Hay decisiones de gobierno cuyos efectos perduran mucho más allá de un mandato. La venta de tierras públicas es una de ellas. Un edificio puede demolerse, una calle puede modificarse y una plaza puede recuperarse, pero un terreno municipal que pasa a manos privadas difícilmente vuelva a integrar el patrimonio de todos los vecinos.
Por eso, lo que ocurre hoy en Tres de Febrero merece un debate profundo.
En marzo de 2025, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 3715/25, promulgada posteriormente mediante el Decreto N.º 9/25, creando el Plan Particularizado Centro Cívico Caseros. Según la documentación oficial, el proyecto busca transformar una amplia zona del centro mediante la construcción de viviendas, oficinas, comercios, equipamiento urbano y espacios públicos, con participación de inversiones privadas.
Para el gobierno municipal se trata de una de las mayores transformaciones urbanas de la historia del distrito, orientada a generar una nueva centralidad, atraer inversiones y revalorizar un sector considerado estratégico.
Hasta allí puede existir una diferencia de miradas sobre cuál es el mejor modelo de desarrollo para una ciudad.
Sin embargo, el debate cambia de dimensión cuando ese crecimiento comienza utilizando suelo que pertenece a toda la comunidad.
Los documentos oficiales hablan de «movilización de suelo», valorización urbana y desarrollo inmobiliario sobre terrenos municipales. No es una interpretación política; forma parte de los fundamentos del propio proyecto.
Y los hechos demuestran que la iniciativa ya dejó de ser una propuesta para convertirse en una realidad.
En junio de 2026 el Municipio publicó los pliegos para la Licitación Pública–Subasta de la Parcela Nº 5 del Centro Cívico Caseros, un terreno municipal de aproximadamente 6.400 metros cuadrados, cuya adjudicación prevé la ejecución de distintas obras urbanísticas como contraprestación. Es decir, el proceso de transferencia de patrimonio público ya comenzó.
Frente a este escenario surgen preguntas que exceden cualquier discusión partidaria.
¿Es conveniente que un municipio continúe desprendiéndose de bienes públicos?
¿Hasta dónde puede venderse patrimonio municipal sin comprometer la capacidad de planificar el futuro?
Los gobiernos son transitorios.
El patrimonio público debería permanecer al servicio de las generaciones presentes y futuras.
Cada terreno municipal representa una reserva estratégica. Hoy puede parecer un espacio disponible, pero dentro de veinte o treinta años podría ser el lugar donde haga falta construir una escuela, un jardín de infantes, un hospital, un centro cultural, un polideportivo o una nueva plaza.
Una vez vendido, ese recurso desaparece definitivamente del patrimonio colectivo.
El verdadero debate: ¿quién planifica la ciudad de los próximos treinta años?
Nadie puede estar en contra del crecimiento.
Toda ciudad necesita viviendas, inversiones y actividad económica.
Lo que sí merece una discusión seria es si la infraestructura existente está preparada para sostener el nivel de desarrollo que se proyecta.
El propio Municipio prevé una fuerte densificación del área del Centro Cívico.
Entonces aparecen interrogantes que, hasta el momento, no han ocupado el centro del debate público.
¿La red eléctrica tiene capacidad suficiente para abastecer miles de nuevos departamentos?
¿Las redes de agua potable soportarán un incremento tan importante del consumo?
¿El sistema cloacal fue dimensionado para esa cantidad de habitantes?
¿Qué ocurrirá con el tránsito en una zona que ya registra importantes congestionamientos?
¿Habrá suficientes vacantes escolares?
¿Se construirán nuevos centros de salud?
¿Existe un estudio integral sobre el impacto ambiental y urbano que tendrá este crecimiento?
Estas preguntas no implican rechazar el desarrollo. Por el contrario, buscan que el crecimiento vaya acompañado de planificación.
Porque una ciudad no funciona únicamente con edificios.
Necesita servicios públicos eficientes, infraestructura moderna, espacios verdes suficientes y equipamiento comunitario capaz de responder al aumento de la población.
De lo contrario, el resultado suele ser conocido: cortes de luz durante el verano, baja presión de agua, saturación del tránsito, problemas cloacales y una progresiva pérdida en la calidad de vida.
El patrimonio municipal no debería medirse únicamente por su valor inmobiliario
El Municipio sostiene que el proyecto contempla nuevas plazas, obras públicas, mejoras en la conectividad y espacios de uso común.
Ese argumento forma parte del debate.
Sin embargo, también es válido preguntarse si vender patrimonio público constituye la mejor herramienta para financiar el desarrollo urbano o si existen alternativas que permitan impulsar inversiones sin desprenderse definitivamente de bienes que pertenecen a toda la comunidad.
El suelo municipal no es solamente un activo económico.
Es una herramienta de planificación.
Una ciudad que reduce progresivamente sus reservas de tierra pública limita las posibilidades de las futuras administraciones para responder a nuevas demandas sociales.
Un proyecto que también recibió cuestionamientos
Antes de la aprobación de la Ordenanza 3715/25, concejales de la oposición cuestionaron el procedimiento administrativo y solicitaron postergar el tratamiento del expediente al considerar que los plazos vinculados con la participación ciudadana no se habían cumplido de manera adecuada.
El Municipio, por su parte, sostiene que el proyecto respetó los mecanismos previstos por la normativa urbanística y que existieron instancias para que los vecinos realizaran observaciones.
Más allá de cuál sea la posición de cada sector político, lo cierto es que una decisión de semejante magnitud merecía un debate público mucho más amplio y transparente, precisamente porque involucra bienes que pertenecen a todos los vecinos.
¿Progreso o pérdida de patrimonio?
Tres de Febrero necesita crecer.
Necesita inversiones.
Necesita viviendas.
Pero también necesita preservar patrimonio público, fortalecer su infraestructura y planificar pensando en las próximas décadas y no únicamente en las próximas obras.
El progreso no debería medirse por la cantidad de torres que se construyen, sino por la calidad de vida que tendrán quienes las habiten.
Porque una ciudad inteligente no vende primero y planifica después.
Planifica primero y recién entonces decide qué hacer con sus bienes públicos.
Hoy el gobierno municipal habla de desarrollo.
Muchos vecinos comienzan a preguntarse si ese desarrollo se está construyendo sobre una base suficientemente sólida o si, en realidad, el distrito está ingresando en una etapa donde cada vez más terrenos públicos encuentran destino en el mercado inmobiliario.
La discusión no debería reducirse a cuánto vale una parcela ni cuántos edificios pueden levantarse sobre ella.
La verdadera pregunta es otra.
¿Qué ciudad queremos dejarles a quienes vivirán en Tres de Febrero dentro de veinte o treinta años?
Porque cuando el último terreno municipal haya cambiado de dueño, ya no habrá forma de recuperarlo.
Y recién entonces sabremos si las decisiones tomadas fueron una apuesta al desarrollo sostenible o el comienzo de un proceso en el que el patrimonio de todos terminó convertido, poco a poco, en una oportunidad de negocios.
Por Claudio Gambale.
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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