Con un nuevo plan de seguridad en marcha, el gobierno de Kicillof enfrenta cuestionamientos por la crisis policial y la falta de recursos. Legisladores piden respuestas urgentes.
Por Pamela Orellana
La seguridad de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido en uno de los temas más candentes de la agenda política. En medio de discursos, denuncias y declaraciones de distintos actores, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, se enfrenta a críticas tanto desde el Senado como desde el interior mismo de la fuerza policial. Esta situación se suma a la polémica heredada de una serie de hechos trágicos, como el crimen de Kim Gómez en la capital bonaerense, y a la creciente presión por mejorar las condiciones de seguridad en un territorio que demanda respuestas contundentes.
Tras la Apertura de Sesiones ordinarias en la Legislatura, el Senado no tardó en centrarse en el flagelo de la inseguridad. La comisión de Seguridad se reunió este jueves para exigir explicaciones al ministro Alonso. Durante el encuentro, los legisladores acordaron invitar al funcionario a exponer detalladamente qué políticas se han implementado hasta la fecha y profundizar en los anuncios realizados por el gobernador Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa.
La presión legislativa se intensifica, ya que la problemática de la inseguridad, según destacan los senadores, debe abordarse de manera interministerial. La posibilidad de extender la invitación al ministro de Justicia, Juan Martín Mena, y a la titular del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Nancy Andrea Cáceres, subraya la complejidad del problema, que afecta a toda la provincia.
Denuncias y llamados a la responsabilidad
La repercusión de hechos como el trágico crimen de Kim y otros episodios similares en el Conurbano bonaerense obligó a los legisladores a demandar respuestas. En este contexto, el diputado Luciano Bugallo presentó una denuncia penal contra el ministro Alonso y el gobernador Kicillof, argumentando presunto fraude en la compra de patrulleros. Según Bugallo, “la denuncia es por posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y exacciones ilegales”, basándose en la adquisición de 12 automóviles Fiat Kronos 1.3 por 56 millones cada uno, valor duplicado en relación al de mercado.
La denuncia, tramitada por la UFI N° 5 del Juzgado de Garantías 1 de La Plata, demanda medidas de prueba que incluyen la entrega de facturas del Ministerio de Seguridad, oficios a la exAFIP y al Automóvil Club Argentino, y la presentación del tape de un informe periodístico sobre el supuesto fraude. Estas acciones buscan esclarecer los hechos y recuperar la confianza en la gestión de la seguridad en la provincia.
El gran anuncio de Kicillof
En su reciente discurso en la Asamblea Legislativa, el gobernador Axel Kicillof se centró en la problemática de la inseguridad, dedicando un extenso pasaje a detallar las medidas que se implementarán. Según el mandatario, “este año la Provincia destinará 170.000 millones de pesos a fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses”. Con esa suma se comprarán 800 nuevos patrulleros, se creará un Fondo Municipal de Seguridad de 70.000 millones para municipios con más de 70.000 habitantes y, en los distritos más pequeños, se enviarán móviles, además de triplicar el presupuesto destinado a las Policías Comunales.
Sin embargo, estos anuncios se han visto ensombrecidos por la constante crítica hacia la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Durante su intervención, Kicillof cargó contra el presidente nacional, afirmando: “Mientras Javier Milei nos quita, o mejor dicho nos roba el equivalente a 10.000 patrulleros, nosotros no les vamos a quitar la protección a los bonaerenses. La seguridad de nuestra provincia no va a depender del capricho de un Presidente que deserta.”
Políticas de desarme y coordinación interinstitucional
El ministro Javier Alonso también destacó medidas concretas para combatir la inseguridad. En declaraciones difundidas en medios, aseguró que se lanzará un “Plan Provincial de Desarme para reducir la circulación de armas de fuego”. Su objetivo es claro: “sacar las armas ilegales de las calles, de los delincuentes y de los pibes”, en un intento por disminuir la violencia y los índices de criminalidad.
Al mismo tiempo, Alonso sostuvo que “le estamos pidiendo que haga su trabajo” al presidente nacional, subrayando que la lucha contra el narcotráfico no es responsabilidad exclusiva de la Provincia, sino un desafío que debe abordarse de manera conjunta. Sin embargo, esta posición no ha satisfecho a todos, y la tensión sigue en aumento.
Crisis interna en la Policía Bonaerense
La problemática de la inseguridad no se limita a la gestión política, sino que se refleja en la vida diaria de los efectivos de la fuerza policial. Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, denunció las duras condiciones laborales de los policías bonaerenses. Según Tonil, “hoy un policía gana 700.000 pesos de bolsillo por 8 horas diarias de lunes a sábado”, situación que obliga a muchos a buscar trabajos adicionales para complementar sus ingresos.
La falta de recursos también se evidencia en que los efectivos deben costear con su propio dinero uniformes y equipamiento. “Los uniformes, el armamento, lo que no les da el Estado se lo compran los mismos policías”, denunció Tonil, quien agregó que “un par de borcegos hoy sale 140.000 pesos, y el bono que les dan para comprar el uniforme no alcanza ni a los 70.000 pesos mensuales”. Esta situación, según Tonil, impacta gravemente la capacidad de la fuerza para cumplir con su labor y, en consecuencia, la seguridad de la ciudadanía.
Protestas y alarma en la institucionalidad
El presidente de la Defensoría Policial también alertó sobre la inminente ola de protestas. “En la Provincia de Buenos Aires, no tengo duda, van a haber un sinnúmero de marchas en las cuales nosotros no nos vamos a plegar”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de mejoras urgentes. La falta de inversión suficiente y el desabastecimiento en recursos críticos han provocado levantamientos y denuncias, además de evidenciar una desconexión entre la realidad de los efectivos y las promesas de la administración.
Además, Tonil criticó la distribución de los patrulleros, señalando que “en vez de darles los patrulleros a la policía bonaerense, se los da a los municipios, donde no pueden actuar de la misma manera. Tienen que esperar que llegue la policía, pero no llega porque no hay nafta”. Estas declaraciones señalan un doble discurso y una falta de coordinación que, según Tonil, se enmarca en una política “ideológica” que perjudica a la mayoría de los ciudadanos.
Tensiones y diálogo cortado
Uno de los puntos críticos es la coordinación entre el gobierno de la provincia y el ámbito nacional. Mientras el gobernador Kicillof anuncia ambiciosas inversiones en seguridad, el presidente nacional se niega a entablar diálogo. “No tengo nada que hablar con Axel Kicillof”, declaró el presidente, actitud que ha sido interpretada por muchos como un desplante que complica la implementación de una política de seguridad conjunta.
Este desencuentro se suma a las denuncias de funcionarios y efectivos, que sostienen que la falta de recursos –por ejemplo, la ausencia de nafta para los móviles o la falta de fondos para la compra de equipamiento– debilita la capacidad operativa de la policía bonaerense. Los enfrentamientos entre los distintos niveles de gobierno, sumados a las constantes críticas y denuncias, han convertido a la seguridad en la provincia en un tema que se vive a diario, con consecuencias palpables en la vida de los ciudadanos.
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