Según la ONU, hay una «criminalización» de las personas en situación de calle en CABA

 Relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal

Para el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema de la ONU, Olivier De Schutter, las medidas adoptadas “sugieren un patrón de criminalización” de las personas en situación de calle, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”. El pedido formal de comunicación ante la ONU había sido presentado por el Ministerio Público de la Defensa en 2024. 

En relación con la Ciudad de Buenos Aires, Rajagopal y De Schutter destacaron que los informes brindados por los organismos muestran que el número de personas en situación de calle creció un 122% desde 2017, mientras que solo entre 2022 y 2024 creció un 55%. A pesar de eso, la respuesta del gobierno porteño fue lanzar el «Operativo Especial Orden y Limpieza», con desalojos forzosos y confiscación de las pertenencias de las personas sin hogar. 

Además, en estos operativos se reportó el uso de la fuerza y la destrucción de objetos personales, incluidos documentos. También se registró un aumento del 2.137% en el labrado de contravenciones contra estas personas y un 500% más de hechos de violencia institucional contra ellas. Muchas de las detenciones realizadas a personas en situación de calle, incluso, fueron anuladas por el Poder Judicial tras considerarlas arbitrarias y basadas en prejuicios.

Una problemática en aumento, falta de políticas integrales y un fuerte punitivismo por parte del GCBA

El pronunciamiento internacional surge en simultáneo a la elaboración del informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, realizado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas. 

Del documento se desprende el aumento de personas en situación de calle, la falta de políticas para abordar esta problemática de forma integral y un fuerte punitivismo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

También muestra cómo la estrategia de la nueva gestión del GCBA tuvo un abordaje bifrontal: por un lado, con una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones y violencia institucional; y, en paralelo, con un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aún así no logra trascender las intervenciones de emergencia. 

Sobre el paradigma “Orden y limpieza”, según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle ascienden a más del doble entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 (128% de aumento). El 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 reportan haber sufrido violencia institucional al momento de la detención. Este enfoque ubica a las personas como parte del problema de higiene urbana, los despersonaliza y fortalece la estigmatización del grupo, desconociendo los estándares y garantías fijados por la normativa nacional y local.

Sobre las políticas públicas para atender la emergencia, en el año 2025, las partidas presupuestarias destinadas a programas habitacionales para personas en situación de calle presentaron un aumento del 40,11% en términos reales. Sin embargo, estos programas se siguen orientando fundamentalmente a ofrecer una respuesta de emergencia y transitoria, principalmente a través de un subsidio habitacional, o de una vacante en un Centro de Inclusión Social (CIS), sin resolver otros problemas estructurales.

La problemática de situación de calle debe abordarse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional. En el informe elaborado por el CELS, ACIJ y el MPD CABA, se presentan líneas de acción que incluyen medidas paliativas y programas potencialmente transformadores, sobre los que es necesario profundizar para alcanzar consensos entre los distintos actores que abordan esta problemática.