La intervención judicial sobre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificara las facultades otorgadas al interventor Alberto Biglieri y aclara expresamente que podrá actuar sobre la obra social sindical para garantizar su normal funcionamiento.
La decisión quedó plasmada en una resolución dictada el 2 de junio, en la que los camaristas rechazaron una medida cautelar impulsada por la Lista Naranja de Campana, pero aprovecharon la ocasión para precisar el alcance de la sentencia definitiva emitida el pasado 22 de mayo, mediante la cual dispusieron la intervención de la UOM nacional y de la seccional Campana.
En ese marco, el tribunal recordó que Biglieri fue designado como auxiliar de la Justicia con «todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización interna» del sindicato, y agregó una aclaración que extiende de manera directa su capacidad de acción sobre la estructura de salud de la organización.
“La Sala fue explícita al señalar que el interventor está facultado para llevar a cabo todas las acciones indispensables para el normal funcionamiento de la obra social sindical, incluyendo el cumplimiento de la total y completa atención de sus afiliados”, sostiene la resolución.
La definición tiene relevancia porque despeja cualquier interrogante respecto de la capacidad de actuación del interventor sobre uno de los activos más sensibles de la organización sindical: la administración de la cobertura médica de miles de trabajadores metalúrgicos y sus familias.
Si bien el fallo no dispone una intervención específica de la obra social en los términos previstos por la normativa sanitaria, sí habilita al funcionario judicial a adoptar medidas concretas sobre su funcionamiento, administración y continuidad prestacional, en la medida en que resulten necesarias para garantizar la atención de los afiliados.
De esta manera, la Cámara consolida la proyección de la intervención más allá de la estructura gremial estrictamente sindical y extiende sus efectos sobre el sistema de salud administrado por la organización.
Los jueces también remarcaron que las medidas deberán ejecutarse con «premura y urgencia» debido a la situación de acefalía institucional que atraviesa la UOM.
La resolución fortalece la posición de Biglieri, el abogado cercano al Tano Angelici, al frente del proceso de normalización y le otorga respaldo judicial para intervenir en todas aquellas cuestiones que puedan comprometer el funcionamiento administrativo, financiero y prestacional de la obra social metalúrgica.
La aclaración de la Sala VIII aparece así como una respuesta directa a las dudas y cuestionamientos surgidos tras la histórica sentencia del 22 de mayo y refuerza el alcance de una intervención que impacta simultáneamente sobre la conducción nacional del gremio, la seccional Campana y el funcionamiento de su estructura sanitaria.
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