Mientras el gobierno libertario que llegó prometiendo terminar con la “casta” y la “Banelco” logró aprobar la reforma de la Ley de Glaciares —cuestionada por amplios sectores ambientales por beneficiar a las mineras— y hoy avanza con una profunda reforma laboral, la economía se estanca, el empleo cae y la calle empieza a transformarse en el principal escenario político.
Ayer, en pleno debate parlamentario por la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas se manifestaron frente al Congreso con pancartas que exigían a los senadores “no se caguen en el agua” y advertían que “los glaciares no se tocan”. La respuesta fue un operativo policial que terminó en represión, corridas y detenciones.
Hubo al menos 12 ambientalistas detenidos y también fue arrestado el camarógrafo de A24, Facundo Tedeschini, quien estaba transmitiendo en vivo. Según denunciaron colegas y testigos, fue golpeado, gaseado y esposado. Aunque el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó su liberación, la Policía demoró varias horas en cumplir la disposición judicial.
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El Sindicato de Prensa y FOPEA repudiaron los hechos. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respaldó el accionar policial. El presidente Javier Milei fue más allá: retuiteó mensajes en redes sociales que calificaban a periodistas como “terroristas” que provocan a las fuerzas de seguridad.
La tensión continuó hoy. Trabajadores despedidos de distintas fábricas cortaron la avenida 9 de Julio en protesta por la pérdida de empleos y volvieron a ser reprimidos. Participaban operarios de Ilva, Lustramax, Georgalos y Fate; estos últimos también realizaron cortes en la autopista Panamericana, a la altura de San Fernando.
En paralelo, el economista Juan Carlos de Pablo, cercano al Presidente, publicó una columna en el diario La Nación dirigida a los trabajadores de Fate en la que les sugirió que cobren la indemnización, ajusten gastos y busquen otro empleo. Un consejo que suena sencillo en el papel, pero que choca con una realidad: desde la asunción de Milei se habrían perdido alrededor de 300.000 puestos de trabajo y cerrado más de 22.000 empresas.
Mientras tanto, el oficialismo impulsa una reforma laboral de gran alcance. El proyecto modifica el cálculo de indemnizaciones —excluyendo aguinaldo, premios y vacaciones— y habilita el pago en cuotas (hasta 12 para grandes empresas y 18 para pymes). También introduce cambios en la jornada laboral, que podrá extenderse hasta 12 horas respetando 12 horas de descanso, y reemplaza el pago de horas extras por sistemas de compensación.
Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días y el derecho al descanso estival solo quedará garantizado una vez cada tres años. Además, se restringe el derecho a huelga al ampliar el concepto de “servicios esenciales” (75% de cobertura obligatoria) y “servicios trascendentales” (50%). Se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que, si vencen y no se renuevan, pierden vigencia automática.
El proyecto también crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que administraría recursos que antes iban a la ANSES, generando advertencias sobre el impacto futuro en el financiamiento del sistema previsional.
El Gobierno mantiene mayoría parlamentaria para avanzar. Pero fuera del Congreso el clima es otro: inflación persistente, actividad estancada, despidos y creciente conflictividad social.
El oficialismo celebra cada votación como una victoria histórica. Pero mientras acumula leyes, también acumula tensión. La pregunta ya no es cuántas reformas puede aprobar el Gobierno, sino cuánto ajuste puede absorber una sociedad que empieza a perder el miedo y gana bronca. Y cuando la calle se convierte en termómetro político, ningún blindaje parlamentario alcanza.
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