La CTA Autónoma de Tres de Febrero participó de una nueva jornada de protesta junto a organizaciones sociales, centros de jubilados y vecinos de Ciudadela para rechazar el cierre de la sede del PAMI en esa localidad, una dependencia considerada fundamental para la atención de miles de jubilados y jubiladas del distrito.
La movilización puso de manifiesto la preocupación creciente por el deterioro de las prestaciones que brinda la obra social de los adultos mayores, en un contexto en el que usuarios denuncian demoras en la atención, dificultades para acceder a turnos, medicamentos y distintos servicios esenciales. El posible cierre de la oficina de Ciudadela profundizaría aún más esos problemas, obligando a los afiliados a trasladarse a otras sedes y complicando el acceso a quienes presentan mayores dificultades de movilidad.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, distintos sectores vinculados a los jubilados vienen denunciando un proceso de ajuste sobre organismos públicos, entre ellos el PAMI, situación que, según sostienen, impacta directamente en la calidad de la atención y en el acceso a derechos básicos de las personas mayores.
Durante la actividad, la CTA Autónoma de Tres de Febrero expresó su rechazo al cierre de la sede y ratificó su compromiso con la defensa de los derechos de los jubilados. En ese marco, la organización manifestó:
«El PAMI de Ciudadela no se cierra, defendamos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además del derecho a la salud digna de nuestros jubilados.»
Los manifestantes coincidieron en que la oficina de Ciudadela cumple un rol estratégico para miles de afiliados del distrito y advirtieron que su cierre significaría una mayor sobrecarga para otras dependencias, además de generar nuevas dificultades para quienes necesitan realizar trámites, acceder a prestaciones médicas o recibir asesoramiento.
Finalmente, las organizaciones convocantes adelantaron que continuarán impulsando acciones para impedir el cierre de la sede y exigir que se garantice el normal funcionamiento del PAMI, al considerar que el acceso a la salud y a una atención de calidad constituye un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado.
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