En el municipio de Tres de Febrero, la descarga ilegal de basura en Churruca parece haber encontrado su epicentro. En menos de 96 horas, la calle Miramar, entre Soldado Caballero y El Parque, se convirtió en escenario de una burla sistemática a la ley y a la salud pública: dos episodios dejaron al descubierto una preocupante zona liberada.
Una zona liberada en menos de 96 horas
Por arte de magia, la comisaría se convierte en una puerta giratoria: los contraventores entran con el camión ilegal y salen como si nada.
Lo que ocurre allí no es solo un delito ambiental, sino también un insulto a la Justicia y un incumplimiento agravado de órdenes judiciales. Mientras los vecinos son condenados a convivir rodeados de desperdicios clandestinos, el municipio parece mirar hacia otro lado con una pasividad que asombra.
Descarga ilegal de basura: el camión que el CEAMSE rechazó y volcó igual
El lunes 30 de marzo, un camión Mercedes Benz intentó descargar en el CEAMSE. Sin embargo, el organismo le prohibió el ingreso por falta de habilitación. En consecuencia, el conductor regresó con el vehículo repleto de residuos y volcó toda la carga sobre la calle Miramar.
El hecho ocurrió frente a al menos dos domos y cuatro cámaras fijas de la Secretaría de Seguridad municipal. No obstante, ninguno de esos sistemas detectó ni denunció la maniobra clandestina. Las cámaras, en la práctica, liberaron la zona.
Nueva descarga ilegal de basura en Churruca: el segundo camión sin control
Este jueves por la mañana, un camión Ford con caja volcadora roja y cabina azul llegó al mismo lugar para repetir la operación. El vehículo no portaba chapas patente, ni VTV, ni seguro, ni ningún tipo de documentación.
Las denuncias de vecinos al sistema 911 permitieron que un móvil policial lo interceptara a metros del lugar. El Comando de Patrullas lo remitió a la Comisaría Tres de Febrero 11, de Remedios de Escalada. Sin embargo, en pocas horas, el camión ya estaba nuevamente en la calle.
Descarga ilegal de basura en Tres de Febrero: cámaras que no ven y comisarías que liberan
En ese sector existen órdenes precisas tanto para la Municipalidad como para la Policía destinadas a evitar el vuelco de residuos. En este contexto, el caso del camión Ford expone una doble falla del sistema. Por un lado, las cámaras de seguridad municipales no registran las descargas clandestinas. Por otro, cuando el Comando de Patrullas remite a los infractores a la comisaría, estos recuperan la libertad en pocas horas y continúan con las actividades contravencionales.
La descarga ilegal de basura en Churruca refleja un patrón claro: los controles existen en el papel, pero no en la práctica. Los vecinos denuncian, la policía actúa y, aun así, los camiones vuelven a operar.
La Justicia lo notificó, tiene cámaras y no actúa: la responsabilidad política en Tres de Febrero
La existencia de cámaras de seguridad y una notificación judicial que obligaba al municipio a impedir el vuelco de residuos no se traduce en un control efectivo en todo el distrito. Esos recursos, que deberían garantizar el cumplimiento de la ley, parecen aplicarse de manera desigual: se utilizan para vigilar en algunos sectores y se desactivan en otros.
Recursos hay, decisión política no
El intendente de Tres de Febrero no puede alegar falta de recursos, ya que nunca informó limitaciones en ese sentido. Lo que se evidencia no es un problema económico ni operativo, sino una decisión política. En la práctica, se observan áreas con mayor presencia y control, mientras que otras quedan relegadas, generando un esquema de cobertura desigual.
Una desobediencia selectiva
La desobediencia a una orden judicial constituye un hecho grave. Más aún cuando esa falta de cumplimiento se percibe como selectiva. En este caso, la intervención policial se produjo tras el aviso de los vecinos y no como resultado de un accionar preventivo del municipio.
Descarga ilegal de basura en Churruca: la responsabilidad es del intendente
La responsabilidad recae en el intendente, que no garantiza la vigencia de la Constitución Nacional en el ámbito del municipio. No se trata solo de una falla administrativa, sino del incumplimiento de un principio básico: el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano.
Esto plantea un eje claro sobre las responsabilidades. La situación no recae en quienes denuncian ni en explicaciones generales que desvían el foco, sino en la autoridad que, contando con herramientas, información y una orden judicial, no activó los mecanismos necesarios para evitar el hecho.
La justicia ya se expidió. Resta ahora que el municipio actúe en consecuencia y garantice el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio, sin distinciones.
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