Una vez más, el gobierno de Javier Milei volvió a arremeter contra los sitios de memoria, ya no solo a través del desfinanciamiento y los despidos, sino que ahora también lo hace interviniendo en sus contenidos y actividades.
Tras el repudio generalizado que generó la reciente cancelación del show del músico Milo J en el predio de la ex-Esma, en las últimas horas el Gobierno nacional impidió, a través de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Mar del Plata, la realización de dos actividades culturales programadas en el espacio Faro por la Memoria, en Punta Mogotes.
La medida judicial, solicitada por el Ministerio de Justicia, ordenó cancelar la presentación de “Lanzallamas. Milei y el fascismo psicotizante”, el último libro del filósofo italiano Rocco Carbone, prevista para ayer, así como la realización de la “2° Jornada de Memoria y Resistencia”, programada para este sábado.
“El Colectivo Faro de la Memoria lamenta tener que comunicar que por decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del día de la fecha, nos vemos obligadxs a suspender la presentación del libro de Rocco Carbone, que se iba a llevar a cabo esta tarde”, indicó el organismo a través de redes sociales, a pocas horas del inicio previsto para la actividad.
“El fascismo avanza”, escribió tras la novedad el autor en su cuenta de “X”.
Minutos más tarde, el espacio para la memoria comunicó que la medida cautelar, dictada por el juez Santiago Martín, titular del Juzgado Federal 2, alcanzaba también a la “2° Jornada de Memoria y Resistencia”, que debía desarrollarse este sábado desde las 18, en el predio ubicado en Avenida de los Trabajadores al 5.700, en el extremo sur marplatense, con shows en vivo, una feria de economía popular y actividades para las infancias.
El Colectivo Faro de la Memoria y los organismos de derechos humanos de la ciudad repudiaron esta medida y la cancelación de ambas actividades. Consideraron que se trata de un “acto de autoritarismo, censura y prohibición de actividades culturales y eventos artísticos ya programados”. En ese sentido, convocaron a una concentración este sábado desde las 15 frente al predio donde funciona el espacio de memoria, para manifestarse “contra el autoritarismo y la censura”.
Fuentes judiciales indicaron que la medida cautelar dictada ayer fue solicitada por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de su representante del cuerpo de abogados del Estado en la ciudad. La cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona invocó presuntos riesgos patrimoniales para las instalaciones del lugar.
También se refirió a falencias en materia de seguridad para los asistentes, “tales como la insuficiencia de dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos y vehículos de seguridad, la falta de un programa de evacuación adecuado, la ausencia de puestos de hidratación y sanitarios suficientes, así como la garantía de seguridad para los empleados del recinto”. A partir de estos elementos, pidió la “suspensión inmediata” de ambas actividades.
Según la presentación, “los eventos mencionados carecen de la debida autorización” del Ejecutivo nacional, “específicamente de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia”.
“La ausencia de autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional, así como la unilateralidad de la decisión por parte de los organizadores, configura una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines de preservación histórica y de uso público del predio”, señaló. Agregó en ese sentido que “el Espacio Faro de la Memoria posee una finalidad específica de preservación y promoción de la memoria histórica vinculada a crímenes de lesa humanidad”, por lo que “toda actividad a desarrollarse en dicho predio debe alinearse con estos objetivos y contar con la evaluación y aprobación de las autoridades competentes, incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación”.
El ministerio argumentó que no fue “notificado” ni “ha tomado conocimiento previo de la realización de los eventos mencionados, ni de las decisiones adoptadas respecto de su organización, lo que demuestra que las actividades fueron programadas sin el debido consentimiento ni la debida aprobación de las autoridades gubernamentales pertinentes”.
El Gobierno dijo desconocer los criterios bajo los que se organizaron estas actividades, “así como el mecanismo utilizado para el expendio de las entradas y los términos bajo los cuales se llevó adelante dicha gestión; quedando en evidencia que la decisión de realizar el evento ha sido tomada unilateramente” por el Colectivo Faro por la Memoria.
Referentes de los organismos de la ciudad señalaron por su parte que desde el inicio de la gestión de Javier Milei fue imposible lograr algún tipo de articulación o canal de comunicación formal entre el espacio y la Secretaría de Derechos Humanos. “En 14 meses no hubo ni a quién pedir permiso”, graficaron.
En su resolución, el juez Martín entendió que por “elementales razones de prevención a fin de evitar la generación de daños a las personas y a los bienes, así como de preservar las competencias que en la materia posee la autoridad de aplicación, es que corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Estado Nacional – Ministerio de Justicia de la Nación”. El magistrado ordenó en ese sentido “suspender las actividades previstas para el día 14/02 y el día 15/02 en el predio Faro de la Memoria, hasta que la demandada acredite contar con la autorización emitida por la Secretaría de Derechos Humanos”.
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