En su Capítulo II, el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” modifica de manera sustancial el procedimiento judicial para desalojar viviendas y locales. Un informe elaborado por Inquilinos Agrupados, que analiza artículo por artículo, señala las consecuencias que tendría la reforma para quienes alquilan. Advierte que la iniciativa acelera los procesos y reduce las posibilidades de defensa de quienes alquilan, especialmente en un mercado donde una parte importante de los contratos se desarrolla de manera informal, sin contratos escritos o comprobantes formales de pago. “Este proyecto de ley no ordena el mercado de alquileres: desmantela las pocas garantías procesales que le quedaban a quien alquila”, remarca la organización. Entre los principales cambios, señala la incorporación del juicio sumarísimo para todos los desalojos, mecanismos de entrega inmediata del inmueble y restricciones a las pruebas que pueden presentar los inquilinos. Por ANRed.
El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” contiene un capítulo específico (el Capítulo II) que modifica el procedimiento judicial para los desalojos de viviendas urbanas y rurales y locales en todo el país. Un informe elaborado por Inquilinos Agrupados analiza los 12 artículos que integran este capítulo y advierte que la reforma acelera los procesos y reduce las garantías procesales para quienes alquilan.
“Este proyecto de ley no ordena el mercado de alquileres: desmantela las pocas garantías procesales que le quedaban a quien alquila”, sostiene el documento. Y agrega: “todos los desalojos pasan a tramitarse por la vía más rápida que existe en la Justicia, dejando a los inquilinos sin tiempo real para defenderse”.
Desalojo en el barrio de Monserrat el 25 de agosto de 2025. Foto: GCBA.
Uno de los principales cambios analizados es que todos los juicios de desalojo pasarían a tramitarse mediante el denominado “juicio sumarísimo”, el procedimiento más rápido previsto en el Código Procesal Civil y Comercial. El informe señala que esto reduce los plazos para contestar demandas, presentar pruebas y apelar. “Si no hay contrato ni recibos —la realidad de buena parte del mercado informal— cualquier inquilino puede terminar tratado como intruso y desalojado en 72 horas”, advierte la organización.
La guía también pone el foco en los casos de quienes no tienen contratos escritos o comprobantes formales de pago. El proyecto establece que, en los juicios por falta de pago o vencimiento del contrato, sólo podrán utilizarse pruebas documentales y periciales. Según Inquilinos Agrupados, esto deja particularmente expuestos a quienes pagan el alquiler en efectivo y sin recibos, ya que no podrían recurrir a testigos para demostrar esos pagos.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de que el juez ordene la entrega inmediata del inmueble antes de que exista una sentencia definitiva cuando el reclamo del propietario resulte verosímil. El informe lo define como “desalojo exprés, sin sentencia firme, basado solo en la apariencia de derecho y la palabra jurada del propietario”.
La iniciativa también contempla mecanismos que permiten requerir el auxilio de la fuerza pública durante las notificaciones y habilita el allanamiento del domicilio en determinadas circunstancias. Para el lanzamiento, además, el proyecto autoriza el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso cuando la propiedad se encuentre desocupada.
Desalojo en Villa Mitre el miércoles 22 de abril de 2026 . Foto: GCBA.
El capítulo incorpora además un mecanismo específico para viviendas donde habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, el juez debe dar intervención a organismos de protección y otorgar un plazo que no puede superar los diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, pero el informe remarca que esto “no impide el desalojo”.
Como conclusión, Inquilinos Agrupados sostiene: “el resultado es un esquema diseñado para acelerar los desalojos y blindar al propietario, mientras el Estado sigue sin garantizar ningún piso mínimo de derechos para quien alquila”.
Imagen: Marcos Sierra.
El avance de este tipo de reformas sobre los procedimientos de desalojo se da en un contexto de fuerte deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y de creciente vulnerabilidad de quienes alquilan. En ese escenario, acelerar los mecanismos para recuperar un inmueble y reducir las herramientas de defensa de los inquilinos no constituye solamente una modificación procesal: profundiza una relación desigual entre propietarios e inquilinos y coloca el derecho de propiedad por encima de las condiciones materiales necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.
La discusión, además, forma parte de un proceso más amplio en el que el Gobierno de Javier Milei impulsa una redefinición del papel del Estado frente a los derechos sociales y las relaciones económicas: mientras se desregulan distintas áreas y se reducen las herramientas de protección, las consecuencias recaen sobre quienes tienen menor capacidad para afrontar los costos de la crisis. En el caso de la vivienda, advierte Inquilinos Agrupados, el resultado puede traducirse en más velocidad para desalojar y menos garantías para quienes alquilan, en un mercado donde acceder y sostener un techo se convirtió en uno de los principales problemas económicos de millones de familias.
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