A medida que pasan las horas, se van conociendo más detalles sobre el escándalo desatado por la detención del senador Edgardo Kueider, quien trasladaba más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar en la frontera con Paraguay.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que inició de oficio una pesquisa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, reveló que los primeros datos recabados arrojan seis viajes, desde febrero a la fecha, reiterando la misma ruta terrestre. Y siempre, con una misma acompañante: su secretaria Iara Magdalena Guinzel Costa.
Justamente, la mujer habría dicho ante la Justicia que el dinero era suyo y que se lo entregó una empresa de Asunción de la que es apoderada para comprar electrónica, perfumes y cosméticos, según informó el abogado del senador, César Nider Centurión.
“Antes que nada quiero poner en claro que, según la propia declaración de la señorita, el senador no tiene absolutamente nada que ver ni con el dinero, ni con los negocios que la señorita pensaba hacer con el dinero para la empresa con la cual trabajaba”, argumentó el letrado, en una explicación que a todas luces resulta insólita y poco creíble.
Otros datos que a la Justicia le resultan inicialmente llamativos es que todos los viajes fueron por períodos cortos, de no más de cuatro a cinco días. “Se reiteró la misma ruta, siempre saliendo vía Brasil y otras a través del puente San Ignacio”, informaron fuentes judiciales paraguayas.
El director de Migraciones del vecino país, Jorge Kronawetter, confirmó que Kueider viajó seis veces a Paraguay en lo que va de este año, un dato que llama la atención y que podría ser tenido en cuenta la justicia. De hecho, el fiscal ordenó su detención para que quede a cuidado de la Policía hasta que se decida si es liberado y entregado a las autoridades argentinas.
Demás está decir que la sucesión de viajes abona las versiones que circulan en Buenos Aires que cobró una coima para apoyar la sanción de la ley Bases, una iniciativa clave para el gobierno de Javier Milei.
Una fuente del área de seguridad explicó que hay dos escenarios a los que se enfrenta el senador: uno, es el pago de una multa, que corre a cargo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), por haber ingresado más de 200 mil dólares sin declarar, y otro es la apertura de una causa penal por los delitos de contrabando y lavado de dinero.
Mientras, la caída de Kueider impacta de lleno en el Gobierno. El oficialismo no sólo quedó al borde de perder a un aliado en la Cámara alta sino que, además, sufriría una baja más en la denominada oposición dialoguista que deja a la Casa Rosada con números tan apretados que podrían convertir cada sesión del Senado en una verdadera ruleta rusa.
Esto es así porque todo indica que es muy difícil que Kueider pueda volver al Senado, lo que afectará de manera directa la mayoría de 39 senadores (los otros 33 son de Unión por la Patria) que supo construir Victoria Villarruel para poder arrebatarle el control de la Cámara alta al kirchnerismo y que el Gobierno consolidó con las negociaciones para aprobar la Ley Bases.
Justamente, aquellos acuerdos con senadores peronistas disidentes y de fuerzas provinciales quedaron en el centro de las sospechas tras la detención del entrerriano. Kueider pidió ayer licencia para que se investigue el escándalo en el que está involucrado.
Ante la posibilidad de que finalmente el senador renuncie o sea expulsado de la Cámara, el kirchnerismo se vería beneficiado ya que en lugar de Kueider asumiría Stefanía Cora, militante de La Cámpora y actual diputada provincial en Entre Ríos.
En tanto, en su primera declaración tras conocerse la detención, el presidente Javier Milei se despegó del escándalo del senador de Unidad Federal, aliado a su Gobierno.
“Es un tema del kirchnerismo. Lo tiene que arreglar el kirchnerismo. Nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, dijo Milei ante la consulta de Lautaro Maislin para C5N, en su ingreso a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Sin embargo, mientras desde La Libertad Avanza intentan despegarse del senador entrerriano y buscan que el peronismo se haga cargo de su pertenencia política, el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué aseguró que Kueider dijo ser “un senador oficialista” cuando entró al país vecino.
Es que se transformó en un aliado del oficialismo durante el debate de la Ley Bases y desde entonces cultivó una buena relación con los libertarios, al punto de que fue impulsado por Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, para presidir la relevante Comisión Bicameral de Inteligencia que al final se quedó Martín Lousteau.
De todas maneras, fue designado al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado por la mismísima Victoria Villarruel.
Por otra parte, Kueider está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos, en una causa que tramita en la justicia federal de San Isidro, donde se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de su declaración jurada de bienes, se solicitó un informe amplio y completo a la AFIP sobre su situación patrimonial y se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) determinar si lo investiga por lavado de dinero.
En la causa se investiga a los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, constructores y gerentes de una empresa de seguridad en Entre Ríos, de pagar sobornos a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada. En esa época Kueider, hombre del ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet como secretario general de la Gobernación, era el responsable de la compañía.
Pero allí no terminan las complicaciones para Kueider: la investigación también destapó una nueva arista judicial, y es su posible vinculación con propiedades de lujo en Paraná, Entre Ríos.
La Justicia provincial investiga si una empresa relacionada con Kueider es la verdadera propietaria de un conjunto de departamentos ubicados en la calle Santiago del Estero al 500, en pleno centro de la capital entrerriana.
El caso, a cargo del fiscal José Arias, se centra en la empresa Betails S.A., de la cual Kueider declaró en su presentación patrimonial de 2021 ser accionista del 50 por ciento. Betails fue creada con un capital inicial de 100.000 pesos y, aunque su objeto social es la compra de ganado, fuentes judiciales aclararon que nunca tuvo actividad real.
Paralelamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente derivado de la causa Securitas, que involucra el pago de sobornos a organismos públicos. Uno de estos organismos es ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), donde Kueider ocupó un cargo directivo. El senador solicitó que la causa pase al fuero federal y se aleje de la jurisdicción provincial, pero aún no hubo resolución al respecto.
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