Vivir a la intemperie

La población en situación de calle viene creciendo sin pausa y cambia su perfil social: más familias, mujeres, jubilados y personas que alguna vez pertenecieron a la clase media. Crueldad y punitivismo.

Por Luciana Rosende

La falta de datos oficiales sistematizados a nivel nacional no oculta lo que se percibe a simple vista: el aumento de la población en situación de calle. Al relevamiento de organizaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires se suman las postales que llegan desde otros puntos del país. Coinciden en un diagnóstico: hay más personas sin techo y con un perfil social que está cambiando. Ya no únicamente hombres solos y con problemáticas de consumo. También mujeres, familias enteras y jubilados.

«Hacemos un relevamiento mediático sobre el tema y lo que se ve en todas las ciudades del país –intermedias y grandes metrópolis– es que aparecen permanentemente noticias planteando el incremento de gente en situación de calle y un cambio en los perfiles», dice Santiago Bachiller, director del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle creado en 2023 desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

«Hay más familias enteras. No es el perfil del hombre solo de 50 años y con un problema de salud mental. Hace mucho que la población de calle es más diversa, pero ahora se ve el aumento de familias y jubilados. Si pensamos en el retroceso en las jubilaciones y en el acceso a medicamentos, es lógico. Hay jubilados pidiendo acceso a dispositivos y, en CABA, a subsidios habitacionales. Es algo que antes no se daba», contrasta Bachiller en diálogo con Acción.

«Argentina no tiene, a diferencia de otros países de la región, una mirada federal y holística sobre la población en situación de calle», apunta Bachiller, licenciado en Antropología por la UBA, doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Conicet. El trabajo del Observatorio se realiza desde el ámbito académico, «a pulmón» y con todas las dificultades que acarrea la labor científica en la Argentina de Javier Milei.

En el último año del gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social había contratado al Observatorio para la ampliación de un mapeo nacional de organizaciones y dependencias que trabajan el tema. «Lo hicimos, pero al nuevo Ministerio (de Capital Humano) no le interesó. Ni siquiera subieron el mapa a la web. Lo más triste es que estaba hecho y que no les interesó capitalizar el esfuerzo que ya había sido financiado».

Comuna 1, botón de muestra
En noviembre de 2024, las cifras del Gobierno de la Ciudad hablaban de 4.049 personas en situación de calle: el 69,5% (2.813) en un Centro de Inclusión Social (CIS) y el 30,5% (1.236) en la vía pública. En total, un 23,2% más que un año antes. Pero de acuerdo con el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle), realizado por organizaciones sociales, en diciembre de 2023 había 8.028 personas sin techo, duplicando la cifra oficial. Según Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, uno de los espacios que participa del relevamiento, para fines del año pasado había entre 10.000 y 12.000 personas en las calles porteñas. Para fines de junio se espera el resultado del tercer censo popular.

A mediados de mayo, organizaciones sociales presentaron el primer relevamiento específico de la Comuna 1, Contar la calle, elaborado por Abrigar Derechos, No Tan Distintes, Sopa de Letras, Casa Roja – AMMAR, Madres de Plaza de Mayo, La Colectiva, Misión Solidaria, Isauro Arancibia, Amigos en el Camino y Sociabilidades por los Márgenes, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El resultado fue abrumador: 1.483 personas durmiendo a la intemperie entre los barrios de San Telmo, Monserrat, Puerto Madero, Constitución, San Nicolás y Retiro. Es decir: en una sola comuna, más que las 1.236 personas en situación de calle efectiva admitidas por el Gobierno de la Ciudad para todo el distrito.

«Lo más significativo es que un 25% de quienes contestaron dijeron que están en calle desde el último año», remarcó Jorgelina Di Iorio, psicóloga, investigadora del Conicet, parte de Abrigar Derechos e impulsora –con la Asamblea de Personas en Situación de Calle– del Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia personas sin techo en Argentina.

De los datos que arrojó el relevamiento comunal, destacó que 8 de cada 10 sufrieron un hecho de violencia institucional («coincide con la tendencia que encontramos en RUV de 2024») y 7 de cada 10 expresaron que no fueron a un parador/CIS por motivos como «maltrato de quienes trabajan ahí, falta de vacantes, falta de intimidad y robos de pertenencias».

Desamparados. Muchas personas prefieren evitar los paradores por situaciones de maltrato y robos de pertenencias.

