La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) oficializó, en las últimas horas, un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento reservado que establece los lineamientos estratégicos que guiarán la labor del organismo en los próximos años. Si bien retoma prioridades históricas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, también incorpora conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a tareas de inteligencia sobre ciudadanos, periodistas y analistas críticos del gobierno de Javier Milei. Por Tribuna de Periodistas.
El plan fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, y detalla en 170 páginas los intereses estratégicos del país, los objetivos generales de inteligencia y posibles acciones concretas. Aunque el documento está plagado de formulaciones generales, zonas grises y definiciones abiertas, incluye pasajes que podrían interpretarse como habilitaciones para vigilar a actores internos, sin establecer límites claros.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recolectar información sobre quienes “erosionen la confianza pública” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. No se aclara si este concepto aplica únicamente a actores extranjeros o si también podría abarcar a ciudadanos, periodistas, académicos o especialistas que cuestionen, por ejemplo, los operativos de seguridad liderados por la ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.
Otra sección del PIN identifica como sujetos de interés a quienes generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. El texto no especifica si esto alude a actores externos —como fue en su momento la American Task Force Argentina (ATFA), que presionaba a favor de los fondos buitre— o si incluye a economistas críticos, analistas o incluso a quienes el propio presidente Milei califica de “econochantas”.
Además, según publica diario La Nación, el documento menciona como prioridad de la SIDE el monitoreo de quienes busquen “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o promuevan “desinformación”. Esta categoría, nuevamente poco precisa, podría referirse tanto a operaciones extranjeras como las de Rusia en elecciones de países occidentales, como a periodistas y comunicadores acusados desde el oficialismo de divulgar noticias falsas.
En línea con esto, se menciona el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para influir en la “percepción” y afectar los procesos “cognitivos” de la sociedad. Queda en el aire si esto permitiría vigilar incluso a influencers afines al oficialismo o funcionarios del propio gobierno que intervienen en redes sociales durante períodos de veda electoral.
El vocero presidencial Manuel Adorni solicitó que se le enviaran preguntas por escrito sobre este tema, pero no respondió antes del cierre de esta edición. La SIDE, cabe recordar, responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.
El plan señala además que los agentes de inteligencia deberán poner atención a fenómenos asociados con la pobreza, la desigualdad y las migraciones internas, en tanto pudieran representar un riesgo para el “desarrollo integral” del país. Esta formulación, sin mayores precisiones, deja abierta la posibilidad de vigilancia sobre organizaciones sociales o movimientos territoriales.
También se plantea como prioridad el seguimiento de actores que incurran en prácticas monopólicas o de cartelización. No se especifica cómo se compatibiliza esa función con el rol que desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actualmente dirigida por Eduardo Montamat.
Hay que recordar que, a nivel presupuestario, la SIDE recibió en mayo una ampliación de $25.250 millones, alcanzando un total anual de $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a gastos reservados.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS