Reforma del Código Penal de Milei/Borinsky plantea hasta 12 años por «discriminación» y «ciberodio»

El anteproyecto de reforma del Código Penal, elaborado en gran parte por el juez federal Mariano Borinsky y presentado la semana pasada por el presidente Javier Milei en la cárcel federal de Ezeiza propone reformular el tratamiento de la «discriminación» y de la «incitación al odio» por razones raciales, religiosos, étnicos u otros. Para este tema en particular, fueron consultadas instituciones locales ligadas a Israel, como la DAIA y juristas especializados en Internet y redes sociales, como Eric Andreas Hilgendorf.

El nuevo código establece penas de entre tres a nueve años de prisión y multa al que realice insultos, “agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución odio de una persona humana o jurídica un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria».

También para quien de manera pública “difunda, fomente, promueva o incite, directa o indirectamente, ya sea mediante la divulgación de contenido en redes sociales, sitios web, inteligencia artificial u otros medios electrónicos, o por cualquier otro medio, al odio, ciberodio, hostilidad, prejuicio, discriminación, violencia o persecución o por los motivos enunciados en el artículo precedente contra un grupo o asociación, una parte del mismo o contra una persona humana o jurídica”.

A su vez, busca reprimir a todo aquel que “produzca, elabore, facilite, distribuya o tenga en su poder escritos, grabaciones, imágenes o sus copias o cualquier otra clase de material, soporte informático o de inteligencia artificial que por su contenido sea idóneo para difundir, fomentar, promover o incitar públicamente al odio, hostilidad, prejuicio, discriminación, persecución o violencia contra un grupo, asociación, parte del mismo o contra una persona humana o jurídica».

Por su parte, el artículo 869 de la iniciativa de actualización integral del Código, promovida en el ámbito del Ministerio de Justicia a través de actos administrativos como la Resolución 25/2024, firmada el 1 de marzo del año pasado por el ministro Mariano Cúneo Libarona, determina que la pena por los delitos de discriminación y odio se elevarán de tres a doce años de cárcel cuando concurran determinadas circunstancias: si participa en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o con motivo de sus funciones; si la conducta se realiza de manera habitual; o si intervienen tres o más personas. En el caso de los funcionarios públicos, la norma dispone además la inhabilitación especial por el mismo tiempo de la condena.

Por último, el artículo 870 prevé una sanción de tres a quince años de prisión y multa para quienes constituyan, promuevan, financien o participen en una organización, asociación o grupo que lleve a cabo hechos motivados por discriminación nacional, étnica, racial o religiosa. También alcanza a las personas que realicen propaganda, por cualquier medio, basada en ideas o teorías de superioridad racial, religiosa o étnica, destinada a justificar o promover la discriminación.

El endurecimiento de penas bajo conceptos amplios y ambiguos, referidos a la expresión de opiniones en redes sociales ha abierto un debate en la Argentina por las potenciales limitaciones a la libertad de expresión. Paradójico bajo un gobierno que se tilda de «libertario».

Borinsky es un magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal. Fue noticia en mayo de este año por su elección durante una reunión en Israel del Congreso Judío Mundial para representar al Congreso Judío Latinoamericano en asuntos legales y de derechos humanos a nivel regional e internacional. Durante el mismo mes, fue también noticia cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no otorgarle una licencia con goce de haberes tras haber solicitado ausentarse entre el 8 y el 20 de julio para integrar la Delegación Argentina en el evento deportivo «Macabeadas Mundiales 2025», a realizarse en Tel Aviv, Israel. Previamente, medios argentinos lo han sindicado de parcial en sus fallos en causas políticas, siendo que es compañero de tenis y paddle del expresidente Mauricio Macri, habiéndose reunido con este en más de quince oportunidades en la Quinta de Olivos.

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