Un juez accedió a un amparo presentado por el gobierno para prohibir la difusión de audios de Karina Milei. Además, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich presentó una segunda denuncia buscando allanar el stream Carnaval y los domicilios de los periodistas e incautar todos sus dispositivos y memorias. Amplio rechazo y denuncia.
Este lunes, el Poder Judicial hizo lugar a un amparo presentado por Karina Milei, hermana presidencial y Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, y prohibió la difusión de audios donde se la escucha hablando en la Casa Rosada.
La medida ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025” en el stream Carnaval “que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”. La censura, dice la resolución, alcanza a cualquier medio de comunicación, sea escrito o audiovisual, incluyendo redes sociales y medios digitales.
Se trata de un caso de censura previa, aunque en el propio texto del fallo intente negarlo, ya que el juez pretende impedir que se conozcan materiales anunciados pero no conocidos aún ni por la audiencia, ni por el propio juez.
El autor de la medida, el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, carga con 9 denuncias de acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder. Están todas durmiendo en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, un órgano en crisis desde que la Corte Suprema se arrogó funciones legislativas y se autocolocó en su presidencia Horacio Rosatti, también presidente de la Corte.
Allanamientos y mentiras
Paralelamente, el gobierno nacional de ultraderecha también pidió, mediante una presentación del Ministerio de Seguridad, que se realicen allanamientos en la sede del stream Carnaval y en la casa de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial y del dueño del canal, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, y que se les secuestren todos sus dispositivos, memorias y documentación.
La brutal maniobra de represalia y amendrentamiento, recuerda al allanamiento impulsado por Patricia Bullrich en 2019 contra el especialista informático Javier Smaldone como castigo por haber dejado expuesta a la pésima política de seguridad informática de la Policía Federal Argentina en el caso conocido como “la gorra leaks”.
En una entrevista en el canal A24 este lunes a la noche, la ministra se encontró con la crítica del entrevistador Pablo Rossi y, sorprendida, negó el pedido de allanamientos.
Pero, en una situación que Bullrich pocas veces ha enfrentado en sus giras televisivas, esto es, el cuestionamiento y la repregunta, Rossi hizo que un colega leyera la denuncia y dejara en evidencia que mentía.
Confrontada con la verdad, Bullrich eligió descalificar a las víctimas: Jorge Rial y Mauro Federico “no son periodistas”, afirmó.
Repudios y denuncia
Una larga lista de abogados y constitucionalistas cuestionaron la resolución del juez Maraniello y el pedido del Ministerio de Seguridad. En este contexto, el abogado Gregorio Dalbón presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal contra Bullrich por el delito de abuso de autoridad.
Las medidas solicitadas por el Ministerio de Seguridad son “manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, acusó Dalbón, y aseguró que “constituyen de manera palmaria un intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional”. El abogado pidió que la ministra de Seguridad sea citada a prestar declaración indagatoria.
“La denuncia efectuada por Bullrich no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales, lo cual es una forma de censura indirecta y masiva”, dice la denuncia.
“El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”, advierte Dalbón.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, por su parte, consideró la medida como “grave” y advirtió que “el gobierno criminaliza a la prensa”.
“Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística”, señalaron y recordaron que “La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas”.
El responsable del equipo jurídico del SiPreBA Damián Loreti, consultado por el portal Canal Abierto, planteó que “la medida cautelar no reconoce ninguno de los estándares que la Argentina tiene en materia de protección contra la censura previa. Porque la previsión contra la censura previa que fija la Constitución y las de derechos humanos, están destinadas a proteger el derecho de la sociedad a estar informada en un tema de interés público”.
“Acá nada indica que haya ni menores ni temas que podrían ser, llamémoslo así, más discutibles a la hora de hacer un planteo de esta naturaleza. No hay discurso de odio, no hay ni siquiera el tema de privacidad o intimidad manifiestas, sobre las cuales algunas veces hay medidas cautelares. Ni en la historia de la jurisprudencia argentina ni en la de las cortes de la Argentina ni las referencias que se usan en la Corte Argentina habitualmente, que es la de la jurisprudencia de los Estados Unidos, avalan una medida de censura de esta vez”.
El jurista también se refirió a “los allanamientos a los medios para sacar las informaciones y violar las fuentes. Y eso está protegido específicamente por la Constitución, así que no se le puede afectar de ninguna manera. Con lo cual tampoco tiene andamiento constitucional un planteo de razonamiento a esta naturaleza”.
Loreti resaltó que tras conocerse las primeras grabaciones en las que el ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo se refería a cobros de coimas a laboratorios por parte de la hermana del Presidente, el propio Mauro Federico se presentó a la justicia con el material para aportarlo a la investigación por esos hechos.
“El puso a disposición lo que está difundido porque de hecho ha dejado de ser secreto. Pero también eso respeta la fuente, por supuesto, porque él no dice quién es. Posiblemente ni siquiera sepa quién es, si es que le dejaron las cosas de un modo anónimo. La jurisprudencia argentina reconoce la protección del periodista cuando divulga ese tipo de informaciones de buena fe. Hay mucha jurisprudencia que da cuenta de que cuando los periodistas difunden en cosas, no son quienes rompieron el secreto que a lo mejor un funcionario del Estado sí tendría que guardar”, señaló al respecto.
Publicado en Derechos Humanos, Destacadas, Medios y comunicación, Nacionales
Las opiniones y análisis expresados en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción de UDR Noticias. Intentamos fomentar el intercambio de posturas, reflejando la realidad desde distintos ángulos, con la confianza de aportar así al debate popular y académico de ideas. Las mismas deben ser tomadas siempre con sentido crítico.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS