. También denunció que algunas personas habrían sido presionadas para firmar prohibiciones de acercamiento bajo la advertencia de que, en caso de negarse, su liberación podría demorarse.
Las restricciones judiciales serán apeladas. Durante la reunión se planteó que, en esta oportunidad, la Fiscalía habría adoptado una posición particularmente dura para imponer las prohibiciones de acercamiento, como condición para las personas detenidas. En ese marco, también se informó que se solicitará una entrevista con el juez Julián Ercolini y que se pedirá específicamente una prohibición de acercamiento de 500 metros al Comisario Gustavo Gauna, a quien se vio disparando una ithaka de culata recortada, vestido de civil, sin identificación y en dirección completamente antirreglamentaria.
Foto Daniel Avalos
Distintas acusaciones y una misma pregunta
Otro punto abordado fue la diferencia entre las imputaciones formuladas por la Justicia porteña y las acusaciones impulsadas por el Gobierno nacional. Según lo expuesto, la Justicia de la Ciudad aplicó los artículos 238 y 239 del Código Penal, mientras que el Gobierno nacional habría presentado acusaciones que incluyen los delitos de sedición y terrorismo.
Las organizaciones presentes cuestionaron la utilización de figuras penales de gravedad y reclamaron conocer cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la respuesta estatal frente a las movilizaciones.
Gustavo Palmieri, de la Comisión Nacional contra la prevención de la Tortura (CNPT), sostuvo que se encuentran monitoreando determinados patrones vinculados con la actuación de las fuerzas de seguridad, específicamente con el modo en que responden ante situaciones de disturbios.
Según explicó, la reacción policial no siempre es la misma. Por ese motivo, se solicitó a los gobiernos de la Ciudad y de la Nación que informen cuál fue la planificación previa de los operativos. Hasta el momento, señaló, no hubo respuesta.
Foto Daniel Avalos
El caso del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, su ilegalidad y todas las mentiras de la Ministra Monteoliva para encubrirlo
Durante la reunión, se abordó la situación particular del comisario mayor Gustavo Antonio Gauna, debido a las fotos que circularon donde se lo observa de civil, disparando la escopeta desde la cintura, y en dirección al cuerpo y cabeza de manifestantes.
Porque a pesar de lo que la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, refirió sobre el uso del arma, como «de esas que hacen ruido», tal como dijo el pasado lunes en la Cámara de Comercio de Córdoba ante las cámaras (poniendo en evidencia que no sabe -o se hace la que desconoce- que la escopeta que portaba el comisario de mango recortado puede ser cargada con municiones de plomo o de goma), para poner a continuación en evidencia la mentira: “¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido”, dijo dejando expuesta su mala fe. Y, tal como mintió para encubrirlo, dijo que llevaba placa colgando, cuando todas las fotos y videos lo muestran al comisario mayor sin identificación alguna.
Según se planteó, no existirían antecedentes en Argentina respecto de la utilización de un dispositivo de esas características en un operativo.
El planteo de las diversas intervenciones puso el foco sobre el modo en que se desarrollaron los procedimientos y sobre la necesidad de determinar qué armas y dispositivos fueron utilizados por las fuerzas de seguridad y bajo qué protocolos de actuación. El caso, junto con otros tantos, quedó abierto. La sociedad en su conjunto espera explicaciones del Ministerio de Seguridad.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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