La seguridad debería ser una política de Estado, no una herramienta de marketing político. Cuando se trata de combatir el delito, la ciudadanía espera coordinación entre todos los niveles del Estado y no una disputa permanente por ver quién se lleva el crédito cuando las cosas salen bien o quién carga las culpas cuando salen mal.
En las últimas horas, la Municipalidad de Tres de Febrero difundió con entusiasmo el operativo que permitió desarticular a la banda conocida como «Los Rayitos», en Villa Bosch. Según el comunicado oficial, el procedimiento fue llevado adelante por la Delegación San Martín de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con apoyo del sistema de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal.
Sin dudas, toda acción que contribuya a combatir el narcotráfico y proteger a los vecinos merece ser valorada. La utilización de menores para la comercialización de drogas es un problema grave que exige la intervención coordinada de la Justicia, las fuerzas de seguridad y los distintos niveles del Estado.
Sin embargo, el debate aparece cuando esa misma lógica de cooperación desaparece frente a otros delitos. Cada vez que aumentan los robos de vehículos, las entraderas o hechos de inseguridad que afectan a los vecinos de Tres de Febrero, desde el gobierno municipal suele señalarse la responsabilidad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador, desligando al municipio de cualquier participación en la estrategia de prevención.
Ese doble discurso genera interrogantes. Si un operativo exitoso contra una organización dedicada al narcotráfico es presentado como un logro compartido por el municipio, ¿por qué cuando ocurren delitos que preocupan cotidianamente a los vecinos la responsabilidad deja de ser compartida? La seguridad no puede medirse según la conveniencia política del momento.
Los municipios cuentan hoy con herramientas de prevención, monitoreo, patrullaje, centros de operaciones, tecnología y articulación con las fuerzas provinciales. Del mismo modo, la Provincia tiene responsabilidades centrales en materia policial e investigativa. Justamente por eso, los resultados —buenos o malos— son consecuencia, en mayor o menor medida, del funcionamiento conjunto de todos esos actores.
La ciudadanía no necesita funcionarios disputándose el protagonismo de un procedimiento exitoso ni buscando responsables cuando la inseguridad golpea. Necesita políticas sostenidas, coordinación institucional y un compromiso permanente para enfrentar todas las formas del delito, sin importar si generan un rédito político inmediato.
Porque el narcotráfico, los robos, las entraderas y la violencia forman parte de un mismo problema: la seguridad pública. Y mientras algunos elijan mostrar solo aquello que les permite exhibir gestión, el riesgo es que las respuestas terminen guiadas más por la comunicación política que por las verdaderas necesidades de los vecinos.
Por Claudio Gambale
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico
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