Foto: NA

Chaco, Córdoba y Santa Fe
Mariam López Dualde integra la Red Puentes del Movimiento Popular Nuestramérica, con presencia en 13 provincias. Si bien no hay estadísticas nacionales sobre la población sin techo, el trabajo de las organizaciones sociales permite tener un panorama. «En provincias donde la situación de calle no se daba, ahora se está viendo, como en Santiago del Estero o Catamarca. En Chaco estamos en proceso de abrir un centro. En Mendoza tenemos un centro de integración social y hay lista de espera», dice. «El año pasado, cuando empezaron estas políticas, un montón de gente tuvo que dejar sus espacios de vivienda y te encontrabas familias enteras con mobiliario en la calle. Una persona con una valija grande no puede ir a un parador. Con un mueble, menos. Sin contar el punitivismo, el hostigamiento, la discriminación en esos espacios, el despojo material que tienen que hacer».

Sobre el cambio en el perfil de las personas que terminaron en la calle, observa que hay muchos «mayores de 40-50 años. Tiene que ver con que cuando uno se siente en situación de extrema vulnerabilidad y antes no le había pasado nunca, es muy difícil pedir ayuda». López Dualde cuestiona, además, que todos los abordajes municipales asocien a la población sin techo con el consumo problemático. «Nosotros siempre lo separamos, porque hay un montón de personas que no consumen drogas. Nuestro objetivo es que se piense como una problemática específica. Si no, se desdibuja».

En la capital cordobesa, según datos difundidos a principios de año por el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la municipalidad, Raúl La Cava, se veía en la calle un aumento de familias que no podían pagar el alquiler: daba cuenta de 29 familias, con 53 niños y niñas, alojados en dispositivos municipales. Uno de los cambios más destacados observados en los últimos relevamientos es el aumento de grupos familiares que acceden al programa. En el período de enero a mayo de 2024, 15 familias recibieron alojamiento, mientras que en el mismo periodo de 2025 ya se han registrado 29 familias alojadas. Este dato pone de manifiesto un fenómeno nuevo en la ciudad, que puede vincularse de manera más específica con la crisis económica, de familias que han agotado todo tipo de recurso y redes para evitar quedar en calle, pero al no lograrlo, buscan acompañamiento por parte del Estado municipal.

En Santa Fe, en tanto, el área de Desarrollo Humano y Hábitat municipal aumentó este año en un 130% la disponibilidad de camas con la inauguración de un nuevo refugio ante el crecimiento de población sin techo. En Salta, donde los primeros días de mayo se habilitó el Hogar de Noche, se registró una asistencia diaria promedio de 51 personas y se notó mayor presencia de mujeres que en años anteriores.

La «limpieza» avanza
En tiempos de crueldad explícita, se multiplicaron los discursos que estigmatizan a las personas en situación de calle. En CABA, donde el año pasado el jefe de Gobierno, Jorge Macri, mostraba el desalojo de personas sin techo como parte de operativos de limpieza, las propuestas punitivistas contra los «fisuras» también formaron parte de la campaña legislativa.

Pero no fue solo una cuestión discursiva. En Mar del Plata, por caso, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al intendente, Guillermo Montenegro, por los operativos violentos contra personas que viven o trabajan en la calle. «La violenta intervención municipal, con golpes, agresiones y amenazas, está registrada en los videos que el mismo Montenegro comparte en sus redes sociales. Entre las atribuciones que no les corresponden a los agentes municipales se ven requisas en la vía pública y demoras a las personas, lo que implica la limitación ilegítima de su libertad física», advirtió la CPM.

Francia Guerra es coordinadora de la Red Puentes en Mendoza. En las calles de la capital provincial ve, como en otros puntos del país, «más personas en situación de calle y sobre todo familias». Pero, además, ve «más violencia. Se barre a cuidacoches, hay desalojos en las plazas, se los mueve a la periferia. Lo hace el Estado con la policía. En capital, la seguridad municipal ayuda en esos operativos». Cuenta, por ejemplo, sobre el enrejado del predio Cacique Guaymallén, «para que la gente no duerma ahí, porque se estaban asentando. Se terminan yendo a otros municipios para tener donde dormir». Lo mismo sucedió ante la Fiesta de la Vendimia, en febrero. «Vienen turistas nacionales e internacionales y quieren la ciudad “limpia”. Por eso a la gente en situación de calle buscan sacarla. Esconderla».

Credito ACCION