La decisión del Gobierno de Javier Milei reavivó el conflicto por la ley de emergencia en discapacidad. La actriz habla de colapso y derechos vulnerados.
La decisión del gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transferir sus funciones al Ministerio de Salud volvió a encender un conflicto que atraviesa a miles de familias en todo el país. La medida, anunciada en la antesala del cierre del año, se suma a la negativa del Ejecutivo a cumplir plenamente la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso tras meses de reclamos del sector y que ordena la actualización de los nomencladores y fondos que sostienen terapias, apoyos y traslados.
Entre las voces que se alzaron con mayor fuerza está la de la actriz Lola Berthet, madre de un niño con diagnóstico de autismo, que en los últimos meses se convirtió en una de las referentes públicas del colectivo. Para Berthet, la disolución de ANDIS no representa una mejora administrativa sino “un retroceso”.
” “ANDIS se creó en 2017 por un reclamo histórico del sector para que discapacidad sea abordada de manera integral. No es solo salud: es educación, transporte, inclusión social. Pasarla a Salud es volver atrás”, advirtió.“
La preocupación no es solo simbólica. La ley de emergencia —que el Gobierno se resiste a ejecutar en su totalidad— busca recomponer valores que quedaron muy por debajo de la inflación y que hoy ponen en riesgo la continuidad de terapias, acompañantes terapéuticos y maestros de apoyo. “Ya no estamos hablando de emergencia, sino de colapso”, señaló Berthet en diálogo con Delta 90.3. “Hace dos años que no se actualiza el nomenclador, pero los aportes sí se siguen cobrando. Esa diferencia alguien se la está quedando”.
En el centro de la discusión aparece una tensión estructural: el Estado no es el principal pagador directo de las prestaciones, sino el regulador del sistema. “El Estado administra el nomenclador. Los que pagan son las obras sociales y las prepagas, con aportes que salen del salario de los trabajadores. Cumplir la ley no rompe el equilibrio fiscal”, subrayó la actriz.
Desde el Gobierno, el argumento oficial para cerrar ANDIS apunta a los escándalos de corrupción detectados durante 2024, con sobreprecios y desvíos de fondos que derivaron en renuncias y causas judiciales. Sin embargo, para las familias, la respuesta no puede ser el desmantelamiento institucional. “En agosto dijeron que el curro se había terminado y que estaba todo ordenado. Entonces, ¿por qué cerrar ahora la agencia?”, se preguntó Berthet.
La dimensión humana atraviesa todo el reclamo. Juan Fidel, el hijo de Lola, tiene 11 años y asiste a una escuela pública con maestra de apoyo. Sus terapeutas —“sus amigos”, como ella los define— sostienen muchas veces el vínculo más allá de lo económico. “Hay profesionales que cobran tres mil pesos la hora y siguen por amor. Eso no debería pasar. La vocación no puede reemplazar a una política pública”.
El impacto no es abstracto: cuando una prestación se corta, el efecto es inmediato y acumulativo. “Cuando cae una terapia, cae todo. Es un dominó”, describió. Y advirtió también sobre la fragilidad de las instituciones educativas, que muchas veces carecen de herramientas y formación para acompañar la inclusión. Consultada por “El Disparador” sobre qué le diría al Presidente, Berthet fue directa:
“Que pare. Que pare con tanto odio. Que me explique por qué le dice inútiles a nuestros hijos, por qué cree que no producen. Que lo diga en la cara, no en un tuit”.
El conflicto por la discapacidad se convirtió así en uno de los frentes más sensibles del ajuste libertario. No solo por el impacto presupuestario, sino porque pone en discusión qué lugar ocupan los derechos adquiridos en el nuevo esquema de Estado mínimo que impulsa Milei. Mientras la Justicia fijó plazos para que el Ejecutivo cumpla con la ley y advirtió sobre posibles sanciones, las familias siguen movilizadas.
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“Nosotros no bajamos los brazos nunca”, dijo Berthet. “Tenemos un plus de fuerza que nos dan nuestros hijos”. Detrás de la disputa política y administrativa, hay vidas concretas que dependen de decisiones que hoy están en suspenso. Y un debate de fondo: si la discapacidad es un gasto a recortar o un derecho a garantizar.
por R.N.
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